Varias organizaciones de la sociedad civil pidieron al gobierno que derogue el régimen de excepción, que este viernes cumplió 475 días, bajo el argumento de que han existido violaciones a los derechos humanos, tanto de los familiares como de las personas capturadas, quienes, según las denuncias, han sido víctimas, incluso de torturas en las cárceles.
La petición fue realizada durante la audiencia denominada derechos humanos y estados de excepción en El Salvador, que se realizó ante miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Victoria Barrientos, de la Fundación para el debido proceso, fue la encargada de realizar siete peticiones ante la audiencia, a la que también asistieron miembros del gobierno y el fiscal general.
“A las organizaciones peticionarias nos preocupa la situación de El Salvador y su impacto a nivel regional donde vemos que estas políticas autoritarias están siendo replicadas. Por todo lo señalado, solicitamos a esta honorable Comisión continúe monitoreando la situación de derechos humanos en El Salvador debido al grave deterioro del Estado democrático de derecho y la comisión de masivas y graves violaciones de derechos humanos. Asimismo considere la inclusión de El Salvador en el capítulo 4B de su informe anual del próximo año y que exhorte al Estado de El Salvador a 1) derogar el decreto del estado de excepción y se abstenga de promover, aprobar e implementar nuevos marcos normativos, reformas legales y administrativas que afecten el ejercicio periodístico, el derecho a defender derechos, entre otras garantías”, dijo durante su intervención.
Las otras peticiones están relacionadas a “evitar la práctica del uso de malos tratos y torturas que muchas veces han llevado a la muerte en los centros de detención y proporcionar asistencia médica y acceso a los medicamentos a los enfermos crónicos. Investigar, juzgar, y sancionar a quienes son responsables por malos tratos y torturas y muertes en cárceles. Proporcionar información veraz sobre la situación de personas privadas de libertad, a sus defensores y familiares y elaborar y dar a conocer un registro público con el número de personas detenidas, encarceladas, y fallecidas durante este contexto.
"Cese el discurso estigmatizante desde las más altas autoridades en el país hacia las personas periodistas y defensoras de derechos humanos y garantice la protección de su labor, sobre todo a mujeres defensoras y periodistas y que reconozca el papel fundamental que juegan estos actores para mantener el Estado democrático de derecho. Dar su anuencia para que la CIDH y otros mecanismos internacionales de derechos humanos visiten el país y verifiquen la situación de derechos humanos, incluyendo los graves impactos del estado de excepción en la población privada de libertad y otorgar las garantías pertinentes a personas defensoras, su familia y organizaciones de derechos humanos y que no haya represalias para estas de parte del Estado”.
La representante del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Gabriela Santos, señaló que se cumplen 475 días del estado de excepción en el marco de una décima sexta prórroga que fue aprobada el 11 de julio.
La medida ha dejado a 71,47 personas detenidas, de acuerdo a datos de funcionarios gubernamentales.
Zaira Navas, de Cristosal, señaló que han recibido 6,436 denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas y sus familiares.
Además que han documentado 174 casos de personas muertas durante el régimen de excepción y a quienes no se les comprobó la participación del delito que les imputaron. De ese número, 142 casos fueron archivados, según la Fiscalía.
Agregó que durante la documentación se ha evidenciado que los cuerpos presentaban evidencia de golpes, heridas con objetos, estrangulaciones, y choques eléctricos, entre otros signos de tortura.
Lamentó que las capturas han generado hacinamiento en celdas ya que algunas tienen capacidad para 70 personas; pero el número, en algunos casos, se ha elevado hasta las 250, generando enfermedades mentales y físicas.
Estas últimas como desnutrición severa, enfermedades estomacales, respiratorias, y de la piel producidas por bacterias, parásitos, virus y consumo de agua contaminada.
“No existe certeza real del número de personas que han cometido delitos porque nadie ha sido juzgado hasta la fecha. En muchos casos la detención provisional se ha extendido por más de 15 meses y con la reforma a la legislación penal, rebasará los dos años. No obstante, el Estado reconoce la liberación de más de 6,000 personas que han salido de prisión con medidas sustitutivas, a la que denomina ‘margen de error’. Se ha identificado como política institucional las prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia personas detenidas; desde el ingreso a los centros penales son objetos de golpizas, amenazas, insultos y tratos degradantes. Se encuentran en aislamiento, no permiten las visitas familiares ni comunicación con sus representantes legales, vulnerando su derecho de defensa”, expresó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que en reiteradas ocasiones ha pedido al Estado salvadoreño que les autorice una visita para observar cuál es la situación real de El Salvador.
El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, dijo que “rechazo de forma general y clara todas las afirmaciones que han hecho las diferentes personas que se han referido esta mañana al hecho que en El Salvador existen torturas, existen violaciones a la libertad de expresión, que existe algún tipo de acoso contra periodistas”.
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Mientras que el representante del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Elmer Castro, justificó que el régimen de excepción sigue porque “continúa la amenaza de la reagrupación de estas estructuras criminales”; además de que están en persecución de líderes y fundadores de las mismas.
“Quiero mencionar y dejar constancia de que actualmente en la Fiscalía General de la República no se ha recibido ningún tipo de denuncia relacionada con torturas o tratos humanos degradantes en contra de algún salvadoreño. Eso tomando en consideración que mi institución es la que constitucionalmente tiene la obligación de dirigir cualquier tipo de investigación bajo los parámetros de objetividad y sin distinción o discriminación alguna en razón de la persona”, señaló el fiscal general, Rodolfo Delgado, durante la audiencia.
Agregó que la tasa de muertos en los centros penales se ha reducido en un 50% a partir del 2019 y que los médicos especialistas son los que certifican la muerte de una persona, descartando signos de violencia.