Familiares de personas detenidas presuntamente de forma arbitraria, organizados en el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), realizaron el lunes un plantón frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes) para pedir la liberación de los detenidos que no tienen ningún vínculo con pandillas.
El ambiente de fiesta permanente que ahora predomina en las principales calles del Centro Histórico de San Salvador fue intervenido por las consignas de “Defendemos inocentes, no delincuentes", “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
“Queremos que el mundo sepa que El Salvador no es solo fiesta, no solo son luces y queremos dar un mensaje de esperanza a las víctimas, que no estamos dispuestos a doblegarnos a este régimen”, manifestó Samuel Ramírez, vocero de Movir.
Ramírez explicó que han agotado todas las instancias del gobierno en su afán de pedir que se revisen los casos de personas detenidas, que según han evaluado en jornadas colectivas, no tienen relación con pandillas, pero no han tenido respuesta.
La Procuraduría General de la República (PGR) la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Casa Presidencial, la oficina del comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) son algunas de las instancias a las que acudieron el año pasado.
“Hemos agotado todo y no vemos señales concretas de que nos escuchen, hemos presentado más de 250 expedientes de personas que se cree que son inocentes y vamos a seguir haciendo esto”, declaró Ramírez.
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— Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) December 30, 2024
Asimismo varias madres de familia brindaron sus testimonios en los aseguraron que sus familiares han sido encarcelados sin orden judicial, los casos han sido judicializados sin seguir el debido proceso y la falta de información al respecto.
Pese a lo establecido en el derecho internacional humanitario, los familiares denuncian que las autoridades penitenciarias salvadoreñas han prohibido las visitas familiares y el contacto de los procesados con sus abogados defensores, por lo que no tienen prueba de que los detenidos estén vivos.
Ana Mercedes, es una señora de más de 60 años, que viajó desde Cuyultitán con un cártel con el rostro de su hijo Ricardo Ernesto Martínez García, quien está preso desde el 10 de mayo de 2022.
La madre de Ricardo muestra en el cártel un documento que revela que la Fiscalía ha solicitado la libertad del joven en dos ocasiones debido a que no cuentan con indicios de prueba para sustentar el cometimiento del delito.
La señora ya no sabe a dónde acudir, lamenta ser de escasos recursos y no poder pagar un abogado particular para que le ayude con el caso de su hijo.
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Algunos visitantes nacionales como extranjeros se detuvieron por unos minutos para tomar fotos con sus celulares o leer las pancartas de los afectados con fotos de las personas detenidas, en las que sobresalen rostros de personas jóvenes de bajos extractos económicos.
Mientras otros, en sentido opuesto a la Binaes, disfrutaban de posar en las cuadrimotos de la Policía Nacional Civil (PNC) en una exhibición de la institución, instalada frente a la Catedral Metropolitana, otrora símbolo de protección de luchadores sociales en el contexto del conflicto armado salvadoreño.
La protesta también tuvo rechazo de algunos que acusan a los manifestantes de ser familiares de pandilleros.
Uno de ellos fue Luis Sánchez, un señor de la tercera edad que asegura fue víctima de los pandilleros. El hombre que con gritos increpó a los miembros de Movir dijo que dos dedos de su mano izquierda le fueron mutilados por la pandilla.
Algunos integrantes de Movir denunciaron que el señor intentó intimidarlos tomando fotos de sus rostros, gritándoles pandilleros.
La actividad finalizó por un recorrido por las principales calles, ahora peatonales, del Centro Histórico, aunque cuando los manifestantes intentaron pasar por la calle Delgado fueron bloqueados por un contingente de personal municipal.
