Un total de 63 personas han fallecido en los penales después de ser capturadas durante el régimen de excepción, según registros de la organización Cristosal hasta el 18 de julio.
El dato fue dado a conocer por Ruth Eleonora López, Jefa anticorrupción de Cristosal, durante un TwitterSpace la noche del lunes.
López señaló que entre los muertos se encuentran pacientes psiquiátricos, con diabetes e insuficiencia renal, que no recibieron sus medicamentos a tiempo mientras se encontraban bajo custodia del Estado. “Eso los lleva a la muerte con el consentimiento de las autoridades”, afirmó López.
Entre los últimos salvadoreños muertos en penales, durante el régimen de excepción, documentados por El Diario de Hoy se encuentra Raquel Avelar Avelar, de 60 años.
VER: Gabinete de Seguridad solicita a Asamblea prorrogar por 30 días más el régimen de excepción
El hombre, paciente diabético, murió mientras estaba en prisión tras haber sido capturado bajo el régimen de excepción. Vivía en la colonia La Vega, en Tejutla, departamento de Chalatenango.
De acuerdo con la inspección del cadáver realizada por médicos del Instituto de Medicina Legal (IML), Raquel falleció a causa de una hemorragia cerebral de tipo vascular, mientras estaba ingresado en el hospital nacional Rosales, de San Salvador, donde había sido trasladado.
Sin embargo, parientes y amigos que vieron el cuerpo consideran que el hombre fue torturado.
La muerte de Raquel ocurrió al mediodía del pasado viernes 15 de julio. Sin embargo, algunos familiares y conocidos dijeron que nunca se les avisó cuándo fue internado en el hospital luego de estar preso en un penal.
Raquel estuvo más de 100 días en prisión, supuestamente por rencillas de un agente policial que se inventó los cargos contra él, según detallaron familiares que pidieron no ser identificados por temor a represalias.
Denuncias anónimas
Además de las denuncias por muertes, Cristosal también registra 2,400 acusaciones contra las autoridades por detenciones sin orden de captura, incomunicación familiar con los detenidos y amenazas.
López explicó que en el contexto del régimen de excepción las capturas por denuncias anónimas son deshumanizantes porque, en muchos casos, las personas denuncian a otros por competencias comerciales o problemas de índole personal, actuales o del pasado.
Las autoridades de seguridad mantienen una fuerte campaña publicitaria incitando a la gente a denunciar de forma anónima, vía telefónica. Algunas organizaciones han objetado esa forma de denuncia porque hay capturas sin mayores evidencias de los delitos que les imputan a las personas.
López relató que en Cristosal atendieron un caso de desplazamiento forzado de una familia a la que un agente de seguridad les exigía 1,000 dólares bajo para no capturarlos durante el régimen de excepción.
Las autoridades de seguridad publicaron, a través de redes sociales, que 46,694 personas, relacionadas a las pandillas, han sido capturadas durante el régimen de excepción, desde el 27 de marzo al 18 de julio.
Mientras que Cristosal registra un total de 2,426 denuncias por detenciones arbitrarias, en el mismo periodo.
Mientras esto sucede, las autoridades del Gabinete de Seguridad están a las puertas de seguir un mes más con el régimen de excepción.
Ya el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, ha reiterado que el régimen de excepción debe continuar “para sacar a todos los pandilleros y apoyos de las calles”.
El funcionario ha argumentado que es necesario dotar de más recursos a la Fuerza Armada para fortalecer la lucha en el territorio.
Ayer la Fuerza Armada mediante de su cuenta de Twitter informaba que el funcionario entregó un helicóptero TH300 a la Fuerza Aérea Salvadoreña y 12 drones que serán distribuidos en las tres Ramas de la Fuerza Armada.
En lo que va del régimen de excepción ha muerto un oficial de la PNC y dos policías, así como un soldado de la Fuerza Armada en supuestas emboscadas o enfrentamientos con las pandillas.