Las prórrogas sucesivas del régimen de excepción, las detenciones arbitrarias y la crisis humanitaria dentro de las prisiones son las principales preocupaciones de una delegación del País Vasco (región autónoma española) que visitó El Salvador para conocer la situación de los derechos humanos.
La delegación liderada por la Dirección de Derechos Humanos del País Vasco se reunió con organizaciones de la sociedad civil, sindicalistas, el movimiento feminista, defensores de derechos humanos, ambientalistas, familiares de víctimas del régimen de excepción, madres de personas desaparecidas y sectores académicos.
📌 #Internacional | Nuestro equipo de Abogados @IvaniaCruz15 y @joya_rudy estuvo presente junto al @Bloque_RP con una Delegación Vasca, liderada por la dirección de #DDHH del Gobierno Vasco, con la participación de @eLankidetza- Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad,… pic.twitter.com/xtkxQ0XUeP
— UNIDEHC EL SALVADOR (@Unidehc) January 28, 2025
“Nos ha llamado terriblemente la atención que una medida usualmente utilizada como excepcional lleve 34 meses, lo que supone la ausencia de garantías de ciertos derechos fundamentales que están paralizados", manifestó a la radio YSUCA Sonia González, directora de Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi (País Vasco) y parte de la delegación.
Además explicó que las detenciones en el contexto del régimen de excepción no van acompañadas de procedimientos judiciales justos y bajo el debido proceso.
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“Las detenciones afectan a la gente más pobre es una criminalización de la pobreza, a parte que detienen a hombres que muchas veces son los que sostienen la economía familiar, obligan a niños y niñas a salir de las escuelas para sostener a la familia”, explicó.
Según las autoridades de seguridad más de 80,000 personas han sido capturadas desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022 hasta la fecha, entre pandilleros y supuestos colaboradores de las pandillas.
Organizaciones sociales sostienen que entre 20,000 y 30,000 de esos detenidos son personas que no tienen vínculos con las pandillas.
La crisis humanitaria dentro de las prisiones es otra de las inquietudes para la delegación europea luego de escuchar a personas liberadas de las cárceles.
“Los familiares de las personas que están detenidas y las que han estado detenidas nos hablaban de una crisis humanitaria, donde no se dan las condiciones mínimas de dignidad, salubridad, garantías mínimas que cualquier detenido o detenida debería de tener”, declaró González.
#LaEntrevistaYSUCA | “Los familiares de las personas que están detenidas y personas que han estado detenidas nos hablaban de una crisis humanitaria”, detalla Sonia González, directora de la Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi. pic.twitter.com/ik5BR9V8Da
— Radio YSUCA 91.7 FM (@ysuca91siete) January 31, 2025
Agregó que en la visita de cuatro días pudieron trasladar esta información a instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).
La integrante de la delegación vasca también se refirió al cierre del espacio cívico que está afectando al movimiento feminista, la población LBTIQ, ambientalistas, periodistas y otros sectores.
Por otra parte, ven con preocupación la falta de transparencia y acceso a la información pública. “Otra cuestión básica, el derecho a la información, el derecho a la libre expresión y la Ley de Acceso a Información Pública”, agregó.
En octubre del año pasado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe anual señaló la "restricción severa" al acceso a la información pública en El Salvador.
“El Gobierno continúa restringiendo el acceso a informes de instituciones públicas, y que ante la crítica y la denuncia por actos de corrupción o abusos, las autoridades optan por guardar silencio y desacreditar a los medios independientes", destacó el informe.
En otro tema, González se refirió a la distribución del presupuesto general de la nación el cual ha aumentado considerablemente las partidas para la Presidencia de la República y la Fuerza Armada en contraste con la disminución considerable de los fondos para salud y educación.
“Esto supone también un desmantelamiento de los sistemas públicos y nos llama la atención que por otro lado se aumentan las partidas para la Presidencia y el gasto militar”, expresó.
El gobierno salvadoreño hizo un recorte de $163.8 millones al ministerio de Educación y quitó $11.3 millones al ministerio de Salud de las remuneraciones permanentes, lo que se traduce en miles de despidos en las dos entidades de servicio.
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