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Familiares de capturados en el Bajo Lempa entregan carta para el fiscal general

Los afectados solicitaron a Rodolfo Delgado intervenir para que se agilicen las investigaciones y que se les permita demostrar su inocencia con todos los arraigos que tienen.

Por Lissette Lemus | Abr 09, 2024- 14:03

Familiares de personas capturadas en la zona del Bajo Lempa, con el apoyo de Cristosal, presentaron al fiscal general, Rodolfo Delgado Montes, una solicitud con 66 casos de supuestas capturas arbitrarias. 

Los afectados, quienes son parte del Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, municipio de Jiquilisco, solicitaron a Delgado intervenir para que se agilicen las investigaciones y que se les permita demostrar su inocencia con todos los arraigos que tienen a su favor. 

Asimismo pidieron que se les aplique medidas alternas a la prisión, mientras siguen las investigaciones “ ya que las condiciones infrahumanas de los penales nos hacen pensar que su salud y nutrición no son buenas y esto es atentado contra los detenidos” indica la petición. 

Los afectados explicaron que las detenciones les han afectado en gran manera en la economía familiar debido a que la mayoría de los capturados son agricultores que llevaban el sustento a sus familias. 

“El Comité está presentando una carta para llamar la atención del señor fiscal de la República porque han pasado ya más de dos años de estos procesos judiciales y hasta la fecha no hay ningún resultado” declaró Abraham Ábrego, abogado de Cristosal. 

El jurista explicó que los familiares han presentado los arraigos y los comprobantes de que las personas que han sido procesadas no tienen vínculos con pandillas y agregó que toda persona que está procesada tiene derecho a que, mientras dura la investigación, se le conceda una medida sustitutiva. 

“No es justo que una persona, que es inocente, tenga que estar detenida dos años en una cárcel, mientras dura el proceso” dijo. El representante de Cristosal explicó que en la zona del Bajo Lempa han sido capturadas unas 130 personas y han sido acusadas por el delito de agrupaciones ilícitas. 

LEER: Las familias que el régimen de excepción destruyó en el Bajo Lempa

En algunos casos, como el del joven José Duval Mata Alvarado, los detenidos tienen órdenes judiciales de libertad, pero las autoridades penitenciarias se niegan a liberarlos. 

“Ese es un delito, son actos arbitrarios y la comunidad ha presentado avisos para que investiguen estos casos, porque ningún agente penitenciario, ni el director de Centros Penales pueden incumplir una orden judicial” explicó Ábrego.

En el caso de Mata Alvarado, hay  dos resoluciones judiciales en las que dos juzgados especializados han ordenado que sea liberado bajo medidas alternas a la prisión, pero la Dirección de Centros Penales sigue sin cumplir ambas órdenes judiciales.

La primera orden de liberación fue emitida el 21 de septiembre de 2022 por un juzgado especializado de San Miguel, durante una audiencia especial de revisión de medidas contra el detenido acusado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Para gozar de la libertad el joven de 25 años tenía que presentarse a firmar cada 15 días a la sede judicial, no salir del país, no cambiar de domicilio, ni relacionarse con otras personas procesadas por delitos relacionados a las pandillas.

Sin embargo, el 18 de noviembre de 2022 Duval fue capturado por segunda vez al momento de salir de la prisión de Izalco, según el reporte policial, por el mismo delito de agrupaciones ilícitas y por el mismo hecho.

Ante la segunda captura, el 12 de junio de 2023, un juzgado contra el crimen organizado de Santa Ana se declaró incompetente debido a que por ese delito Duval ya estaba siendo procesado en otro tribunal. Asimismo, ordenó la inmediata liberación del imputado sin restricción alguna.

Gladis González, madre de uno de los detenidos, explicó que uno de los mayores problemas que han tenido es que a pesar que tienen documentación que demuestran los arraigos de los capturados, ninguna institución les escucha.

“Nosotros estamos representando a personas inocentes y tenemos pruebas de ello, se ha acudido a muchos lugares a presentar documentación y todos no nos hacen caso, no podemos hacer nada, están de manos atadas” declaró. 

El Comité registra unas 200 personas capturadas en las diferentes comunidades de ese sector, de los cuales han presentado 134 habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, entre mayo de 2022 y septiembre de 2023.

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