Con el titular de la obra “Cómo mueren las democracias”, de Daniel Ziblatt y Steven Levitsky, se podría ejemplificar lo que está pasando en América Latina. Esta fue la conclusión del primer encuentro denominado “Las Reelecciones en Latinoamérica”.
El libro en mención trata de mantener la alerta de que cualquier democracia, sin importar el andamiaje por el cual esté soportada, puede caer en el abismo de un gobierno autoritario.
Además argumenta que las democracias no perecen por grandes golpes, sino por acciones graduales, casi del día a día, que van socavando poco a poco los pilares de la institucionalidad, el balance de poderes y los derechos individuales.
El doctor Antonio María Hernández, profesor de Derecho Constitucional en Córdoba, Argentina, citó el libro para expresar que en América Latina son pocos los países que viven en una “democracia pura”. Para el abogado, la región atraviesa por un “presidencialismo de transición” y varios países ya tienen sistemas “híbridos o autocráticos”.
Es decir, Latinoamérica no tiene una dualidad de democracias puras y dictaduras brutales, sino un espectro de países: algunos en consolidación democrática y otros descendiendo a autoritarismo.
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Hernández fue parte del elenco de constitucionalistas que participaron de un encuentro organizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC).
Ahí, el jurista explicó que el presidencialismo latinoamericano ha sido el protagonista de descalabros democráticos, especialmente cuando se sacude de encima los controles de otros órganos de Estado: el Judicial, que hace valer la legalidad sobre el capricho de turno; y el Legislativo, que contiene la voluntad popular y competencias para limitar el poder.
A su juicio, las “tristes historias de dictaduras latinoamericanas, del ejercicio personal del poder abusivo” tienen raíz en la violación de textos constitucionales.
Una de esas deformaciones constitucionales, dijo, es la reelección indefinida, que ha infectado a Venezuela y Nicaragua, y se expande en otros países, algo que Hernández calificó de “muy grave”.
Esos otros países, que aún no han consolidado gobiernos dinásticos e inamovibles, pero han avanzado en doblar el texto constitucional para romper la alternancia en el poder son muestras de esa transición hacia regímenes híbridos que combinan elementos democráticos débiles con un creciente autoritarismo.
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Los abogados constitucionalistas invitados coincidieron en que la reelección inmediata no es compatible con la democracia representativa, donde el poder está repartido y se busca garantizar los derechos de las minorías políticas, y advirtieron que la corrupción y las dictaduras son consecuencia de las reelecciones presidenciales inmediatas.
De acuerdo a los constitucionalistas, en países como Perú, Colombia y Argentina, la población ha entendido, tras los problemas que vivieron con regímenes presidenciales continuos, que la renovación y la alternancia son lo más sano.
Caso salvadoreño
El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, calificó como “Crónica de una dictadura anunciada”, lo que pasa en El Salvador, parafraseando la novela de Gabriel García Márquez.
Pese a que en El Salvador la Constitución tiene seis disposiciones constitucionales que señalan la prohibición de la reelección presidencial inmediata, el actual gobernante Nayib Bukele anunció el 15 de septiembre de 2022 su candidatura para las elecciones de 2024.
OPINIÓN: Crónica de una dictadura anunciada (Capítulos I y II)
Esto se hizo por medio de la captura del órgano judicial, que ahora funciona como apéndice de la voluntad del Ejecutivo.
“El artículo 154 señala que el periodo presidencial es de cinco años y dice que comienza y termina el 1 de junio, y una frase que está desde 1841 que me encanta, dice: sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”, agregó.
La prohibición de la reelección inmediata es reforzada en el Art. 248 de la Constitución que cataloga la alternancia como una “cláusula pétrea”, es decir, no reformable.
Anaya reitera que la Constitución incluso contempla la pérdida de los derechos ciudadanos para quienes suscriban actas o proclamas para apoyar o promover la reelección inmediata. Además, obliga a la Asamblea Legislativa a desconocer al presidente, cuando terminado su periodo constitucional continúe en el ejercicio del cargo.
Con todo este antecedente, Anaya lamenta que “las fantasías autocráticas que desgobiernan a El Salvador” resulten en que la reelección inmediata sí es posible.
Manifestó que la intención de Bukele se venía plasmando en los antecedentes que se dieron, desde la toma militar de la Asamblea el 9 de febrero de 2020 y la desobediencia de sentencias judiciales durante la pandemia, lo que culminó con la purga del Órgano Judicial meses después.
Con esto en mente, Diego Valadés, presidente del IIDC, afirmó que “todos estamos siendo testigos de las deformaciones personalistas que acompañan al sistema presidencial” y los obstáculos que esto presenta para democracias sólidas donde se protejan los derechos.