Organizaciones civiles desconfían que la reducción de las comisiones legislativas permita mayor eficiencia para abordar diferentes aristas en cuanto a la defensa de los derechos humanos de la población salvadoreña, como el tema de las desapariciones, la justicia transicional y detenciones arbitrarias.
Esto en el marco de la reforma al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) aprobada en la sesión plenaria del 1 de mayo de este año, que redujo el número de comisiones permanentes, pasando de 20 a ocho, en las que se fusionaron las ya existentes. Esta dinámica le ocurrió a las de Defensa, Seguridad y Combate a la Narcoactividad y a la de Justicia y Derechos Humanos; de la que salió la “Comisión de Seguridad Nacional y Justicia”.
“Al colocar el tema de justicia y derechos humanos en la misma comisión en que se analizará también el tema de defensa y seguridad pública, se evidencia el desconocimiento de esta materia entre las personas legisladoras y sus asesores”, reaccionó la coordinadora del Área de Atención a Víctimas de Violencia del Servicio Social Pasionista (SSPAS), Amanda Libertad Castro.
En sintonía con lo anterior, la directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Gabriela Santos, señaló que el principal problema con la reducción de las comisiones es la invisibilización de las diferentes temáticas.
“El trabajo de las comisiones era mínimo, en todo caso, fusionarlas solo hace que los temas se anulen de un eventual debate y que se priorice un enfoque sobre el otro; defensa/seguridad por sobre justicia/derechos humanos, por ejemplo”, advirtió Santos.
Coincidieron en valorar como retrocesos en materia de derechos humanos la desaparición de esas comisiones, debido a que no se tendrá un espacio especializado en cada temática en particular, ni mucho menos profundizar el trabajo de cada comisión en aras de la protección hacia las víctimas.
Misma línea de trabajo
El escenario legislativo para el nuevo periodo es la continuidad del predominio del partido oficial, que se caracteriza por su falta de independencia y por acompañar el proyecto de autoritarismo desde la Presidencia de la República, señalaron integrantes de organismos consultados por El Diario de Hoy.
“Esta forma de gobernar autoritaria ha mostrado, en la práctica y en el discurso, un desprecio por los derechos humanos y ha continuado en los hechos en el abandono histórico en el que se encuentran las víctimas del conflicto armado”, señaló el jefe de Justicia Transicional de Cristosal, David Morales.
Se refirió a que al igual que en la legislatura anterior, aunque existiese una comisión legislativa obligada a tocar el tema de derechos humanos, “no cumplía con sus obligaciones en esta materia”.
En el periodo anterior (2021-2024) la comisión inició escuchando a familiares de víctimas del conflicto armado que trabajan en la búsqueda de una ley de reparación y de justicia transicional; sin embargo, nunca se aprobó y la propuesta que presentaron no volvió a discutirse.
“La apuesta de este gobierno que controla los órganos del Estado no ha sido en favor de la justicia ni promoción de la memoria, sino todo lo contrario. Instrumentaliza la memoria y la justicia para fines propios y esto termina de evidenciarse en esta fusión. Lo que hizo la Asamblea pasada fue archivar iniciativas de ley, en vez de impulsarlas”, añade Santos.
En cuanto a las desapariciones, la representante de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (Asdehu), Idalia Zepeda, lamentó que más allá de la cantidad de comisiones, se trata de un tema de voluntad política.
“Independientemente de que quitara el nombre de derechos humanos, sea un símbolo de peso, aunque estuviera (como lo estuvo en la anterior) tampoco se demostró que a través de esta comisión se pudieran hacer cambios”, manifestó Zepeda.
Y es que lamenta que a la fecha existe una agenda pendiente en el país sobre desapariciones desde el conflicto armado, o incluso desde antes: “Entonces las familias buscadoras siguen sin tener procesos sistemáticos integrales, no existe una legislación especial de búsqueda, ni un banco de ADN, ni se ha fortalecido la institucionalidad de búsqueda”.
A las instituciones que les compete la denuncia de Asdehu son a la Fiscalía General de la República (PGR), la Policía Nacional Civil (PNC) o, en segunda instancia, a la Procuraduría General de la República (PGR) y Defensoría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Por otra parte, agregan que el Estado salvadoreño omitió promover la ratificación de tratados internacionales relacionados, como la Convención Interamericana y la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas de Personas, tras la falta de la Ley de Justicia Transicional, ratifica que la nueva legislatura oficialista ya ha erradicado la temática de derechos humanos.
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Cristosal califica también como un retroceso el hecho que se manifiesta en la nueva organización legislativa que el enfoque de derechos humanos no tendrá prioridad, pero reconoce que es un escenario de continuismo.
“Esta forma de gobernar y de legislar, autoritaria, para lo cual los derechos humanos no son importantes, la cual ya ha erradicado la temática de derechos humanos en la denominación de las comisiones solo evidencia estas posiciones, esta forma de gobernar y de legislar autoritaria, para lo cual los derechos humanos no son importantes”, lamentó Morales.
Recientemente, siete organismos nacionales defensoras de derechos humanos, entre esas una que trabaja con enfoque de género, elaboraron un informe en el que destacan la urgencia de que exista un registro de personas desaparecidas en el país, una legislación para el tema de desapariciones y sacar a la luz el funcionamiento de los procesos de búsqueda y de sus posibles resultados.
Las organizaciones sociales reconocen que hay una falta de intención de la legislatura de recibir a la ciudadanía para abordar diferentes temáticas de interés nacional, y temen la continuidad o agudización de la problemática.
Otra comisión que ya no estará visible nominalmente es la de la Mujer e Igualdad de género, al fusionarla en la comisión de “Niñez e Integración Social”.
Régimen solo visto en material penal
Las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos ven con preocupación la falta de interés de velar por los derechos de las personas que no pertenecen a grupos delincuenciales y que aún así se les tiene encarcelados bajo el régimen de excepción.
“Es preocupante, a efecto de combatir la criminalidad, el gobierno del presidente Bukele y, particularmente, los diputados y las diputadas de El Salvador han decidido sepultar el tema del respeto irrestricto a los derechos humanos de tajo, no obstante haber sido uno de los cuatro principales objetivos del proceso de paz salvadoreño, plasmado concretamente en el Acuerdo de Ginebra el 4 de abril de 1990”, señala Castro.