El padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), se sumó a las voces que han rechazado que el régimen de excepción haya sido prorrogado por 30 días más por parte de la Asamblea Legislativa al señalar los abusos de autoridad que, según él, se ha cometido desde el pasado 27 de marzo que el gobierno aplica la medida.
Para Oliva la ampliación del decreto avalado inicialmente tras un alza de homicidios atribuida a las pandillas "no se justifica", pues consideró que dicha causal ya no es válida al tender a normalizarse la situación.
"El estado de excepción no tiene lugar ni debe continuar y de hecho acabamos de vivir la aprobación de la segunda prórroga, serían 90 días de estado de excepción, pero la misma Constitución dice que solo se podrá prorrogar si se mantienen las circunstancias que generaron esa necesidad, y ahora no se están dando las mismas situaciones, ya no sigue ese número de homicidios", afirmó en La Entrevista de radio YSUCA.
El decreto suspende temporalmente los derechos de libre asociación, inviolabilidad de las comunicaciones y defensa ante detención. Además, extiende el periodo máximo de detención administrativa de 3 a 15 días.
En este marco, organizaciones de la sociedad civil han reportado denuncias por violaciones a otras garantías constitucionales que no están restringidas. Al mismo tiempo, se ha registrado cientos de capturas arbitrarias y otros abusos de poder.
"El Estado tiene un control total de la situación, no se justifica que esto (régimen de excepción) se haya prorrogado, muchos juristas lo señalan y creo que además está permitiendo que haya detenciones arbitrarias", apuntó el padre Oliva.
Hasta el 26 de mayo, Cristosal informó que había recibido 757 denuncias por vulneraciones de derechos humanos a ciudadanos, la mayoría de estas por capturas arbitrarias.
Preocupan reformas penales
El rector de la UCA mostró preocupación, también, por las reformas penales que la Asamblea ha avalado en el contexto del régimen de excepción, entre estas se refirió a la denominada "ley mordaza donde a los medios de comunicación se les prohíbe dar información sobre el actuar de pandillas" y que castiga a quienes divulguen mensajes alusivos a dichos grupo delincuenciales hasta con 15 años de cárcel.
"Me preocupa algo que va a permanecer después del estado de excepción que es la modificación que se ha hecho a algunas leyes que permiten al Estado cometer abusos y al Órgano Judicial dar penas muy grandes y desproporcionadas con el daño realizado", agregó.