María está marcada de por vida por la violencia; su pierna derecha fue perforada por una bala que la alcanzó cuando frente a ella asesinaron a su pareja, René Humberto Díaz.
Él es una de las 62 víctimas del 26 de marzo de 2022, uno de los tres días seguidos en los cuales las pandillas mataron a 87 personas, en una salvaje demostración de poder para presionar al gobierno.
René Humberto Díaz
Ese 26 de marzo, María llegó al cementerio de Santa Elena, Usulután, donde René Humberto trabajaba como sepulturero, para darle el almuerzo a su esposo, como lo hacía habitualmente.
Dos sujetos, uno moreno, corpulento, ojos achinados; y el otro alto, delgado y mal vestido, le siguieron el paso a María.
Cuando llegó a donde René Humberto, él estaba cavando una tumba. Los dos hombres que la seguían sacaron sus armas y comenzaron a disparar.
María quedó congelada al ver a su esposo muerto. Estaba tan impresionada que no sintió que una bala también había entrado en su cuerpo. Horas después, estaba siendo atendida en el hospital.
René Humberto fue sepultado en ese cementerio, en el cual trabajó por tantos años.
Lo mataron probablemente porque, harto de que la pandilla lo extorsionara con 30 dólares mensuales para poder trabajar el cementerio, puso una denuncia a las autoridades, tras lo cual hubo un marero detenido. Fue el único homicidio que ocurrió ese día en todo el departamento de Usulután.
Al día siguiente, los diputados de la bancada oficialista de Bukele aprobaron el régimen de excepción.
Días después, María fue visita por investigadores que llevan el caso del homicidio de René Humberto. Le pidieron que se presentara a reconocer a los sospechosos del asesinato.
A través de un vidrio, ella reconoció a uno de los hombres que la siguieron en el cementerio. Pero solo a uno. Al segundo, hasta ahora no lo han capturado, y por eso María vive con miedo.
“Que pongan cartas en el asunto y tomen en cuenta lo que uno les explica, si no van a matar a toda mi familia entera”, dijo María.
Se solicitó información a la PNC de Usulután y al Juzgado de Primera Instrucción de la misma ciudad sobre el caso, pero se negaron a brindar datos del proceso.
Un año ha pasado del crimen de René Humberto y la justicia aún no ha llegado a su familia.
Carlos Humberto Valiente, administrador de mercado
Carlos, de 46 años, fue asesinado ese 26 de marzo de 2022, a las 9:00 de la noche, en el pasaje 19 de la lotificación Narváez, en San Luis Talpa. El homicidio de Carlos fue el único que se registró en todo el departamento de La Paz.
Por este hecho, la PNC capturó a Bryan Alfredo Hernández Durán y Kevin Alexander Gómez Velásquez, miembros de la MS-13; pero un tercer involucrado, identificado como José Amílcar Jandres Orellana, no ha sido capturado, según lo confirmó una fuente judicial.
Aunque el nombre de José Amílcar Jandres Orellana aparece en un boletín de la FGR, fechado el 31 de agosto de 2022, como capturado junto a los otros dos detenidos.
Sin embargo, una fuente confirma que no saben de él en el juzgado que lleva el caso del homicidio y, por lo tanto, lo tienen como prófugo.
Carlos era administrador del mercado municipal y también tenía una discomóvil. Con él trabajaban dos pandilleros, pero los despidió por conflictos con ellos.
“El día que lo mataron le hicieron una llamada, él sale al pasaje, llega un vehículo con tres sujetos y comienza a platicar con ellos; llega a nivel de discusión y uno de ellos saca el arma de fuego. Él logra correrse, pero le disparan, cae al suelo y el otro lo remata; el tercero es el que conduce el vehículo y se dan a la fuga”, explicó una fuente judicial.
Un informe de inteligencia detalla que ninguno de los que cometieron el homicidio tiene la posición de cabecilla, “ranflero” o “palabrero”.
“Ellos recibieron la orden de San Salvador de que mataran; para los efectos aprobatorios acá no sirve”, concluyó la fuente judicial.
Según el dictamen de acusación presentado el 17 de febrero de 2023, se mantiene la situación jurídica: dos detenidos y José Amílcar Jandres Orellana continúa libre.
La audiencia para los dos acusados, programada para el pasado 13 de marzo, fue suspendida porque, con el régimen de excepción, se pueden dilatar los juicios.
Ante este panorama de riesgo, las hijas de Carlos huyeron del país.
¿Dónde están los homicidas del 26 de marzo de 2022
La abogada penalista, Roxana Cardona Ardón, explica que el homicidio agravado debería de ser un proceso totalmente normal que podría durar un año, si ya se tiene todas las pruebas.
“Todos nos hacemos la misma pregunta, ¿ dónde están los homicidas del 26 de marzo de 2022?, estamos esperando que los presenten, llama mucho la atención, que están capturando a personas por el delito de agrupaciones y colaborador, pero no especifican en qué delitos han colaborado”, expresó la abogada.
Para el juez segundo de sentencia de Zacatecoluca, Antonio Durán, existe una impunidad porque no se tiene el conocimiento de las investigaciones y si se ha individualizado a los responsables por los homicidios que le dieron cabida al régimen de excepción.
“De esas muchas muertes de esos tres días, lo que podemos deducir es que hay impunidad, porque no se ha individualizado a los actores ni se ha iniciado procesos, al menos desde las redes no podemos afirmar que se hayan procesado”, comentó.
El juez dejó entrever que lo que hace más difícil el juzgamiento es que son casos voluminosos, que los fiscales están haciendo requerimientos de más de 100 personas, y que deberían de individualizar a cada uno de los imputados.
“Lo que sí se puede ver es que no han publicitado desde el gobierno, porque ellos toda acción así le sacan propaganda, pues de esas muertes no han anunciado que se haya presentado requerimiento por las 87 muertes y si se han individualizado o no, no se conoce ese tema”, dijo el juez Durán.
Los que huyeron de su hogar
El Diario de Hoy visitó a familiares de personas asesinadas durante la ola de violencia de marzo 2022 en La Libertad y Ahuachapán, pero estas abandonaron sus casas y no han dejado rastros de su actual ubicación; por lo menos así lo confirman los vecinos.
A pesar de que en el país ya se contaba con el plan control territorial y el recién aprobado régimen de excepción, esto no fue suficiente motivo para que estas familias se sintieran seguras.
En el caserío El Mango del cantón Tacubita vivía Lilian del Tránsito Menéndez, de 40 años, una de las nueve víctimas asesinadas en el departamento de Ahuachapán el sábado 26 de marzo. Lilian vivía con dos hijas y su madre.
Los vecinos le llaman “Los Pinos” al lugar donde habitaban, porque hay tres pinos que rodean la casa. La familia huyó luego que sepultaron a Lilian, destruyeron la casa y solo dejaron una champa que servía de cocina. Nadie sabe a dónde se fueron ni tampoco si los asesinos fueron capturados.
En el volcán de San Salvador, en el cantón San Juan Los Planes de Quezaltepeque, vivía la familia de Óscar Rutilio Carpio, de 33 años, una de las víctimas de los 12 homicidios que hubo en el departamento de La Libertad ese 26 de marzo. Donde estaba el terreno con una casa solo ha quedado un viejo sofá a la intemperie en medio de la maleza. La familia huyó sin dejar rastros.
En el caserío Centro de Santa Tecla, también en La Libertad, está la madre de Mario Zepeda, de 35 años, un panadero asesinado en el cantón Álvarez del mismo municipio.
Ella dijo que renunció a saber quién mató a su hijo, y así se lo dijo a la Policía. “Aunque capturen a los responsables, ya mi hijo está muerto y no me lo van a revivir”, comentó. La pareja de Mario tuvo a su hija un mes después del asesinato.