Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch (HRW) señala que las medidas y reformas impulsadas por el Gobierno de Nayib Bukele para “combatir la delincuencia” en el país “violan derechos de los niños, la libertad de expresión y garantías básicas del debido proceso”.
Esto al referirse a un análisis jurídico elaborado por HRW sobre las leyes adoptadas por el Gobierno salvadoreño en respuesta a la violencia cometida por pandillas.
Este informe hace referencia al régimen de excepción que está vigente en el país desde el 27 de marzo pasado, luego de que el presidente Bukele lo solicitara a la Asamblea Legislativa, ante la ola de homicidios que entre el viernes 25 y el domingo 27 de ese mes, se cobró la vida de 87 personas.
Sin embargo, a juicio del organismo internacional, las disposiciones aprobadas de forma exprés por la Asamblea Legislativa dominada ampliamente por el oficialismo “abre la puerta a que se cometan graves abusos”.
El investigador sénior para las Américas de HRW, señaló que “el gobierno de El Salvador debería adoptar medidas respetuosas de los derechos humanos para proteger a la población de la atroz violencia de las pandillas, desmantelar estos grupos criminales y llevar a los responsables de abusos ante la justicia”.
Añadió: “Por el contrario, Bukele ha impulsado leyes excesivamente amplias y punitivas que socavan los derechos fundamentales de todos los salvadoreños”.
Reformas violan obligaciones de El Salvador sobre DD.HH.
El análisis recuerda que unos días más tarde, Bukele promovió un paquete de reformas penales y que estas fueron aprobadas rápidamente por sus diputados, sin la discusión o análisis respectivo. Posteriormente, subraya que tales enmiendas “violan, de múltiples maneras, las obligaciones de El Salvador con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos”.
También se profundizó en las enmiendas al Código Penal aprobadas este 5 de abril que castigan hasta con hasta 15 años de cárcel la difusión de mensajes de pandilleros en la prensa salvadoreña con el fin de evitar “zozobra y pánico” en la población.
Para Human Rights Watch, estas disposiciones son “excesivamente amplias y podrían ser utilizadas fácilmente para perseguir penalmente a críticos y periodistas”. “Esta reforma es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión y asociación que establecen que estos derechos solo pueden ser restringidos cuando ello resulte estrictamente necesario y proporcional para un objetivo legítimo, tal como proteger la seguridad nacional o los derechos de los demás”, se lee en el documento.
Cárcel a partir de los 12 años
Por otra parte, el estudio hace referencia a las modificaciones aprobadas el 30 de marzo pasado donde se establecen penas de prisión de hasta 10 años para menores de entre 12 a 16 años, acusados de ser “miembros de grupos terroristas o cualquier otra agrupación criminal”.
Respecto a esto, HRW subrayó que la ley salvadoreña establece que “los menores de edad tienen derecho a no ser recluidos en centros de detención para adultos”.
En ese sentido recordó que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de la cual El Salvador es Estado parte, define como niño a cualquier persona menor de 18 años y que el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que se encarga de brindar interpretaciones autorizadas de dicha Convención, ha instado a los Estados a que garanticen que la edad mínima de responsabilidad penal no sea inferior a 14 años, y los ha alentado a que aumenten progresivamente la edad de responsabilidad penal.
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Sanciones desproporcionadas
En esa misma fecha se aprobaron otras reformas que endurecen las penas de prisión para los miembros de las pandillas, ya que los condenados por liderar una pandilla “terrorista” ahora enfrentaran penas de 40 a 45 años de prisión, en lugar de penas de hasta 14 años, como previamente establecía la legislación. Además, ser miembro de una pandilla ahora será penado con 20 a 30 años de cárcel, en lugar de 3 a 5 años.
“La nueva legislación establece penas de larga duración que podrían resultar en sanciones desproporcionadas”, señaló Human Rights Watch.
Otro aspecto analizado por el organismo internacional son los cambios en la ley para que las penas de prisión por colaborar con pandillas pasen a ser de 20 a 30 años, mientras que antes eran de 3 a 6 años.
Respecto a esto, HRW considera que las enmiendas dejan definiciones vagas y ambiguas que “podrían ser empleadas para penalizar a familiares de pandilleros, abogados, periodistas y miembros de la sociedad civil".
De hecho, en un tuit del pasado 3 de abril, el presidente Bukele acusó a periodistas, organizaciones no gubernamentales, jueces y políticos que criticaron sus medidas de “defender” a las pandillas y utilizarlas como su “brazo armado”. Inmediatamente, el diputado de Nuevas Ideas Jorge Castro, respondió que “gracias a las reformas, todos ellos serán ahora considerados como ‘grupos terroristas’ por sus vínculos con estos grupos criminales”.
Expanden la prisión preventiva
El informe señaló que la decisión del órgano legislativo de expandir la prisión preventiva obligatoria para incluir todos los “delitos cometidos por miembros de grupos terroristas (maras o pandillas) o cualquier otra organización criminal” es incompatible con estándares internacionales de derechos humanos que exigen que la prisión preventiva sea siempre el resultado de una determinación individualizada que concluya que se trata de una medida necesaria y proporcionada para impedir la fuga del imputado o evitar la alteración de las pruebas o la comisión de nuevos crímenes.
La Asamblea también modificó el Código Procesal Penal para permitir la prisión preventiva por tiempo indefinido para aquellas personas acusadas de formar parte de “grupos terroristas o ilegales”, independientemente de los cargos que se les imputen, sin importar que esto podría violar el derecho de los acusados a ser juzgados o liberados en un plazo razonable, con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Respecto a las más de 7,400 detenciones anunciadas por Bukele este 7 de abril, HRW opina que el mandatario parece ignorar que algunas personas con tatuajes pueden haber abandonado las pandillas y que algunos pueden ser víctimas de reclutamiento forzado.
Ante este panorama, Pappier señala que “al desmantelar el Estado de derecho en el país, el presidente Bukele ha socavado la protección de los derechos de todos los salvadoreños y ha debilitado enormemente la capacidad de las autoridades para investigar la violencia de las pandillas”.
“Esto es precisamente lo contrario de lo debería buscar una política de seguridad robusta y respetuosa de los derechos humanos”, concluyó.