Estas son algunas de las instituciones y parte de los programas que la Asamblea dominada por la bancada de Nayib Bukele han eliminado en lo que va de este periodo legislativo que inició el 1 de mayo de 2021.
- Fodes era dinero para obras de los municipios
El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), desarrollaba el precepto constitucional establecido en el Art. 207 que establece la creación del mismo, así como la obligación de las municipalidades de rendir cuentas sobre su uso. Cinco años después, esta disposición consignada en la Constitución de 1983 se desarrolló en la legislación secundaria. La primera vez que las alcaldías recibieron esos recursos fue en 1989. El monto era de 25 millones de colones.
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- ISDEM era la encargada de distribuir fondos
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal (ISDEM), era el responsable de distribuir el FODES entre las 262 alcaldías. A la fecha de su derogación, eran casi $500 millones los que administraba para repartirlos de acuerdo a los criterios de pobreza, territorio y población. Además les proporcionaba asistencia técnica, administrativa, financiera y de planificación. Era una entidad autónoma de derecho público especializada en el campo de la administración municipal.
- FISDL pasó a convertirse en Ministerio de Desarrollo Local
El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), era una institución gubernamental encargada de ejecutar proyectos sociales en el marco del Sistema de Protección Social Universal. Su misión era reducir la pobreza en El Salvador promoviendo procesos de desarrollo local. Esa entidad llevó a cabo el programa “Jóvenes con Todo” cuyo fin era mejorar el acceso al mercado laboral de ese sector, así como el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), que era un beneficio económico que se proporcionaba a personas en situación de vulnerabilidad, entre otros programas.
- Gobierno creó a la DOM para suplir al FODES
Según la ley de creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), ésta es la responsable de calificar, aprobar, contratar y ejecutar los proyectos de inversión, financiados con recursos provenientes de los fondos asignados en su presupuesto y con otras fuentes de financiamiento. El Director Ejecutivo de la DOM es nombrado por el Presidente para un periodo de cinco años. Su patrimonio está constituido por bienes muebles e inmuebles que a cualquier título adquiera el Estado, las municipalidades y las entidades públicas o privadas, así como de los ingresos provenientes de la cooperación internacional.
- FONAES pasó a ser ente rector de la Ley de Agua
El Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), fue creado el 16 de junio de 1994, con el objetivo de captar recursos financieros y administrarlos para el financiamiento de planes, programas, proyectos, y cualquier actividad tendiente a revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático. Con su anulación ahora pasa a ser la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que es el ente rector de la nueva Ley General de Recursos Hídricos.
- La DIGESTYC llevaba medición de cumplimiento del gobierno
La misión de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) era la de generar y proveer información estadística para la toma de decisiones en políticas públicas orientadas al desarrollo económico y social del país y para el servicio de la ciudadanía. Su visión la de ser el ente rector del Sistema Estadístico Nacional. Sin embargo, esta institución fue disuelta. Sus funciones así como su presupuesto pasarán a formar parte del Banco Central de Reserva (BCR), dedicado especialmente a procesar datos económicos.
- Eliminaron el programa Ciudad Mujer
Aunque no se trata de una institución como tal, el programa Ciudad Mujer contaba con recursos para implementar planes sociales dirigidos a las mujeres. En gobiernos del FMLN estaba liderado por la Secretaría de Inclusión Social con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su objetivo era mejorar las condiciones de vida de las mujeres salvadoreñas mediante la facilitación de servicios esenciales como salud sexual y reproductiva, atención integral a la violencia de género, empoderamiento económico y promoción de sus derechos, entre otros.