Son las 9 de la mañana y alrededor de 120 personas, en su mayoría mujeres, cargan en sus brazos bolsas con alimentos, productos de higiene personal, medicinas, ropa y calzado. Sucede a un kilómetro del Centro Penal de Izalco.
Hacen la fila desde la madrugada para esperar entregar los paquetes a sus familiares detenidos durante el régimen de excepción.
Muchas esperan, sin otra garantía que la incertidumbre: desconocen si trasladaron a sus familiares a otro centro penal. Así lo describe María Hernández, quien tiene a su esposo detenido. En sus palabras, de forma arbitraria, desde el segundo día de implementación del régimen de excepción.
Ella, al igual que decenas de familiares de detenidos, esperan en la fila que se forma a la entrada del penal. María y muchos otros tienen miedo de hablar con los periodistas, creen que habrá represalias por señalar las cosas negativas que ocurren durante el régimen. "Mejor hablar hasta que ese señor (Nayib Bukele), ya no esté en el poder", dice Roberto Cárcamo, la persona que está atrás de ella en la fila.
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Mientras María expresa que, aunque no tengan ningún vínculo con las pandillas, hablar puede perjudicarles. Sin embargo, encuentra la valentía para mencionar lo que sabe sobre su esposo y los familiares de otros conocidos.
"Acá venimos a nuestra suerte, a ver si no han movido a nuestros familiares porque no nos avisan nada", relata. Hasta ahora, los familiares de las personas detenidas confirman que no reciben información sobre los cambios y traslados, pese a que, en diferentes ocasiones se ha afirmado que se alertaría a las familias sobre los traslados o liberaciones.
Esto después que el pasado 23 de mayo, en el centro penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona, una aglomeración de familiares, que exigían información, se volviera tendencia en Redes Sociales y acaparara la atención y crítica de defensores de Derechos Humanos sobre los métodos con que se estaba manejando la estrategia de parte del gobierno salvadoreño.
Desde entonces, se reforzaron algunas de las medidas de seguridad en diferentes centros de detención y se eliminaron las ventas ambulantes que solían apostarse en los alrededores de las cárceles para comerciar con los insumos necesarios para las personas detenidas.
Artículos para paquetes.
En algunas ocasiones, los familiares de personas detenidas no se enteran de la muerte de un reo. María pone como ejemplo el caso de una familia a la que la funeraria le llamó para ofrecerle sus servicios. Fue hasta entonces que se enteraron del deceso de su familiar.
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Roberto, luego que María expuso su caso, se decidió a describir que lo que él ha escuchado es que a varios les dicen que sus familiares fallecieron por COVID-19, para que las autoridades no tengan que dar mayor explicación sobre la perdida de la vida de detenidos, al interior de centros penales, en responsabilidad del gobierno.
El tiempo avanza y la fila también. Es suficiente para que María comente que en su comunidad hay niños que tienen traumas al ver a policías, por el día que fueron testigos de las capturas de sus padres, hermanos o tíos.
En la distancia se escucha el motor de un pick up: es la policía. Se bajan y cierran de golpe las puertas y comienzan a mover a la gente, que ya está en orden, algunos solo descansando y tomando sombra, pues llevan más de una hora en el sol.
"Aquí ya no van a recibir paquetes si no se ordenan", dice un policía con voz autoritaria. El agente se le acerca a una joven, que carga a un bebé en sus brazos, y le pregunta sobre quién la acompaña. Le pide que se ordene en la fila, pese a que cuida a un niño.
Los policías cuestionaban a todos en el lugar y es evidente un uso excesivo de la fuerza, pese a todo el gasto económico, cansancio físico, incertidumbre, los familiares de los capturados tienen que lidiar con esos malos tratos por parte de las autoridades.
El recorrido, desde de la entrada principal hasta la pluma, tiene unos 2 km de distancia, en los que hay policías y soldados que custodian la zona. Los familiares de privados de libertad aseguran que el gasto que implica tener a un familiar ahí es alto. Maria Hernández confirma que ha tenido que trabajar el doble para poder llevar el paquete a su esposo. Este es el cuarto mes en que lo hace.
Debido a las condiciones físicas, las mujeres pagan desde $0.50 o $1 para llegar hasta donde se encuentra el tolod, ubicado un kilómetro antes del penal. Si no logran entregar el paquete, por la cantidad de personas que llegan, les toca regresar a hacer cola hasta 2 o 3 días. "Estas vueltas pueden extenderse hasta una semana, es terrible porque aveces ni trabajo hay para pagar tanto", expresa Maria.
Los familiares de privados de libertad esperan que el régimen deje de extenderse o al menos que las capturas sean con investigación previa, también confían en que pronto se reanuden las audiencias para que la liberación de sus familiares, de quienes reafirman su inocencia, sea posible.