El Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) pidió la liberación inmediata de Fabricio Isaac Fuentes López, un joven de 23 años de edad, detenido en la Isla El Espíritu Santo, en la bahía de Jiquilisco, municipio de Puerto El Triunfo, departamento de Usulután.
Según esa organización no gubernamental, la detención de Fabricio fue realizada por un agente de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada, durante un operativo casa por casa, el pasado 18 de julio de 2022.
La captura
Familiares relataron que esa noche, un grupo de siete soldados y un policía abrieron a patadas la puerta y sacaron por la fuerza a todos los hombres que estaban dentro de la vivienda. A pesar que en la casa había niños, los soldados los insultaron, los pusieron manos arriba y tomaron fotografías a cada uno de los hombres.
Los denunciantes explicaron que uno de los soldados tomó por el cuello a una persona que padece epilepsia y que se encontraba en la vivienda en ese momento, por lo que Fabricio intervino para evitar que lo golpearan y lo capturaran.
Luego, los soldados procedieron a detenerlo a él. El padrastro de Fabricio les explicó que él no pertenecía a las pandillas, por lo tanto, cometían un error al llevárselo, pero el policía le dijo que se callara o que sino también él sería detenido.
Los familiares relataron que tres días antes que Fabricio fuera capturado, mientras se encontraba en un pozo lavando su ropa, se le acercaron cinco soldados y lo obligaron a desvestirse para verificar si tenía tatuajes, luego le revisaron el celular y posteriormente le tomaron una fotografía.
Al día siguiente, Fabricio, atemorizado por lo que había pasado le comentó lo sucedido a un agente, quien le previno que tuviera cuidado porque “los soldados habían adoptado la práctica de tomar fotografías a las personas para enviarlas al sistema de capturas”, expresaron los parientes.
El día que Fabricio fue capturado, los soldados andaban la fotografía que le habían tomado tres días antes.
Jornalero y músico
El joven, de 23 años, laboraba como jornalero en la Cooperativa de Cocos, la principal fuente de empleo de ese lugar, además realiza trabajos varios. En su tiempo libre jugaba fútbol con el equipo local y tocaba la batería de un grupo musical religioso de la iglesia.
Los parientes negaron que Fabricio tenga al vínculo con alguna estructura relacionada a las pandillas, explicaron que, incluso, muy pocas veces salía de la Isla. Aseguraron que no tenía antecedentes penales ni tatuajes de ningún tipo. Las autoridades lo han acusado por el delito de asociación ilícita.
Los lugareños igualmente niegan que el joven “anduviera en malos pasos” y lo describen como honesto, trabajador y servicial.
Como muchos jóvenes de la Isla, Fabricio apenas pudo finalizar el noveno grado debido a que no contaba con los recursos económicos necesarios para transportarse desde la Isla hasta el Puerto El Triunfo, donde se encuentra el instituto en el que imparten el bachillerato.
Representantes del CIS aseguran que además de la falta de recursos económicas otra de las razones por lo que a los jóvenes de la Isla se les hacía difícil continuar con sus estudios es que muchas familias tenían temor mandarlos al instituto, debido a la amenaza de las pandillas en la zona del malecón, donde los estudiantes deben abordar las lanchas.
Aseguraron que en una ocasión como organización solicitaron el apoyo de la Policía para brindar seguridad en el trayecto del malecón hacia el instituto para los estudiantes becados por el CIS, pero se los negaron bajo que el pretexto que “que las pandillas tenían poder y sería un riesgo, incluso para los agentes”.
En el caso de la detención de Fabricio, los representantes del CIS, hicieron un llamado a las autoridades para que libere al joven que ya lleva 10 meses dentro de la prisión, porque aseguran que hasta el momento no hay pruebas de la participación del joven en hechos delictivos.
En la isla El Espíritu, al inicio del régimen de excepción, un total de 22 personas fueron capturadas acusadas de ser pandilleros o colaboradores de las pandillas, a pesar que desde los años 80´s los lugareños tienen un sistema de seguridad comunitario, para evitar el ingreso de pandillas o estructuras criminales a su territorio.
El sistema de seguridad a cargo de la comunidad incluye un puesto de control financiado por una cooperativa cocotera, donde cada persona que no habita en el lugar, debe reportar a quién visita y dejar un documento de identificación que les es devuelto al salir.
Los lugareños relatan que las personas detenidas durante el régimen de excepción son pescadores, curileros, corraleros y trabajadores agrícolas, niegan que se trate de pandilleros como aseguran las autoridades de Seguridad.