Catorce miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), designada como organización criminal transnacional por las autoridades de Estados Unidos, tienen cargos judiciales pendientes en ese país, tan graves como homicidios, extorsiones, tráfico de drogas, tráfico ilegal de personas... y la orden de asesinar a un funcionario estadounidense.
En enero de 2021, La Fiscalía estadounidense presentó una acusación contra 14 de los líderes de mayor rango de la MS-13 en el mundo, conocidos como la Ranfla Nacional.
Los acusados en una Corte de Nueva York son: Borromeo Enrique Henríquez, “Diablito de Hollywood”; Élmer Canales Rivera, “Crook de Hollywood”; Efraín Cortez, “Tigre de Park View” y “Viejo Tigre de Park View”; Ricardo Alberto Díaz, “Rata de Leewards” y “Mousey de Leewards”; Eduardo Erazo Nolasco, “Colocho de Western” y “Mustage de Western”; Edson Zachary Eufemia “Speedy de Park View”; José Fernández Flores Cubas, “Cola de Western”; Fredy Iván Jandres Parada, “Lucky de Park View” y “Lacky de Park View”; Leonel Alexander Leonardo, “El Necio de San Cocos”; César Humberto López Larios, “El Greñas de Stoners” y “Oso de Stoners”; José Luis Mendoza Figueroa “Pavas de 7-11” y “Viejo Pavas de 7-11”; Hugo Armando Quinteros Mineros, “Flaco de Francis”; Saúl Antonio Turcios, Ángel “Trece de Teclas”; y Arístides Dionisio Umanzor, “Sirra de Teclas”.
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Canales Rivera, "El Crook", según audios publicados por el periódico digital El Faro, y relacionado en investigaciones judiciales de Estados Unidos, fue sacado de prisión y llevado hacia Guatemala por Carlos Marroquín, director de Reconstrucción de Tejido Social, dependencia del Ministerio de Seguridad y Justicia.
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De acuerdo con una publicación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de enero de 2021, la Ranfla Nacional ya ejercía “su poder sobre el Gobierno de El Salvador al cometer actos de violencia e intimidación en contra de funcionarios gubernamentales, la policía y la población general de El Salvador”.
“Al hacerlo, la Ranfla Nacional ha ordenado el asesinato de oficiales de la policía y el gobierno en El Salvador, como también dado una 'luz verde', u ordenar el asesinato, de un agente especial de la FBI desplegado temporalmente a El Salvador para investigar la MS-13 y sus pandilleros”.
Informe del ICE, 14 enero 2021.
Pero además, en ese mismo accionar delictivo, había ordenado el asesinato de un agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que había sido asignado temporalmente en El Salvador para investigar a la MS-13.
“Al hacerlo, la Ranfla Nacional ha ordenado el asesinato de oficiales de la policía y el gobierno en El Salvador, como también dado una 'luz verde', u ordenar el asesinato, de un agente especial de la FBI desplegado temporalmente a El Salvador para investigar la MS-13 y sus pandilleros”, indica el informe del ICE.
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El asesinato del agente especial no fue ejecutado, sin embargo, forma parte de las acusaciones que pesan contra los 14 cabecillas de la Ranfla Nacional solicitados en extradición por Estados Unidos, pero que el gobierno salvadoreño se ha negado a enviarlos a dicho país, con el argumento de que primero deben pagar las condenas por delitos cometidos en El Salvador.
“Más aún, al controlar el nivel de violencia de la MS-13, la Ranfla Nacional ejerció influencia sobre el Gobierno de El Salvador. Por ejemplo, según se alega en el pliego acusatorio, desde aproximadamente 2012 hasta aproximadamente 2015, la Ranfla Nacional entró en una 'tregua' con el Gobierno de El Salvador de ese entonces. Como parte de este acuerdo, la Ranfla Nacional le dio instrucciones a la MS-13 de reducir la cantidad de homicidios en El Salvador a cambio de mejores condiciones en prisión, beneficios y pagos en dinero en efectivo”. detallaba el ICE en enero de 2021.
Igual que en el 2012, el gobierno de Nayib Bukele, que inició en 2019, ha negociado con esa misma pandilla.
De acuerdo con una acusación presentada contra otros 13 cabecillas de la MS-13, en una Corte del Distrito Este de Nueva York, el actual gobierno se comprometió a no extraditar a los cabecillas de esa organización criminal a cambio de apoyo político en los barrios controlados por ellos, de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021, y de bajar los índices de homicidios para posicionar positivamente la imagen de Bukele.