El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro Funes, manifestó este martes durante una entrevista matutina que no es "sencillo" determinar que una persona ha sido capturada de manera injusta en el régimen de excepción.
La explicación del funcionario surgió debido a un comentario en redes sociales de un televidente, que expuso el caso de una persona encarcelada presuntamente de forma arbitraria desde mayo de 2023.
"No es algo tan sencillo, porque en el pasado estas organizaciones presentaban todas las cartas 'habidas' y por haber, de que el ciudadano detenido era un ejemplo en la comunidad. Ese tipo de cartas se pueden presentar en cualquier tipo de procesos y ahí es donde cobra sentido todo ese tipo de trabajo que hay que hacer de manera responsable", aseguró Villatoro.
El ministro explicó que dentro del esquema de pandilleros tienen ubicados a los "homeboys", pandilleros "no brincados" pero que ya andaban cometiendo delitos y a los colaboradores.
"La tercera grada es esa base social o colaboradores, donde el trabajo de justicia que estamos haciendo es determinar si esa colaboración la hacía porque quería escalar al siguiente nivel de pandillero no brincado, a 'homeboy' o era parte la misma de la misma naturaleza con la que estas organizaciones criminales sometían a la comunidad, es decir si su actuación era por coacción o por convicción", expuso.
La semana pasada, la oficina del Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, admitió la documentación de 175 personas detenidas de manera arbitraria durante el régimen de excepción, la cual fue presentada el pasado 18 de diciembre del año pasado por el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) y la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc).
Ambas organizaciones han denunciado que las miles de personas detenidas presuntamente de manera arbitraria llevan casi tres años encarceladas y otras, aún teniendo órdenes judiciales de libertad, no han sido liberadas.
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Uno de los casos visualizados por el Movimiento es el de Ricardo Ernesto Martínez García, un joven de 29 años que, según un documento entregado a su madre, la misma Fiscalía afirma no tener "elementos para judicializar el caso" contra el detenido, por lo que ha solicitado su libertad, pero Centros Penales sigue sin liberarlo.
Ana Mercedes García, una señora de 63 años, ha solicitado el apoyo de todas las instituciones del Estado para que revisen el caso de su hijo, que ya lleva encarcelado dos años con ocho meses, pero dice que no ha tenido respuesta.
La madre de Ricardo ya no sabe a dónde acudir, lamenta ser de escasos recursos y no poder pagar un abogado particular para que le ayude con el caso de su hijo.
"Noche y día le pido a Dios que haya una persona que me ayude y que le den la libertad a mi hijo porque yo no tengo dinero o influencias", se lamentó.
El hijo de Ana Mercedes fue capturado el 10 de mayo de 2022 y acusado por agrupaciones ilícitas, pero el 26 de junio de 2023, un tribunal especializado de San Salvador le otorgó medidas alternas a la prisión por petición de la misma Fiscalía, al no tener elementos de prueba para sustentar el delito de agrupaciones ilícitas.
Aunque el tribunal ordenó su liberación en junio, no logró salir. Después de esa audiencia fue llevado al Penal de Mariona y el 13 de octubre, a la salida del penal, fue capturado por segunda vez y acusado por el delito de organizaciones terroristas.
De esta segunda detención de su hijo, Mercedes no fue informada y solo lo supo porque unos investigadores llegaron a buscarlo a su casa, creyendo que estaba libre.
Tras la segunda captura, la oficina fiscal de Mejicanos tampoco encontró elementos suficientes para acusar a Ricardo ante los juzgados, por lo que solicitó al centro penal su liberación, según consta el documento entregado a su madre.
8,000 liberados
En noviembre, el presidente Nayib Bukele, reconoció en su visita a Costa Rica que han liberado a 8,000 personas que fueron capturadas de manera arbitraria.
"Ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar al 100% de inocentes", dijo el mandatario, en un discurso donde se excusó de que en el mundo no hay policías "perfectas".
Villatoro aseguró que las personas liberadas sí estaban relacionadas con las pandillas, pero por "coacción".
"Son un poco más de 8,000 personas a las que se les ha sustituido la detención provisional por un procesamiento en casa, que estaban relacionadas a las pandillas, pero era por coacción", aseguró el ministro.
"Ahí viene ese trabajo responsable, porque lo que sí no nos vamos a perdonar es poner en libertad (a uno que estaba por convicción)", puntualizó.
Faltan capturas
Por segunda ocasión, el ministro de Seguridad y Justicia aseguró que falta capturar a más de 8,000 remanentes de las pandillas, en el contexto del régimen de excepción.
El 3 de diciembre del año pasado, en una sesión informativa exclusiva para medios internacionales, Villatoro dijo que se mantiene una persecución permanente contra del remanente de las maras.
"Todos esos perfiles de esos más de 8, 000 objetivos están en la palma de la mano de nuestra fuerza del orden, precisamente para ir sometiéndolos a la justicia", aseguró el ministro, según reportó la agencia EFE.
Ayer, el funcionario reiteró que aún sigue faltando esa cifra de pandilleros por capturar y dijo que el régimen de excepción continuará hasta que no haya ni un pandillero libre.
En contraste, organizaciones sociales han documentado más de 6,000 denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos y más de 300 muertes bajo custodia del Estado en ese contexto.
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022. Según investigaciones del periódico digital El Faro, la matanza se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las pandillas.
Luego de casi tres años, esta medida mantiene suspendida de manera permanente el derecho a la defensa de los detenidos, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y amplía hasta 15 días la detención administrativa.