La madre de José Francisco Sánchez Alvarenga, de 35 años, viajó el pasado 6 de diciembre desde Chalatenango hasta San Salvador para solicitar a la Procuraduría de Derechos Humanos, junto a otros familiares de capturados en el régimen de excepción, la revisión de los casos de sus parientes.
Mari Alvarenga sostiene que su hijo no tiene vínculos con pandillas y que, al contrario, debido a su trabajo como taxista, muchas veces se vio afectado por esos grupos delincuenciales.
José Francisco fue capturado el 31 de marzo de 2022, en los inicios del régimen de excepción ordenado por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Los familiares relataron que el conductor fue interceptado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el centro de Chalatenango, quienes después de revisar sus documentos de tránsito, le dijeron que necesitaban hacerle unas preguntas y que debía acompañarlos al puesto de esa localidad.
José Francisco condujo el vehículo en el que laboraba como taxista hasta el puesto policial, pero al llegar le dijeron que quedaría detenido. Al igual que muchos capturados durante el régimen, el taxista es acusado por el delito de organizaciones terroristas.
Dos días después de la captura, José Francisco fue enviado al penal de Izalco, en el departamento de Sonsonate, donde permaneció durante casi nueve meses. El 12 de diciembre, tenía programada una audiencia especial de revisión de medidas por petición de la defensa particular que su familia le ha puesto, pero esta no se realizó.
Según explicaron los familiares del detenido, la diligencia judicial no tuvo lugar porque el juzgado consideró que faltaban solo tres días para que se venciera el plazo de investigación y porque no habían presentado arraigos, por ejemplo, casa propia o empleo fijo.
El taxista enfrentó un proceso judicial por tenencia de drogas, pero este ya caducó debido a que en su momento fue condenado por ese hecho, según evidencia la constancia de antecedentes penales emitida por el Departamento Registro y Control Penitenciario de la Dirección de Centros Penales, obtenida en octubre de este año.
En tanto, en una constancia otorgada por la PNC en agosto de 2022, registra antecedentes por organizaciones terroristas y posesión y tenencia. Sin embargo, los familiares expusieron que fue capturado porque lo encontraron fumando marihuana, pero que él nunca ha sido pandillero, ni colaborador de esos grupos.
“Aquí lo que han hecho es recoger (capturar) a cipotes por el vicio, en régimen de excepción”, expresó el padre del capturado.
El mismo día que fue capturado José Francisco, la PNC detuvo a un primo de él, que se dedicaba a la venta de verduras. Y una semana después, fue capturada la madre de su hijo, con quien se había separado desde hace varios años.
Llamada anónima
Un mes después de la captura del taxista, sus familiares relatan que un grupo de soldados llegó en la madrugada a buscarlo a la vivienda.
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Los integrantes de la Fuerza Armada que ingresaron a la casa portaban una página con la foto de Francisco, pero con otro nombre.
Cuando los parientes preguntaron el porqué lo buscaban, les dijeron que por una denuncia anónima recibida a través de una llamada, por supuestas amenazas.
“Cuando pregunté a quién había amenazado, me dijeron que no me podían decir porque era prohibido”, dice la madre. Mari pide al gobierno que investigue cada uno de los casos de personas que han sido capturadas de manera arbitraria.
“Mis hijos son personas trabajadoras. A él lo acusan de terrorista y de colaborador. Usted sabe que trabajando en un taxi se sube cualquier persona, a veces uno no sabe a quien está llevando como pasajero”.
Mari, madre de José Francisco
La señora también hizo un llamado al presidente de la República para que sea consciente de esto y que todas las personas que sean inocentes sean puestos en libertad.
José Francisco se encargaba del cuidado de su hijo de 10 años, quien ahora ha quedado a cargo de la abuela, que debe proveer todo lo que el menor necesita y conseguir dinero para llevar el paquete para su hijo al penal. “Pido que dejen en libertad a todos los capturados inocentes, que lo hagan por todos los niños que están sufriendo por sus padres”, reclamó la señora.
Explicó que su hijo, quien alquilaba el taxi para trabajar, incluso debía laborar hasta el domingo para la manutención de su hijo y ayudar a la familia.
La madre de Francisco es una de las más de 4,000 personas que han presentado su denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos para que sus casos sean revisados lo más pronto posible.
“Yo solo quiero que mi papá regrese porque lo extraño mucho”, concluyó el hijo de José Francisco.