Seguir restringiendo los derechos fundamentales de los salvadoreños para combatir la criminalidad es una muestra clara de que los planes de seguridad no están funcionado, afirma Humberto Sáenz Marinero, abogado y presidente de Acción Ciudadana.
“Normalizar un régimen de excepción es desnaturalizar su propósito e implica un abierto reconocimiento al fracaso de la política publica de seguridad del actual gobierno”, dijo Sáenz Marinero a El Diario de Hoy este martes.
El presidente de Acción Ciudadana recuerda que esta suspensión de derechos constitucionales que la Constitución prevé ante situaciones extraordinarias es una medida diseñada para ser temporal.
Mantenerla implica reconocer que con las herramientas que da la ley el gobierno no puede contener la violencia.
Explicó que si bien es cierto que se trata de un fenómeno complejo, combatirlo no requiere de suspensión de garantías constitucionales, pues las herramientas que ya provee la legislación “deberían ser más que suficientes para que las instituciones encargadas de investigar y combatir la delincuencia derivada de las actuaciones de las pandillas” hagan su trabajo y presenten soluciones a los salvadoreños.
Recientemente y en la misma línea, El diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, enfatizó que el gobierno ha tenido los instrumentos legales suficientes para hacer frente a las pandillas, y no tener que recurrir a medidas extremas que han desencadenado en “abusos” y que “paguen justos por pecadores”.
También: Gustavo Villatoro revela que cabecillas MS operan desde México por régimen de excepción
Pese a tener estas herramientas, el régimen de excepción se abre paso por cuarto mes consecutivo y en medio de graves señalamientos de abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.