El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador absolvió al periodista y exdiputado por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Raúl Beltrán Bonilla, acusado de presunta calumnia y difamación en perjuicio de José Orbilio Valladares, conocido popularmente como “José Youtuber”.
Valladares demandó a Beltrán Bonilla por supuestamente señalarle de poseer una plaza fantasma en la Asamblea Legislativa y de referirse a él con términos denigrantes por su orientación sexual.
Tras dos días de audiencia, el juez Jesús Ulises García absolvió al exfuncionario, argumentando que no se había logrado probar el delito, sobre las declaraciones de “la plaza fantasma”.
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Así mismo, el exparlamentario fue absuelto del delito de supuesta difamación, de la cual el creador de contenido alegó ser víctima, por un video en el que se hace referencia a su orientación sexual.
El juez aseguró que no se configura el delito de difamación, debido a que el demandante, en sus declaraciones, confirmó tener la orientación sexual señalada por Beltrán Bonilla.
En septiembre de 2022, en una audiencia de conciliación, el youtuber pedía que el exdiputado le pagará $20,000 para ponerle fin al conflicto, pero Beltrán Bonilla rechazó la petición. El monto después fue bajado hasta $5,000, pero también el periodista deportivo también lo rechazó.
Según las declaraciones de la abogada del demandante, Tanya Pastor, compartidas en sus redes sociales, el juez les informó que “el delito no se tipificó”, y como litigante consideró que “se está dejando un mensaje negativo para la población”.
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Pastor afirmó que como profesionales procede la apelación del caso, pero que sería el demandante quien tome la decisión.
Esta es la tercera vez que Beltrán Bonilla gana en los juzgados contra el creador de contenido.
Previamente se había solicitado la sentencia absolutoria, debido a que se había señalado que las acusaciones eran nulas; sumado a esto, el creador de contenido y su abogada no cumplieron el procedimiento legal al no ejercer su derecho a rectificación y respuesta antes de judicializar el caso.
Meses antes la defensa del exfuncionario explicó que “la ley exige que para procesar a alguien que tiene la calidad de periodista por difamación o calumnia tiene que exigir el derecho de respuesta, situación que no se ha seguido y que se ha acreditado mediante la declaración del presidente de corporación YSKL”.