La comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa dio su aval para que 45 familias del caserío El Chorizo del distrito de Jiquilisco puedan recibir sus títulos de propiedad y escrituras en la zona.
La comisión emitió este lunes el dictamen favorable a la solicitud por unanimidad, la cual consiste en añadir a la comunidad en el artículo 2 de la Ley Especial para la Legalización de la calle, tramos de calle, de carretera, de derecho de vía y antiguo derechos de vía declarados en desuso y desafectados como de uso público, para ser transferidas en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que la habitan.
"Esta comisión cuenta con el informe técnico de referencia, de fecha 11 de mayo de 2023 suscrito por la Dirección General de Caminos del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte en el cual consta que al realizar el recorrido para la verificación técnica en donde se encuentra en donde se encuentra asentada la comunidad El Chorizo se determinó que donde se ubica es un tramo de calle en desuso", establece el dictamen.
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La semana pasada, de las más de 40 familias que requieren la ayuda legal, doce representantes asistieron desde Usulután a la Asamblea Legislativa y fueron recibidos por los diputados del mismo departamento Ángel Lobo y Omar Villanueva, para introducir la pieza de correspondencia.
El diputado Bladimir Barahona explicó que estas son calles que en algún momento sirvieron para el tránsito público, pero que por cualquier motivo quedaron en desuso y muchas veces personas que no tienen dónde habitar se asientan por años en dichas zonas.
"Ya hay un informe, el MOP dijo que ya no va a trabajar en esos terrenos, entonces lo mejor es podérselo dar a las familias salvadoreñas que lo habitan", dijo Barahona.
"Ellos (las familias) nos externaban su agradecimiento, porque por fin se ha visto esa necesidad y vamos a seguir trabajando en el departamento de Usulután para que este tipo de obras se lleve a cabo", dijo el diputado Ángel Lobos.
“El caso de nosotros hace 40 años que venimos viviendo… es que queremos que donde nosotros vivimos sea de nosotros, han pasado los gobiernos y nunca nos escucharon”, expresó Isaías Díaz, residente del caserío.
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Esta medida, de aprobarse en el pleno, se efectuaría a través del Fondo Nacional del Fondo de Vivienda Popular (FONAVIPO).
El 11 de mayo de 2023 comenzó el proceso de evaluación con el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, indicó Lobo.