Si hay algo que le dolió a José Doré fue haber derrumbado con sus propias manos la casa que construyó para su familia a unos escasos 50 metros de la rivera del río Torola en el cantón Bado Ancho en el municipio de Carolina, San Miguel. La vida para él y otras setenta familias cambió cuando ingenieros de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) llegaron a la puerta de sus casas con el propósito de comprar sus terrenos bajo la justificación de que las aguas del embalse de la presa El Chaparral dejaría sus viviendas varios metros bajo el agua. Una promesa que está por cumplirse con la llena del embalse este próximo invierno (en 2023), según el anuncio de la gubernamental.
Doré la recuerda bien: era de adobe, con paredes altas y gruesas que fueron repelladas con tierra para darle más fortaleza. Ahí vivieron por más de 18 años junto con su familia y como todos en la zona se dedicaban a pastar ganado, cultivar maíz y de vez en cuando ir a pescar al río. El río Torola no solo significa una fuente de agua sino un lugar donde ir a descansar y pasar el rato en las orillas o en unos ausoles que, según los habitantes, es el punto de reunión para las familias para las fechas importantes de la comunidad como la Semana Santa.
El 30 de septiembre de 2008 a las 3:30 de la tarde, el entonces presidente de la República, Elías Antonio Saca tomó una pala con cemento y vertió el cemento dentro de la base de un pilar que daría inició a la construcción de El Chaparral, la quinta central hidroeléctrica del país más pequeño de Centroamérica. Han pasado 13 años desde que Saca llegó y aún no concluyen el proyecto que comenzó a planearse desde 2004. Presidentes han pasado y la estructura se convierte en la insignia de gestión y la muestran como la perla de la corrupción de quien lo antecedió.
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El Chaparral, ahora denominada por el gobierno de Bukele como “3 de febrero”, no solo perforó y dividió el suelo por donde pasa el río Torola, sino también provocó el desplazamiento de las familias, la deforestación de la fauna, migración de especies nativas que se refugiaban en esta zona y diversos conflictos sociales en las que el vencedor, a juicio de los afectados, fue CEL.
A unos cuantos pasos de la antigua casa de Doré, vivía Samuel Argueta, un agricultor que construyó su vivienda de adobe luego de trabajar por tres años en Estados Unidos.
Él emigró al país norteamericano para conseguir dinero y luego regresar a su país para levantar su casa, pero al poco tiempo de terminarla llegaron con la idea de la represa.
Por su mente no cabía la idea de desalojar y buscar otro lugar, junto con su ganado, en otra zona alejada de donde llegaría el embalse.
A pesar de que han pasado muchos años, el sentimiento de indignación y tristeza por haberse ido de sus tierras sigue vigente cuando hablan de ello.
“Este espacio fue donde yo crié a mi familia junto con mi esposa”, dice en tono pausado.
“Lastimosamente vino el proyecto de la represa El Chaparral, entramos en una anécdota de querer negociar y luego la reubicación. No fue fácil porque uno tiene su arraigo. Acá vivía, pero con el embalse ya no. No se puede ir contra la corriente porque con esos monstruos no se puede”, dijo Doré.
El proyecto fue uno de los más ambiciosos y en un primer momento se tenía pensado una inversión de $219 millones, pero con el paso de los años, litigios legales con Astaldi (empresa que ganó la licitación) se aumentó a $400 millones de dólares que para 2018 ya tenía un avance del 70%. En 2019, Daniel Álverez, presidente de CEL dijo ante la comisión de obras públicas de la Asamblea Legislativa que ya se calculaba un costo total de $759.4 millones.
El 1 de febrero de 2022 el presidente Nayib Bukele anunció que se tiene previsto construir un nuevo hospital Rosales valorado en $35 millones; con una división simple se puede dimensionar que con el valor de la represa se podían construir un aproximado de 21 hospitales Rosales o la remodelación de escuelas por cuatro veces, según las proyecciones del gobierno.
Movilización
En 2011 la revista académica Millenium de la Universidad Gerardo Barrios publicó que entre los problemas que las comunidades enfrentan con la llegada del embalse está el desplazamiento involuntario “representando un cambios drásticos en los estilos de vida, tanto en lo social, económico,cultural y ambiental” los cuales son despojados de sus tierras que son fuentes para “su seguridad física y alimentaria”.
Tanto Samuel como Doré consideran que la movilización después de vender sus tierras para la construcción de la presa fue uno de los eventos más importantes de su vida. De tener hasta más de 12 manzanas de tierra pasaron a dos. En esta nueva tierra ya no pueden cultivar ni criar ganado como antes. A los agricultores no les quedó de otra que arrendar parcelas para sembrar maíz y frijol y vender su ganado porque ya no existía más espacio.
“Cuando negocié con los señores de CEL nos dijeron que la propiedad que nosotros vendíamos iba a estar a favor de uno mientras llegaba el embalse, que serviría para sembrar pasto, criar ganado o cultivar. Lo que hoy están haciendo es que violaron los acuerdos y las palabras, por ese lado nos convencieron”, se queja Samuel frente a lo que fue su casa. Por el pago de las tierras la empresa hidroeléctrica acordó pagar un aproximado de $5,300 mil por cada manzana. Al cuestionar a los habitantes de dónde provienen sus propiedades explicaron que muchos años de trabajo y otros a partir de herencias de generaciones anteriores. Para llegar a este acuerdo pasaron años con decenas de reuniones, protestas y discusiones.
“Vivimos en una zona rural, pero para CEL y el gobierno no fue así. Para nosotros ese pedacito nos cuesta $12,000 solo el pedacito de tierra. Entonces para hacer $12,000 aquí (en Carolina) no los hace. ¿Qué toca? Emigrar a los Estados Unidos para lograr comprar ese lote y levantar esa casa”, señaló indignado Doré en una entrevista realizada en 2021.
Antes de la llegada de la represa, Doré y Samuel disfrutaban de pastar su ganado en sus parcelas, pero con la movilización y con el poco espacio tuvieron que incluso vender sus vacas que se simplifica en no obtener alimentos como leche o cuajada los cuales sirven para venderse y sacar ganancias.
“Teníamos el ganadito y de ahí sacamos la leche y si quiere un par de ‘pesos’ vende un A este tiempo ya no se puede trabajar y por la pandemia el precio del ganado bajó y casi no sale nada. De qué voy a sobrevivir yo, antes tenía mis cosas y ahora de qué voy a sobrevivir. Es una vida diferente y si estoy viejo y sin fuerzas, solo somos nosotros aquí”, señaló Doré con tristeza.
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Una nueva vida
Doré cuenta que en marzo de 2019 no le quedó de otra que derrumbar su casa y dejar todo atrás. Tenerla en pie resultaría para él un recuerdo doloroso que no estaba dispuesto a tener presente. Samuel, prefirió mantenerla en pie, desde que la abandonó dejó de convertirse en su hogar para ser una bodega para comida de ganado.
“Ahora estamos a la intemperie, no se puede cultivar una mata de maíz porque ya todos los cercos que limitaban cada quien su propiedad, ya la CEL dio la orden que todos los quitará. Ha quedado aquí como que es un desierto ya, sin nada”, comenta Samuel quien también asegura que otros de sus conocidos comenzaron a vender su ganado por la necesidad de conseguir más dinero y sobrevivir cuando ya no tengan tierras para sembrar. “En 2022 nadie va a cultivar”, agrega.
La nueva casa de Samuel será la segunda vivienda con la que se encontrará el embalse. Tratando de imaginar cómo quedará todo lo que ahora es una planicie de vegetación convertido en un manto de agua.
“Las empresas grandes que vienen haciendo con nosotros: sacando lo que teníamos. CEL me pagó y de ese dinero ya no tengo. (…) La propiedad no porque se mantiene y uno de ella se mantiene, yo mantenía 50 vacas que ordeñaban 15, sacaba los productos lácteos y vámonos a venderlas al siguiente día”, concluyó.}