Proveedores de paquetes escolares temen importantes pérdidas debido al impago y posible cancelación de contratos después que el Gobierno central anunciara un plan para la confección de uniformes y zapatos escolares al interior de Centros Penales.
“Tenemos 14 años de venir trabajando en nuestros talleres, empleando otros talleres y personas de fuera”, señaló una proveedora de uniformes escolares bajo el anonimato debido a que tienen miedo a futuras represalias por exponer la situación.
A través de una cadena nacional el director de Centros Penales, Osiris Luna, informó a la población que parte del Plan Cero Ocio es que “48,000 reos en fase de confianza, y no peligrosos, trabajando en el territorio nacional en diferentes talleres para contribuir en la reconstrucción de nuestro país y así reparar parte del daño que hicieron a la sociedad, generando más de $56 millones de ahorro al Gobierno”.
Dicho proyecto incluye la fabricación de uniformes y zapatos escolares; sin embargo, esta medida vendría afectar directamente a los pequeños y medianos empresarios que recientemente habían tenido que invertir en sus talleres para pasar las revisiones necesarias para mantener sus contratos.
“Los proveedores invirtieron en mejorar sus espacios debido a que estaban regulados por las autoridades en los que debían demostrar la cantidad de máquinas disponibles”, señaló David Rodríguez, del sindicato Bases Magisteriales.
1,500 familias aproximadamente dependen de estos contratos con el Gobierno.
“Esta situación nos está preocupando a ambos gremios (proveedores de uniformes y zapatos) no se nos da una explicación del porque dicha desiciones, si nosotros como gremio les hemos cumplido en los tiempos establecidos y hemos aceptados todos los cambios que se han venido dando en dicho programa”, señaló la fuente consultada por este medio.
Según las denuncias recibidas en Bases Magisteriales hay proveedores en diferentes puntos del país a los que no se les ha cancelado lo acordado por sus servicios y presentan un retraso en el pago correspondiente a 2023 y el primer abono de 2024.
La organización sostiene que esta abrupta medida desestabilizara más la economía de los hogares debido a que muchos de esos proveedores locales trabajan a base de préstamos y la inversión ya está hecha.
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“Que por lo menos los dejen que paguen lo que ellos deben y han invertido antes que el programa de reos entre; para nosotros es preocupante porque si llegando el sastre siempre hay problemas con las tallas, y los maestros no son expertos deben buscar una solución que no recargue más a los maestros”, agregó Rodríguez.
El anuncio fue hecho de forma sorpresiva el 5 de julio y posteriormente las autoridades no han brindado más detalles de cómo será implementado este mecanismo en 2025.
“Es una fuente de ingresos para los talleres de calzado y costura, era dinero que iba directamente a nosotros y pues simplemente sabemos por una cadena que ellos por ahorrar dinero quieren que los privados de libertad se hagan cargo de la situación, lo vemos injusto y totalmente erróneo para la economía de muchos trabajadores”, agregó la fuente quién señala que su caso toda la familia está empleada en estas actividades, al no tener esta demanda deben empezar a buscar otras alternativas.
Bases Magisteriales señaló que en los últimos días han recibido una gran cantidad de llamadas relacionadas “hay una incertidumbre entre los proveedores de zapatos porque les hicieron sacar solvencias para este año, en el caso de los sastres no saben si van a entregar el segundo uniforme”.
Según lo expuesto por el sindicato no solo es el miedo a perder los contratos sino que los proveedores también tienen temor de recibir represalias gubernamentales al ir a expresar el impacto económico que van a sufrir.
A finales de enero de este año, El Diario de Hoy confirmó con un grupo de proveedores de uniformes en Usulután quienes habían tenido problemas en el pago de 2023 tras la denuncia comenzaron a llamarles para gestionar su proceso.
Demandas incumplidas
“Nuestro único enemigo son las demandas que no han sido cumplidas al sector”, señaló el representante de Bases Magisteriales a través de un programa de entrevista matutino.
“En educación hay una deuda, compañeros que no quieren manifestarlo por miedo a que les llamen la atención, ya hemos tenido en algunos municipios compañeros que les han llamado la atención por el hecho que padres se organicen” presuntamente para pedir se solventen las necesidades de los centros escolares.
En promedio los centros escolares deben trabajar anualmente con un presupuesto de $1,500 para gastos operativos y los servicios básicos, para cubrir con las necesidades algunas escuelas habían solicitado directamente a las alcaldías de su localidad el pago del servicio de energía eléctrica, pero tras la reorganización esto se ha visto afectado.
“Algunas alcaldías pagaban estos recibos de energía y han comunicado que ya no pueden hacerlo porque está el programa Mi Nueva Escuela”, señaló Rodríguez.
Desempeño escolar
“Los resultados educativos dependen del nivel de inversión que se hace, sigue habiendo una deuda en el sistema esto es fruto de un problema que se trae de la falta de atención que se tiene en el sector”, afirmó Rodríguez sobre el bajo desempeño que obtienen los alumnos en las pruebas nacionales.
Pero también sostiene la flexibilidad que ha habido en educación en la que permite que un niño falte 60 días de los 200 de clase y aunque tenga un bajo puntaje será aprobado al grado inmediato superior ha generado una pérdida de interés por parte de los estudiantes.
“Atender dos hijos en la casa ya cuesta, atender 40 estudiantes con diferentes capacidades no es fácil estuvimos sometidos por años a una cuestión de violencia en las comunidades, eso ha arrastrado y que ha generado problemas de salud en los docentes”, concluyó Rodríguez.