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Familia empeñó hasta su casa con la ilusión de que reo epiléptico sea liberado

Un juez ordenó medidas alternas a la prisión para el detenido y el pago de $3,000, pero estas fueron revocadas por petición de la Fiscalía por no tener casa propia, dice la familia.

Por Lissette Lemus | Ago 20, 2024- 07:58

Foto EDH/ Cortesía

El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado, Juez Cuatro, ordenó el 3 de abril pasado, medidas alternas a la prisión y el pago de una fianza de 3,000 dólares a Leonel Ulises Mercedes Ramírez, capturado en el contexto del régimen de excepción. 

La madre del detenido, una señora de 70 años de edad, empeñó la escritura de su casa y la hermana vendió las herramientas de trabajo que él utilizaba, para poder reunir el dinero con la ilusión de que su familiar fuera liberado.

Sin embargo, Jessica Mercedes, la hermana del procesado, explica que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó por medio de una apelación, revertir la orden judicial, alegando que el imputado no tiene un  lugar propio donde vivir. 

Ella dice que Leonel  tenía un acuerdo de arrendamiento de una vivienda, el cual había ido renovando durante 12 años continuos, luego que tuvo que abandonar y vender su casa propia, debido a la inseguridad por el control territorial que las pandillas ejercían en las comunidades más empobrecidas del país. 

“La Fiscalía apeló, que no era suficiente como para dejarlo libre, a pesar que no le pudo encontrar nada más, no hubo prueba de que él hubiese sido pandillero, no había más prueba que no tener una vivienda propia”, dijo Mercedes.

Según documentos en poder de la familia,  la defensa del procesado presentó seis arraigos familiares, siete arraigos laborales y seis arraigos sociales para pedir las medidas alternas al encarcelamiento.

Entre los documentos presentados están las constancias del Seguro Social y fondo de pensiones, constancia laboral de un taller de mecánica donde había trabajado 10 años, la compra-venta de un inmueble obtenido con el Fondo Social de la Vivienda (FSV), el cual tuvo que vender por la inseguridad, constancia médica del diagnóstico de epilepsia y tarjeta de paciente. 

Foto EDH/ Cortesía

La esperanza de que su hermano fuera liberado se desvaneció para Jessica cuando el 6 de mayo la Cámara de Crimen Organizado revocó la decisión del juez, pese a que en el proceso hay documentos que demuestran que la condición de salud del detenido se ha agravado en prisión. 

La hermana relató que su hermano padece de epilepsia desde los 16 años, lo que le produce convulsiones y desde entonces ha estado en  tratamiento de por vida, pero a pesar de su padecimiento laboraba como tornero en un taller de mecánica en el centro de Apopa. 

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La captura 

El 10 de febrero de 2024 mientras estaba trabajando llegó un grupo de soldados a revisar los documentos de los cuatro trabajadores, durante la instalación de un cerco militar en ese municipio. 

Luego de revisar el DUI de Leonel, los soldados hicieron varias llamadas y le dijeron que se lo iban a llevar a la delegación para verificar en el sistema y desde entonces se encuentra preso. 

Los primeros seis meses Leonel fue recluido en las bartolinas policiales de Apopa, porque sufría constantes convulsiones a causa de la epilepsia y Centros Penales se negaban a recibirlo en esas condiciones, manifiesta su hermana. 

A pesar que la ley establece que los familiares de las personas bajo custodia del Estado deben ser informadas de la condición de salud, en el caso de Leonel son los familiares los que han tenido que ingeniárselas para averiguar su estado. 

Una sobrina que trabajaba frente al recinto policial, pudo constatar las veces que el detenido fue sacado de emergencia. 

Los familiares de los detenidos, que permanecen en bartolinas, deben llevarles comida todos los días, es así como la hermana  logró observar cómo un día, los agentes tuvieron que sacar una colchoneta para colocar al reo a un lado de las bartolinas, porque el estres por el encierro le aceleraba las convulsiones.

En esos seis meses, Leonel  fue internado en los hospitales Zacamil y Zaldaña al menos en cuatro ocasiones y su condición se fue deteriorando, la hermana pudo ingresar al hospital en una ocasión para asistirlo y se dio cuenta que en un solo día presentó unas 10 convulsiones.

Hubo un momento en que su hermano ya no comía y  tuvieron que llevarle suplementos alimenticios como “Ensure”, porque solo consumía líquidos. 

La última vez que supieron de Leonel fue aproximadamente hace dos meses, cuando unos agentes lo bajaron de una patrulla frente a las bartolinas, regresaban de una consulta médica. Posteriormente, Leonel fue enviado al penal de Izalco y desde entonces su hermana desconoce cuál es su condición de salud. 

“Yo no sé si él aún está y yo quiero pedirle a la Fiscalía que se ponga la mano en su conciencia porque mi hermano lo perdió todo…mi hermano era trabajador, el régimen le quitó su familia, su empleo, le quitó todo” lamenta Jessica. 

Jayme Magaña, abogada del Socorro Jurídico Humanitario, criticó la actuación de la Fiscalía al presentar una apelación, cuando se trata de una persona con epilepsia.

“¿Cómo una persona epiléptica se va a dar a la fuga? A estas alturas la Fiscalía no tiene 

elementos que comprueben que esa persona haya sido miembro o que haya tenido algún tipo de conexión con algún tipo de maras o pandillas”, declaró Jayme Magaña. 

Las personas que conocían a Leonel desde pequeño admiraban su destreza para elaborar en el torno complicadas piezas para automotores, debido a que presentaba problemas de aprendizaje en otros campos. 

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La hermana de Leonel recuerda que cuando él tenía cinco años resultó gravemente herido en la cabeza, cuando una pieza de hierro y cree que está vivo de milagro.

De eso, además de una cicatriz de unos 10 centímetros visible en el lado izquierdo de su cabeza, le afectó otras habilidades, de tal manera que nunca pudo aprender a leer y a escribir, por lo que, el hecho que aprendiera un oficio lo considera una proeza.

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