El día que Dolores nunca va a olvidar mientras estuvo en prisión, aunque no tiene certeza de la fecha, es en el que vio que el director del centro penal golpeó a una de sus compañeras reclusas. Recuerda que llegaron a sacar a la mujer de su celda entre siete a diez policías. El director le pegó con la bota en su rostro. Vio cuando otra custodia se paró sobre ella y la arrastraron por todo el espacio.
Dolores Almendares es una líder sindical que labora en la Alcaldía de Cuscatancingo fue capturada casi dos meses después de que entrara en vigencia el régimen de excepción en El Salvador. Ella sospecha que su captura estuvo relacionada a su labor dentro del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Cuscatancingo (SETRAMUC).
Días previos a su captura, según relata Dolores, concejales de la alcaldía donde ella tenía alrededor de 16 años laborando se burlaban porque el sindicato iba a tener una sorpresa. Ella cree que como respuesta a ello, el 6 de mayo, a las nueve y 30 de la mañana, cinco policías tocaron la puerta de su casa, cuatro de ellos ingresaron a la vivienda y uno se quedó afuera. Revisaron toda la casa.
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Los policías levantaron a dos de los hijos de Dolores, uno menor de 15 de años y el otro mayor de edad que tiene capacidades especiales. Enfrente de ellos, los agentes se la llevaron bajo la mentira de que iban a realizarle unas preguntas. La escena impactó a su niño más pequeño, él lloró pero los policías le prometieron regresar a su mamá pronto.
Ilustración EDH/ Rafael Martínez
“Apurese que no tenemos paciencia”, relata Dolores que le decía uno de los policías que llegó a su casa para llevársela sin una orden de captura o investigación previa. “Es que no tenemos el tiempo suyo”, le repetían. Además de eso, en el trayecto a la delegación Lolita, como le dicen sus conocidos, también fue víctima de violencia por parte de los agentes. “Cuando íbamos para la delegación me decían “cuánta maldad hay en su cuerpo". También la culpaban de realizar amenazas, pero ella afirma que es algo que nunca ha hecho.
Desde que los policías llegaron para llevarse a Dolores la trataron como culpable de un delito. Aspecto que ni en un estado de excepción es permitido por la comunidad internacional. Abraham Abrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, afirmó que “Suspender algunos derechos como garantías judiciales, no es válido para la comunidad internacional, porque El Salvador ha firmado tratados y los organismos internacionales han dicho que ciertos derechos, como la presunción de inocencia, no se pueden suspender. Todas estas condiciones carcelarias son violaciones a derechos humanos”, explica.
Dolores es la representación del 95 % de los casos en los que se vulneran los derechos, registrados por las organizaciones defensoras en el Informe Anual sobre Violaciones a Derechos Humanos durante el Estado de excepción en El Salvador. También fue víctima de ilegalidades ejercidas por las autoridades bajo el régimen de excepción. Existen derechos, como la presunción de inocencia, que no pueden dejar de cumplirse ni en un contexto de emergencia.
Acá es donde se encuentran los allanamientos, registros ilegales de morada, las amenazas, malos tratos, intimidaciones y las limitaciones ilegales a la libertad de circulación, según las organizaciones. “El régimen de excepción lo único que ha suspendido es el derecho a la defensa en las primeras diligencias y la inviolabilidad de las comunicaciones. Las obligaciones que tiene el Estado con una persona detenida son derechos que no se pueden suspender”, destaca Abrego.
La espera de los ocho hijos de Dolores, solo dos de ellos mayores de edad, duró siete largos meses en los que la mayor de ellos, Naomi de 28 años, tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar de todos sus hermanos.
Esto incrementó las horas de trabajo de Naomi dentro y fuera del hogar. Ella estuvo pendiente de velar por su familia y también por su mamá, a quien debía entregar paquetes y estar pendiente de los diferentes procesos que enfrentaba por su captura.
Naomi es solo una de las muchas mujeres que son obligadas a sostener hogares, incrementando su carga de cuidados y trabajo. Por esta misma razón, Victoria Barrientos, oficial de Programa de la Fundación para el Debido Proceso, cree que es de gran importancia que las políticas públicas tengan un enfoque diferenciado de género para el tratamiento de las mujeres en cualquier espacio.
La captura de Lolita significó un proceso largo y tortuoso, no solo para ella dentro de prisión, sino para toda su familia. No solo se pusieron en pausa los proyectos de Dolores, también los pagos y responsabilidades que ella asume como madre soltera; los pagos de luz, agua y su vivienda no se pudieron realizar durante esos siete meses.
“El hogar mío se deshizo en segundos. Todos mis hijos tomaron un rumbo diferente. Ellos tienen secuelas de eso”, relata Lolita. Además, recuerda cómo se complicó todo para su economía. Casi pierde su casa porque el Fondo Social para la Vivienda no detiene sus cobros. Aunque intentó justificar sus impagos con documentos que constatan que estuvo capturada, su vivienda sigue en mora.
“Un día en la cárcel es lo más terrible”
Al siguiente día de su captura, Lolita fue llevada a la bartolina de Zacamil, en Mejicanos. Allí revisaron que no tuviera tatuajes. Le pusieron un gafete donde decía que ella pertenecía a agrupaciones ilícitas. Luego la llevaron al centro penal ubicado en Ilopango, donde estuvo al menos cuatro meses.
Ilustración EDH/ Rafael Martínez
Dolores relata ese momento como una de las peores partes porque las revisiones fueron sumamente invasivas con su intimidad. “Ahí fue lo más duro, llegué desnuda todita y de ahí empecé a bañarme. Había agua en unos barriles. Me bañé. Me puse una camisa blanca, un short blanco y unos sapos (calzado de hule). Pasé por el escaneo. Pasé por un cuartito donde revisan el área genital para ver si lleva algo. Me pasaron por una galera donde habían 1,400 personas, todas tiradas en el suelo en cadenita, una detrás de otra. Solo de lado se puede dormir ahí”, narra.
Estos relatos de Lolita confirman lo que muchas organizaciones han denunciado en el último año, desde que se instauró el régimen de excepción. Las personas capturadas duermen, algunas, en el suelo. Cuando llueve deben secar sus espacios con su ropa o descansar de pie.
La primera noche en prisión, Dolores tuvo que intercalar su descanso entre hacerlo sentada o de pie. Ella entró en mayo y el invierno no le permitió dormir. “Se vino un chaparrón de agua donde todas estuvimos de pie, secando con las camisas o platos para medio secar el suelo y ahí tirarnos. Esa noche me tocó dormir sentada y parada. No dormí toda la noche porque no cabíamos, solo quedamos debajo de la galera”, dice.
Este proceso traumático para ella y su familia, no le permitió conciliar el sueño al menos sus primeros 15 días capturada. Los pensamientos que llegaban a su mente eran cómo se encontraban sus hijos, sus compañeros, si habían capturado a otros del sindicato al que ella pertenece, y una de sus preocupaciones más grandes, es que sus hijos habían quedado solos y ella ha sido testigo de cómo los policías torturaban a los jóvenes en su comunidad.
Lolita comenta eso porque vio cuando los policías llegaron a su colonia, “agarraron a un cipote, le pusieron el cigarro para que dijera dónde estaban los otros muchachos. Él nunca se vio metido en nada. Esa vez yo salí y les dije que lo dejaran, les dije que esas eran torturas. Lo soltaron. Mis hijos por la ventana viendo. Ellos lloraban”, recuerda.
Según datos del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH), en su Informe Anual sobre el estado de los Derechos Humanos en El Salvador, en 2022 hubo un total de 552 denuncias a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) por vulneración a derechos humanos. Aproximadamente, el 80% de los casos se concentra en la presunta violación a la libertad (158), seguridad personal y seguridad pública (123), integridad física (68), acceso a la justicia (48) y malos tratos o crueles (42); y el resto alegan vulneración al derecho a la vida, intimidad, vida libre de violencia, dignidad, seguridad jurídica, entre otros.
Asimismo, el mismo informe establece que se tuvo conocimiento de 176 personas víctimas de vulneraciones por hechos cometidos por la Fuerza Armada en 2022. Las personas jóvenes entre los 18 y 35 años fueron las más afectadas, con 92 víctimas.
Las condiciones inhumanas en las que viven las mujeres privadas de libertad
“Uno se siente el ser más miserable”, dice Dolores mientras recuerda todo lo que tuvo que vivir mientras estuvo en prisión. Ella y sus compañeras tenían asignada una cubeta que ocupaban para hacer sus necesidades. Esa misma cubeta solo podían vaciarla hasta que se llenaba de heces y orines, mientras debían soportar ese olor día y noche, así dormían y comían.
Dolores hace una comparación con las personas que no tienen hogar y deben dormir en el espacio público “quizá duermen mejor esos indigentes en la calle que uno en una cárcel”. La falta de higiene a la que están expuestas las mujeres, que son biológicamente más propensas a tener infecciones, les provocaba muchas enfermedades vaginales.
Además, el tiempo para poder tomar un baño era demasiado reducido. “Solo eran dos veces en las que tenía derecho a meterme a bañar, una para cuando me mojaba y enjabonaba, y luego, para quitarme el jabón. Si una se metía más veces, la castigaban”, relata.
Vivir sin espacio
Lolita vivió con 235 mujeres en una celda que tenía capacidad para 70 reclusas. Esto hacía que tuvieran que unir todas sus camarotes, con lo que lograban hacer, según los relatos de Dolores, una cama de 200 metros. “Allí dormían nueve o diez personas. Si eran delgadas arriba, otras diez abajo, ocho abajo, pero lo mínimo eran ocho en el camarote”, explicó.
Ilustración EDH/ Rafael Martínez
Sin embargo, Dolores no pudo dormir nunca sobre una cama, todo el tiempo lo hizo en el suelo. “A mí me tocó dormir en el suelo todo el tiempo que estuve ahí, debajo de los camarotes, metía todo mi cuerpo debajo, solo dejaba afuera de la cintura para arriba. Otras venían del otro lado en la misma forma para poder dormir”.
El tema del hacinamiento en las prisiones de El Salvador no es nuevo, pero continúa siendo uno de los más preocupantes para los especialistas. “Hacinamiento persé ya es una violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Además de que no se les permita a las personas ir al baño, tomar sus alimentos, comunicarse con familiares, son prácticas entendidas como tortura”, dijo Sonia Rubio de la Fundación para el Debido Proceso.
Dolores y las demás mujeres capturadas no tenían espacios de recreación, pasaban todo el tiempo encerradas bajo el calor y con muy poca luz. Explicó que eso hacía que las mujeres se llenaran de piojos. Allá vio cómo sus compañeras se enfermaban de hemorroides y todo tipo de infecciones vaginales. Además es testigo de que muchas de ellas llegaron con padecimientos como diabetes e hipertensión. Otras enfermedades que se les desarrollaron no fueron atendidas nunca por nadie y les tocaba buscar sus propias alternativas. Muchas desarrollaron forúnculos (conocidos coloquialmente como diviesos) en la piel y lo que hacían era, con rasuradoras, cortarlos de raíz y luego ponerse azúcar para curar las heridas.
Ilustración EDH/ Rafael Martínez
Lolita recuerda de sus días en prisión que muchas mujeres embarazadas tampoco recibían atención especial, pese a que cuando una persona está creando una vida necesita de buena alimentación, medicamentos y vitaminas para poder culminar un embarazo saludable. “El Estado defiende que la vida está desde el momento mismo de la concepción. Si quiere ser coherente con esta posición, deberían garantizar que una persona embarazada o en situación de gravedad tenga los recursos necesarios para poderlo atender”, reflexionó Sonia.
Existen unos principios básicos denominados Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos que son recomendaciones que Naciones Unidas hace sobre las condiciones en que las personas privadas de libertad deben vivir en el lugar que van a cumplir sus penas. “Entre las más importantes está el acceso a atención médica y hasta ahora hemos visto que muchas personas han muerto por falta de medicamentos y servicios de salud”, explicó Barrientos.
El hecho de que las personas privadas de libertad no vivan en condiciones como las que relata Dolores está contemplado dentro de la Constitución de la República, y en algunos tratados internacionales ratificados por el país. Sonia apunta que vale la pena señalar que cuando el Estado sanciona o hace responsable a personas de determinados delitos, es decir, que ya se comprobó la culpabilidad sobre un hecho, solo son dos derechos que se restringen: la libertad de circulación y políticos.
Sin embargo, en el contexto del régimen de excepción, la mayoría de personas capturadas no tienen una sentencia condenatoria, aún no se les ha comprobado que son culpables de determinados actos delictivos. “Si por si las condiciones en las que están las personas privadas de libertad culpables de un delito son muy específicas y se deben resguardar sus derechos humanos, las personas que están en prisión preventiva tienen una garantía adicional porque todavía no han sido identificados como culpables”, destaca.
Los datos recabados por las organizaciones que trabajan por los derechos humanos destacan que un elemento frecuente en las personas privadas de libertad es la muerte en manos del Estado. Mueren por una falta de atención en salud relacionados a enfermedades crónicas. Los padecimientos que más prevalecen, según los datos de estas agrupaciones son: condiciones cardiacas, diabetes, enfermedades respiratorias y renales.
La vida dentro de prisión
El diario vivir de las reclusas, según lo comentado por Dolores, era la preocupación, tristeza y angustia. La mayoría pasaba llorando por sus hijos, esposos, mamás, algunas tenían sus madres enfermas, no sabían si iban a hallarlas vivas. “Uno vive recordando cada momento. Si usted cierra sus ojos, se le viene su familia, sus vecinos, lo que esté en el diario vivir”, expresó Lolita.
Los días dentro de una prisión en El Salvador están llenos de torturas, inicialmente, en el contexto del régimen de excepción porque las personas capturadas nunca obtienen información de sus familiares. “Nunca nos dieron razón ni nada ahí, como usted no sabe ni el día porque ni siquiera un reloj hay. Sabe que se llega la noche porque oscurece, sabe que es de día porque amaneció y que a las cinco de la mañana la están levantando para que usted vaya a conteo”, afirma Dolores.
“A la una de la mañana, para que vaya a bañarse. Usted sale a bañarse con el agua bien helada. Si no se baña a esa hora ya no se baña hasta el siguiente día y si es posible, a veces la castigan si usted no está enferma. Los castigos que le ponen son lavar los baños, usted tiene que ir a la pila, tiene que lavar todo, hacer aseo en la celda, barrer, trapear, así se lo dejan por una semana”, narra.
Dolores, luego de cuatro meses en Cárcel de Mujeres, fue trasladada al Centro Penal de Apanteos y recuerda que las condiciones mejoraron un poco porque una vez al mes, les ponían películas, pero recuerda que lo que más hacían sus compañeras era llorar. Escuchar cualquier canción las hacía pensar en su cotidianidad y en todo lo que habían dejado afuera.
Las condiciones en las que Lolita testifica que vivió, pese a que no cometió ningún delito, no son las adecuadas para que una persona pueda rehabilitarse, incluso si ya se le demostró su culpabilidad ante un delito “porque no cumplen con este fin reeducador, socialización que establece la misma constitución”, dijo Rubio.
Sin embargo, las personas que han sido detenidas en el marco del régimen de excepción todavía no están condenadas, no es que tengan que atravesar un proceso de sanción o de prisión para resocializarse porque todavía son inocentes, Rubio dice que “la violación es aún más perversa porque a la larga se está sacrificando un gran porcentaje de la población, son proyectos de vida que han sido truncados”.
Pese a todo lo que el régimen de excepción ha significado en la vida de Lolita y su familia, ella cree que el régimen está bien para la gente que sí ha cometido delitos, pero le recuerda al presidente Nayib Bukele que en su gabinete tiene que limpiar a funcionarios que han cometido corrupción. “Para limpiar a la gente que está en la calle, tenemos que limpiar el que está arriba porque si no esto va a seguir así”, menciona con firmeza.