El gobierno sigue sin nombrar a los representantes de los ministerios que formarán parte de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA). El rol de esta instancia es la de velar por la aplicación de la Ley General de Recursos Hídricos que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2021, pero que entró en vigor en julio de 2022.
En la ley quedó establecido que la junta directiva de la ASA la integrarán miembros de los Ministerios de Medio Ambiente, de Agricultura, de Turismo, de Vivienda, de Salud Pública, de Gobernación, de Economía, de Educación, de Obras Públicas, así como de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), de la Universidad de El Salvador (UES), y de los organismos zonales de Cuenca y de la sociedad civil.
A la fecha, el único que ha sido delegado por el presidente de la República, Nayib Bukele, es el presidente de la ASA, Jorge Antonio Castaneda Cerón. Su nombramiento fue realizado el 12 de julio de 2022, un día después de entrada en vigencia la ley de Recursos Hídricos.
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Castaneda Cerón fue hasta mayo el presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), ya que en esa fecha, los diputados aprobaron disolver a esa institución y trasladar las funciones del FONAES a la ASA.
Esta última instancia cuenta con seis meses a partir de la vigencia de la ley de Recursos Hídricos para aprobar la normativa interna. Mientras que todos los actores que hagan uso del agua tienen un año para realizar sus trámites en la ASA. Que la autoridad del agua esté incompleta les preocupa a las Juntas de Agua Rurales.
De acuerdo a la redacción de la ley, la Autoridad Salvadoreña del Agua creará un registro nacional de los recursos hídricos para controlar las autorizaciones, asignaciones y permisos. Además, habrá un tribunal sancionador responsable de castigar el incumplimiento de la ley.
Juntas de Agua
El Foro del Agua de El Salvador, que aglutina a las redes y Juntas de Agua Potable de las zonas rurales y periurbanas del país han solicitado a la ASA considerar ciertos aspectos, en especial, el cobro de cánones a estos sectores dentro de la elaboración de los Reglamentos Internos de la ASA.
Los miembros del Foro del Agua expusieron en una conferencia de prensa realizada el 28 de julio que en El Salvador existen más de 2,500 juntas de agua potable rurales y urbanas, las cuales abastecen a 1.4 millones de habitantes, lo que a su criterio equivale al 25% de la población salvadoreña.
“Esta es una obligación del Estado que históricamente ha sido abandonada, excluyendo a la zona rural de las políticas públicas de agua potable y saneamiento, por lo que la necesidad ha obligado a que el abastecimiento rural sea asumido por las propias comunidades y las ONG con fondos del gobierno en algunos casos, pero principalmente de la cooperación internacional”, expresaron los miembros del Foro del Agua en una misiva enviada al presidente de la ASA, Castaneda Cerón.
Señalan que han identificado que en los artículos 35, 41, 63, 71 y 109 se aborda de manera muy directa aspectos centrales de las Juntas de Agua Potable, por lo que consideran importante hacer propuestas para la elaboración de un Reglamento General de Atención a Juntas de Agua Potable Rurales y Urbanas.
Tras hacer un análisis exhaustivo en conjunto con más de 100 Juntas de Agua Rurales y urbano marginales de San Salvador, La Libertad, Cuscatlán, La Paz, Chalatenango y Morazán, llegaron a la conclusión de que se necesita crear un Registro Nacional de Juntas de Agua Potable y mecanismos de asistencia técnica, jurídica y financiera de las juntas.
Además, señalan que están conscientes de que las personas y las empresas deben pagar por el uso del agua, pero que dicho pago debe ser diferenciado a partir de las capacidades de las personas, la garantía del derecho humano al agua y del uso del recurso.
En ese sentido, proponen a la ASA que el canon de las juntas debe ser el precio simbólico de un centavo de dólar por familia al mes. Argumentan que como Juntas no cuentan con la capacidad económica para invertir en la infraestructura que exige la ley.
Piden al Estado generar proyectos específicos para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales y como Juntas de Agua convertirse en vigilantes en que se garantice el saneamiento.