La defensa del procesado había solicitado previamente que se le realizarán exámenes médicos al padre de la periodista, para conocer su condición de salud, debido a que la familia fue informada por personas liberadas que se encontraba gravemente enfermo.
Sin embargo, el día de la audiencia Medicina Legal informó al juzgado que el detenido no fue encontrado en el penal y se desconocía su paradero.
La semana pasada que la familia intentó ingresar el paquete en el penal de Mariona les indicaron que Amaya Orellana había sido trasladado a la Granja de Zacatecoluca, pero hasta ahora ni la familia, ni la defensa han sido notificados oficialmente.
Por ello, ayer la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó un aviso ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) para que active la búsqueda del padre de la periodista.
“Nos dimos cuenta en la audiencia de imposición de medidas (...) llega una notificación de Medicina Legal que informa que querían revisar la salud de don Benjamin, pero no sabían donde se encuentra, no está en el centro penal (...) donde la familia escrupulosamente había estado entregando el paquete” manifestó Oswaldo Feusier , abogado de la clínica jurídica de la APES.
El abogado explicó que la acción de no informar el traslado al juzgado, a la defensa, ni a la familia podría configurar los “indicios de un potencial ocultamiento de la situación de una persona que el Estado retuvo y posiblemente pueda incurrir en un comportamiento estandarizado en legislación internacional de desaparición forzada personas”.
Proceso irregular
El padre de Carolina fue capturado el 28 de febrero junto a cuatro líderes campesinos más en San Juan Opico días después de que supuestos representantes de una empresa de generación de energía renovable los amenazaron para que desalojaran unas tierras que utilizaban para cultivar en la finca Argentina.
Angélica Cárcamo, presidente de la APES, declaró que “casualmente la captura ocurrió después que la periodista realizó una serie de publicaciones que denunciaban a sectores empresariales y el actual gobierno”.
Los detenidos fueron señalados en las redes sociales de la PNC y la FGR de ser parte de una estructura de pandilleros que delinquía en los municipios de San Juan Opico y La Libertad, a quienes les atribuían los delitos de homicidios, desaparición de personas y extorsiones.
Incluso, el fiscal general Rodolfo Delgado opinó sobre las capturas tras la redada realizada en conjunto con la Fuerza Armada. “Aún quedan criminales en las calles (...) Estos sujetos se escondían en diferentes puntos de La Libertad, creyendo que la justicia no los alcanzaría”, publicó Delgado en su twitter.
Sin embargo, el 14 de marzo, un juzgado especializado de San Salvador sobreseyó definitivamente a los cinco detenidos por el delito de agrupaciones ilícitas al establecer que nada tenían que ver con una estructura de la Mara Salvatrucha-13, contrario a lo que decían la Fiscalía y la Policía en sus redes sociales.
Además de agrupacione ilícitas les acusaron por el delito de limitación de libertad de circulación, pero el juez se declaró incompetente y transfirió el proceso al Juzgado de Instrucción de San Juan Opico donde les decretaron prisión preventiva por seis meses.
Tras la captura Carolina realizó una investigación periodística para conocer qué había detrás de la captura de su padre y el 31 de agosto publicó los resultados a través de una columna de opinión en el periódico digital El Faro.
“Mi padre está preso por interferir con los planes de una empresa que financió al partido Nuevas Ideas, el mismo que creó Bukele para pasar del bipartidismo al totalitarismo” aseguró.