Estar en el lugar equivocado ha sido la causa de que su hijo lleve 23 meses en prisión, asegura Delmy Ríos, quien ante la desesperación al no tener respuesta en las instituciones salvadoreñas ha acudido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su afán de demostrar que su hijo es inocente.
La señora relata que Iván Antonio Alfaro Escobar, de 22 años, laboraba, de lunes a domingo desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, como bodeguero en la construcción de una gasolinera en las cercanías al balneario Atecozol, en la jurisdicción de Izalco.
El domingo 28 de agosto de 2022 salió a las 2:00 de la tarde de trabajar, sin saber que ese mismo día terminaría en una bartolina policial y posteriormente en un penal.
Después de almorzar, salió de su casa localizada en la colonia San Judas, del cantón Tapalshucut, a comprar una tarjeta para el teléfono a una tienda de la colonia vecina, pero en el camino se encontró con una patrulla policial.
Un vecina atestiguó el hecho ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) asegurando que fue interceptado en la calle por unos policías. Uno de ellos le revisó el DUI y dijo que estaba limpio, pero el otro le ordenó “vos echalo”.
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Seguidamente, los agentes colocaron al joven junto a un pandillero tatuado que habían sacado de una vivienda, les tomaron fotos y los subieron a la patrulla.
Los residentes relatan que ese pandillero no era de la zona, pero había llegado a esconderse cuando inició el régimen de excepción.
La vecina abogó para que no se llevaran a Iván, pero al no poder hacer nada, corrió a avisarle a su familia.
La madre se dirigió hasta la sub delegación de Izalco para pedir una explicación del por qué de la captura de su hijo.
La respuesta de un agente fue que “por andar en malas juntas”, que lo iban a investigar, pero que si no había nada que lo vinculara con las pandillas “ya iba a salir libre”.
Un día después de la captura la Fuerza Armada publicó en sus redes sociales una foto de Iván junto a un pandillero tatuado de la pandilla 18, a quien identifican como “Centinela” y otro joven no identificado, frente a ellos una escopeta, cartuchos y un montón de bolsitas con marihuana.
“Durante operación conjunta, diez soldados y seis agentes de la Policía Nacional Civil ubicaron a tres miembros de la 18S, entre ellos (a) Centinela, gatillero de la pandilla. En la operación se incautó una escopeta 12, 7 cartuchos y 200 porciones de marihuana”, se lee en la publicación.
Delmy niega la acusación de la Fuerza Armada sobre su hijo, porque afirma que fue capturado solo, cuando iba por la calle y lo único que le decomisaron fue una cartera con el DUI y dos dólares. La Fiscalía acusó al joven únicamente por el delito de agrupaciones ilícitas.
Una lucha sin resultados
Tres días después de la detención, Delmy fue a la PDDH a denunciar la presunta captura arbitraria.
“Para el caso se le explicó que debería de presentar testigos a esta institución con respecto al día de la detención, asimismo se le explicó el debido proceso en el contexto del Régimen de Excepción”, indica la constancia que le brindaron tras su denuncia.
La señora explica que a pesar de que la vecina que presenció la detención fue a atestiguar sobre el hecho a la PDDH, hasta ahora no ha tenido respuesta.
En junio de 2023, presentó un habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional alegando que no había fundamento legal de la captura de Iván porque no había cometido ningún delito, no tenía antecedentes y fue arrestado sin orden judicial.
Sin embargo, la Sala declaró improcedente la petición aduciendo que se trataba de “un asunto de mera legalidad”.
Mientras tanto su hijo ha pasado por tres penales: Mariona, la Granja de Zacatecoluca y la Granja de Izalco.
Hasta ahora asegura que no le han informado de manera formal la razón de los traslados, lo único que le dijeron fue que si lo habían mandado a la granja es porque estaba enfermo.
Ella teme que su hijo se haya agravado del asma, enfermedad que padece desde que nació.
Según un escrito del Juzgado Especializado de Instrucción C-2 de Santa Ana, Medicina Legal le realizó al detenido una evaluación médica en diciembre de 2023, la cual indica que tiene antecedentes de asma bronquial, pero al no encontrar signos de complicaciones, sugiere que reciba los controles periódicamente “para evitar el deterioro de su salud”.
Ante la desesperación, de no tener una respuesta en el país, la madre del detenido ha presentado su caso ante el sistema de la ONU, con el apoyo del equipo de abogados del Socorro Jurídico Humanitario.
“En estos casos se criminaliza la pobreza, ellos no pueden demostrar que tenían un empleo fijo, pero son personas que debían ser liberadas de oficio al no tener antecedentes penales, ni judiciales”, aseguró Jayme Magaña, abogada del Socorro.
Iván era el mayor sostén económico de su familia, debido a que Delmy es una madre soltera, ahora su situación es más difícil porque debe reunir para comprar el paquete que debe llevarle cada mes al penal.