“Le dijeron a mi hija que querían hablar con ella, le tomaron fotografías ¿Para qué, no sé?. Ella solo tiene nueve años, le pidieron que dijera que su papá era un delincuente, pero como ella les dijo que su papá vende frijoles y arroz, la acusaron de mentirosa”, este es solo uno de los 2,742 familiares afectados por las capturas en el régimen de excepción, documentados por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUD), entre marzo de 2022 y septiembre de 2023.
“Esto es el marco de una detención donde no solo se ve afectada la persona sino también los familiares en este caso una niña que atestigua el momento en qué su papá es capturado, le hacen preguntas y luego la tildan de mentirosa”, expuso Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), durante el programa televisivo Frente a Frente de esta mañana.
El coordinador del OUDH, Jorge Rodríguez, agregó que de los 2,742 familiares afectados un 33.4% son niños, niñas y adolescentes y un poco más de 62% son mujeres. “Estamos hablando de dos poblaciones que están en una condición de vulnerabilidad debido a un procedimiento institucional mal aplicado y no fundamentado”, dijo.
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— OUDH El Salvador (@oudhsv) June 11, 2024
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El informe revela que los mayores impactos por las afectaciones psicológicas en los niños, niñas y adolescentes son estados de preocupación constante, tristeza, angustia, estrés y frustración.
¿Qué país estamos construyendo con todas estas afectaciones a nivel de salud mental, a nivel de salud física, a nivel de truncamientos de proyectos de vida, tanto de la primera infancia, como de las personas mayores que se encuentran en esa indefensión?, cuestionó Santos a respecto.
En cuanto a las afectaciones físicas en las y los menores de edad se ha observado pérdida del apetito en el 28.4% de los casos, disminución del sueño en un 21.5%, cansancio y fatiga en un 13.6%, náuseas y vómitos en un 9%, entre otros.
Los investigadores del Idhuca encontraron que las y los menores también presentan afectaciones sociales y educativas, entre ellas, la pérdida y deterioro de las redes de apoyo social y comunitario, deserción escolar y estigmatización.
“Hay que ponernos en los zapatos de las víctimas de las pandillas y de las víctimas del Estado. En este caso, estamos hablando de personas que no tienen vínculos con pandillas y que están teniendo estas afectaciones”, manifestó Santos.
El OUDH destaca en su informe que para la atención de las y los menores el Consejo Nacional de la Primera Infancia, niñez y Adolescencia (Conapina) no cuenta con programas ni acciones institucionales, interinstitucionales o atenciones en apoyo a la niñez y adolescencia con familiares privados de libertad en el marco del Régimen de Excepción.
Además, indica que ante la solicitud de información al ministerio de Educación, este respondió que no “hay información sobre estudiantes que tengan a padres o responsables privados de libertad”.
Sin embargo, en los últimos meses el ministerio de Educación ha ordenado el fichaje de estudiantes considerados “antisociales”, tomando como parámetro indicadores ambiguos, como si un alumno “se le observa cansado y con sueño”.