La Asamblea Legislativa, con votos de Nuevas Ideas y sus aliados, aprobó este domingo una nueva prórroga del régimen de excepción por otros 30 días. La medida, que suspende garantías constitucionales, fue aprobada por primera vez el 27 de marzo de 2022, por lo que se está a menos de tres meses para que se cumplan tres años ininterrumpidos con el régimen de excepción vigente en El Salvador.
En la plenaria de este domingo, esta prórroga, que ya es la número 34, se aprobó de manera exprés, con dispensa de trámite, como se ha hecho en cada una de las ocasiones anteriores. Según la pieza leída durante la sesión, la iniciativa se aprobó por el Consejo de Ministros en una reunión mantenida el 16 de diciembre de 2024.
En esta, según el texto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, expuso a sus colegas que las condiciones que propiciaron el establecimiento del régimen de excepción hace casi tres años se mantienen, por lo que era indispensable su continuidad.
Según el gobierno, se han detenido más de 83,900 personas e insiste en que se deben mantener las medidas de suspensión de derechos constitucionales “para continuar las actividades operativas de seguridad”.
Pese al discurso que enarbola el oficialismo de que el país es el “más seguro del Hemisferio Occidental”, también argumenta que “el fenómeno criminal persiste en el país” y que han cambiado “las tácticas” utilizadas por las estructuras delictivas
Según los considerandos leídos, las estructuras criminales mantienen su presencia en las comunidades del país mediante la utilización de herramientas tecnológicas, como las redes sociales, y grafitis. También se habla de una reciente captura de pandilleros que buscaban abandonar el país por "vía aérea" como una de las justificaciones para su continuidad.
La medida permitió que el 2024 finalizara como el año con la tasa más baja de homicidios en el país durante la última década, según el presidente Nayib Bukele, quien aseguró a través de su cuenta de X (Twitter) que la tasa fue de 1.8 por cada 100,000 habitantes.
Sin embargo, estos datos no pueden ser contrastados debido a que el gobierno ha impuesto reserva de información por siete años a las estadísticas de todos los indicadores de violencia.
Además, habrían al menos 329 fallecidos bajo el régimen de excepción hasta el 15 de diciembre de 2024, según datos de la organización pro derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Familiares de muchas de esas 329 víctimas han afirmado que los cuerpos de sus parientes tenían heridas, quemaduras o golpes en diferentes partes, y sospechan que son señales de las torturas físicas a que fueron sometidas.
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Otras personas murieron a pocos días de ser entregados a sus familiares, en estado cadavérico o con enfermedades terminales.
A pesar de estos señalamientos y hechos en contra de los derechos humanos, el nivel de aceptación que tiene el régimen de excepción entre la ciudadanía salvadoreña es del 76%, según una encuesta de octubre elaborada por la Universidad Francisco Gavidia, dado que percibe una mejora en la seguridad en el país, ante la baja de accionar pandilleril.
Por otro lado, la Asamblea Legislativa tiene pendiente la elección de la persona titular de la Corte de Cuentas de la República (CCR), ya que en septiembre la expresidenta Roxana Soriano presentó su renuncia para pasar a figurar como la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (a pesar de estar inhabilitada para el cargo).
La Comisión Política ya tiene el dictamen favorable para que sea el pleno quien elija a la persona que acompañará en la gestión al primer y segundo magistrado, Julio Bendeck y José Flores, respectivamente, hasta 2026.