La continuación del régimen de excepción, el cual contempla la adopción de medidas desproporcionadas y la violación de derechos humanos, revela la falta de compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, expuso Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en el contexto de la presentación del informe global sobre derechos humanos de ese organismo internacional.
Piquer instó al cese del régimen de excepción a cambio de medidas integrales que garanticen la seguridad a la población y aborden las causas de la violencia. Además, instó a la comunidad internacional a prestar atención y tomar medidas firmes para evitar una mayor crisis de derechos humanos durante el segundo mandato presidencial de Bukele. A continuación la entrevista.
¿Cuál es la postura de Amnistía Internacional en relación al Régimen de Excepción y qué se debería hacer con respecto a esta situación?
Respecto al Estado de Excepción en El Salvador, es crucial reconocer que su persistencia revela una falta de compromiso por parte del gobierno de Nayib Bukele en cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La adopción de medidas desproporcionadas y la negación e incluso la justificación de las violaciones de derechos humanos son acciones que no pueden justificarse en ningún contexto.
Amnistía Internacional aboga por el cese del régimen de excepción y la implementación de medidas integrales que aborden las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad, sin comprometer la seguridad y la libertad de la población.
¿Cómo está El Salvador en relación al cumplimiento del deber de respeto y garantía de derechos humanos al compararlo con otros países de la región?
En cuanto al cumplimiento del deber de respeto y garantía de derechos humanos en El Salvador en comparación con otros países de la región, lamentablemente, el panorama es preocupante.
La persistencia de violaciones masivas de derechos humanos, la evasión de mecanismos de rendición de cuentas y la instrumentalización del proceso penal y del sistema penitenciario sugieren un deterioro en el respeto y la protección de los derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele.
Este modelo gubernamental está al menos tolerando la violencia estatal, la cual va en aumento de manera acelerada y sin ningún viso de parte de las autoridades de querer frenarla, afectando desproporcionadamente a las personas en situación de pobreza, que ya eran las más afectadas por la violencia de pandillas.
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¿Cuál es el panorama en materia de derechos humanos, frente a un segundo mandato del presidente Nayib Bukele?
Durante los últimos cinco años, hemos sido testigos de un deterioro significativo en el respeto y la protección de los derechos humanos bajo su gobierno.
Existe una seria inquietud de que este patrón se mantenga e incluso se agrave durante su segundo mandato. La persistencia de medidas represivas y la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades, crea un ambiente propicio para un mayor deterioro de la situación de derechos humanos en el país.
Particularmente nos preocupa la instrumentalización del sistema penal y la continuación de una política de tortura en el sistema penitenciario. Estos elementos podrían resultar en un aumento alarmante de las violaciones al debido proceso, así como en un incremento de la precarización de la situación de las personas privadas de libertad.
Además, el aumento del riesgo y la vulnerabilidad que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y voces disidentes podrían intensificarse, lo que llevaría a una mayor represión y limitación de la libertad de expresión en El Salvador.
En este contexto, Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a prestar atención y tomar medidas firmes para evitar una mayor crisis de derechos humanos durante el segundo mandato de Bukele.
Es crucial que se ejerza presión sobre el gobierno salvadoreño para que respete sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garantice el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas en el país.
¿Qué consecuencias tiene para la ciudadanía la falta de acceso a la información pública en manos del Estado?
La manipulación y ocultamiento de información pública por parte del gobierno de Bukele socava el espacio cívico y dificulta la rendición de cuentas.
Esto perpetúa un ambiente de impunidad y vulnera el derecho fundamental de la población a estar informada sobre asuntos de interés público. Es crucial que se garantice el acceso transparente y sin restricciones a la información pública para fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos en El Salvador.