La posibilidad de que la Asamblea Legislativa saliente presente y apruebe una reforma a la Constitución de la República para que esta sea ratificada por la legislatura que entrará en funciones a partir del 1 de mayo de 2024 estaría fuera de los tiempos de la jurisprudencia constitucional, de acuerdo a algunos especialistas.
Si bien el gobierno realizó un proyecto de reforma constitucional, liderado por el vicepresidente Félix Ulloa, hasta la fecha no se ha presentado formalmente a la Asamblea Legislativa para someterlo a aprobación en primera vuelta, es decir, con los votos de la mitad más uno de los diputados electos y que sea ratificada por la siguiente Asamblea por dos tercios de votos (mayoría calificada), según el artículo 248 de la Constitución de la República.
Con la conformación de la legislatura entrante que reduce de 84 a 60 los escaños, la mayoría calificada sería de 40 diputados. Y con los resultados de las elecciones del 4 de febrero el partido Nuevas Ideas tiene más de 54, es decir, más de los requeridos para la ratificación de una reforma y para mantener el régimen de excepción sin necesitar de otros partidos aliados.
Sin embargo, aunque se presente algún proyecto en lo que resta de la legislatura actual, el tiempo para que se apruebe una reforma a la Carta Magna implica que haya una elección de por medio y no solo el cambio de legislatura, eso de acuerdo a sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de años anteriores.
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“La Inconstitucionalidad 7-2012, emitida en diciembre de 2013, estableció que entre la aprobación de una reforma a la Cn y su ratificación por la siguiente Asamblea, debía mediar una elección, pues esto permitía que el pueblo se pronunciara con su voto, sobre el apoyo o no al acuerdo de reforma, como parte de la etapa informativa que este debía llevar”, comentó el redes sociales el especialista en temas electorales, Malcolm Cartagena.
Aunque dicha sentencia estaba vigente, en abril de 2015 la Asamblea Legislativa de aquel momento aprobó una reforma a los artículos 124 y 202 de la Constitución para ampliar a cinco años los periodos legislativos y de concejos municipales, pero esta se declaró inconstitucional por vicio de forma por haber omitido la fase informativa que permitiera a la ciudadanía decidir si apoyaba o no la reforma.
Se trata de la sentencia de Inconstitucionalidad 33-2015 que destaca que el órgano Legislativo aprobó el acuerdo de reforma a siete días antes de que la legislatura 2015-2018 iniciara sus funciones. “Para entonces, los resultados electorales ya eran firmes, por lo cual era imposible que los ciudadanos pudieran incidir en la conformación de la legislatura encargada de la ratificación. Y si ellos es así, entonces el proceso de adopción del acuerdo de reforma constitucional no cumplió con el procedimiento previsto por la Constitución, ni está democráticamente justificado”, indica el documento.
Además, en esa se estableció que “el escenario idóneo para publicitar el acuerdo de reforma y la postura del candidato a diputado es la campaña electoral”, la cual se desarrolla desde dos meses antes de la elección legislativa.
“Entonces, si en la campaña electoral se busca captar votos, al elector no puede negársele un conocimiento real, efectivo y pleno de las pretensiones del candidato ni del criterio decisorio sobre la reforma constitucional que este tendría si llegase a ser electo”, añade la sentencia.
“Por tanto, un decreto de reforma a la Constitución solo puede emitirse al menos seis meses antes de que asuma una nueva Asamblea, para permitir que la etapa informativa ocurra previo a la elección y durante el período de propaganda electoral”,
Malcolm Cartagena, experto electoral
Esto también es apoyado por el abogado Enrique Anaya, promotor de la demanda de inconstitucionalidad de 2015, quien reitera que ya no es tiempo de una reforma constitucional.
“Ahora bien, sabemos que eso le dará igual a la dictadura: casi con certeza, Nuevas Ideas presentará propuesta de reforma que aprobará esta legislatura y ratificará la siguiente. Al “bukelato” le da absolutamente igual la Constitución y las leyes: violan normas jurídicas todos los días y ellos muy contentos”, dijo a El Diario de Hoy.
Limitaciones a la reforma
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, también señaló que un aspecto del tránsito de una democracia hacia una "autocracia" hacer cambios en la Constitución. "El punto es que no debería de extrañar que se dé un cambio constitucional, ya sea en algunos aspectos puntuales o que tengamos un proceso constituyente originario", dijo en la entrevista Diálogo 21 este lunes.
Aunque también considera que se estaría fuera de tiempo para presentar una reforma constitucional.
"Si nos apegamos a lo que dice la Constitución y lo que establece la jurisprudencia, a esta fecha Nuevas Ideas ya no podría hacer ninguna reforma constitucional en esta legislatura",
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana
También mencionó a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que habla que debe hacerse antes de una elección. "La limitación de cuándo se puede hacer una reforma es precisamente con el fin que la ciudadanía conozca y que pueda ser objeto de debate ciudadano", expuso.
No obstante, indicó que se desconoce si se retomará la propuesta trabajada por la Vicepresidencia, la cual separa la función administrativa y la electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en una Sala. Pero no descarta que se busque cambiar el método de elección de los magistrados sobre quiénes los proponen, en referencia a los partidos políticos con mayoría de votos en las elecciones.
Fraude constitucional
Por su parte, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, indicó que es “comprensible” las inquietudes de la ciudadanía sobre la posibilidad que la Asamblea Legislativa saliente apruebe una reforma para que la ratifique la nueva legislatura.
“Esto sería un fraude a la Constitución, porque así como funciona esta Asamblea Legislativa podríamos el 30 de abril tener una aprobación y el 30 de mayo la ratificación”,
Claudia Ortiz, diputada de Vamos
Consideró que al establecer en la Carta Magna dos legislaturas para hacer cambios es para poder debatir el contenido y la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer esa posibilidad y valorarlo a la hora de emitir su voto.
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“Un segundo aspecto importante es que el oficialismo tiene una Sala de lo Constitucional que le hace los mandados, entonces hasta dónde es necesario, si ya lograron que exista una reelección presidencial inconstitucional, hasta donde puede o no ser necesario hacer una reforma de la Constitución para lograr los fines que tienen”, expuso.
Para la legisladora, se requieren reformas constitucionales para ampliar los derechos a las personas “y no para darle más poder al poder, sino para que se ratifique el derecho al agua con rango constitucional”, agregó. Otra propuesta que pone como ejemplo es que la población también tenga iniciativa de ley si reúne un número de firmas equivalente a las que se necesitan para elegir un diputado.
Elecciones de funcionarios
La nueva Asamblea Legislativa que inicia sus funciones en mayo tendrá entre sus funciones la elección de un tercio de magistrados de la CSJ y la elección de nuevos magistrados del TSE y como ocurrió en la actual legislatura, se seleccionarían por mayoría y no por perfiles que cumplan con los requisitos idóneos.
“Es un reto y la última línea de garantía de esto es la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía debe exigir que eventos como las graves violaciones al Código Electoral y a la Constitución que se dieron en estos comicios de 2024 no se vuelvan a repetir. Y con magistrados que estén plegados al poder, ya de manera totalmente descarada, va a ser muy difícil”, dijo Ortiz.
Comentó que es importante que se tenga un árbitro electoral imparcial y que se puedan desarrollar próximas elecciones de forma libre. La legisladora también hizo un llamado a la comunidad internacional para mantenerse vigilantes de la situación de la democracia en el país.