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Reformas electorales abren vía para mayor consolidación del poder de Bukele, denuncia organización

WOLA ve grave dicha situación, pues advierte que el Tribunal Electoral (TSE) “carece de independencia”, un hecho mostrado al dictaminar que se permite un nuevo mandato presidencial consecutivo.

Por Eugenia Velásquez | Mar 25, 2023- 23:07

Las elecciones para presidente, vicepresidente y diputados de la Asamblea será el 4 de febrero de 2024. Foto EDH/ Menly Cortez

“Los esfuerzos continuos del presidente Bukele y su partido Nuevas Ideas para consolidar el poder dentro de todos los poderes del gobierno han generado una preocupación generalizada sobre el futuro de la democracia de El Salvador”. Así lo advierte WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), una organización líder en investigación y defensa de los derechos humanos en las Américas.

WOLA se pronunció así al referirse a la reforma electoral que aprobó la Asamblea Legislativa hace una semana, con la cual derogó el artículo 291-A del Código Electoral que prohíbe cambiar las reglas del juego electoral un año de las votaciones.

“Este es sólo el último paso atrás en el país entre una serie de violaciones de derechos humanos provocadas por el estado de emergencia (excepción) que ha estado en vigor durante poco menos de un año”, señala.

Lee también: "Las reglas se van a cambiar para beneficiar a un actor político", dice Ruth López sobre reformas electorales

La organización destaca que esta reforma electoral aprobada por la Asamblea oficialista sin ningún estudio previo y de forma exprés por los diputados del gobierno de Nayib Bukele, “abre la puerta a una infinidad de cambios en el proceso electoral, muchos de los cuales hacen sonar las alarmas de quienes han estado observando la eliminación de los pesos y contrapesos en El Salvador”.

Según manifiestan, esto se profundiza ante el anuncio de Bukele en septiembre del año pasado de postularse para una eventual reelección presidencial consecutiva en 2024, a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Ven grave dicha situación, pues advierten que el Tribunal Supremo Electoral “carece de independencia”. Un hecho mostrado al dictaminar que se permitía un nuevo mandato presidencial consecutivo.

“Estas acciones tienen como objetivo acabar con la transparencia electoral, concentrar el poder y, en última instancia, socavar la democracia de El Salvador. Desde que Bukele purgó el poder judicial en 2021 y declaró un estado de emergencia permanente de facto en 2022, la situación de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática se han erosionado aún más”, destaca el informe.

Resaltan que en un país en donde los estándares internacionales democráticos y de derechos humanos están siendo rechazados a “diestra y siniestra”, la importancia de la participación de la comunidad internacional para proteger los derechos civiles y políticos es crucial.

También:  Oficialistas apuestan a San Salvador con votos en el extranjero, dice Eugenio Chicas

Ante esto hacen un llamado a la comunidad internacional, incluyendo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, para que ponga sus ojos sobre El Salvador, “dado que se están realizando cambios en las reglas del proceso electoral a menos de un año de las elecciones, es imperativo que la observación y el seguimiento electoral comiencen con prontitud, especialmente en las condiciones preelectorales”, argumentan.

“Deben comprometerse con el gobierno de El Salvador, particularmente con el Tribunal Electoral, y proponer misiones de observación electoral en el país para garantizar un análisis integral del proceso electoral, incluidas las condiciones previas a la elección, así como sus consecuencias y el día de la elección en sí mismo”, subrayan.

Los esfuerzos continuos del presidente Bukele y su partido Nuevas Ideas para consolidar el poder del gobierno han generado una preocupación generalizada sobre el futuro de la democracia de El Salvador”

WOLA

Señalan que en el período previo a estas elecciones, Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional también deberían ofrecer apoyo político y financiero a la sociedad civil y a los periodistas independientes que supervisan las elecciones, promueven el estado de derecho y protegen los derechos civiles y políticos de los salvadoreños.

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