El 1 de abril de 2025 la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, aprobó la prórroga número 37 al régimen de excepción y el decreto ya aparece publicado en la edición del Diario Oficial de la misma fecha. Las prórrogas demuestran ciertos patrones en las justificaciones que da el gobierno para mantener la medida que ha dejado de ser excepcional, de acuerdo al documento de análisis "La suspensión permanente de garantías constitucionales en El Salvador: Una mirada al régimen de excepción en El Salvador a tres años de su aprobación", realizado por el abogado e investigador, Mauricio Maravilla.
Se revisaron los considerandos de los decretos de prórroga, en los que el gobierno establece las justificaciones para mantener la suspensión de garantías constitucionales; encontrando algunos patrones.
El primero tiene que ver con el uso de justificaciones adaptadas a la coyuntura política. "A medida que se prolonga la medida, los considerandos cambian, haciendo referencia a otros elementos como capturas masivas, el uso de nuevas tecnologías por parte de los grupos criminales y la supuesta reorganización de remanentes de las pandillas", expresó.
En decreto que vence este 5 de abril incluso se menciona el reclutamiento de menores en centros educativos, "lo que puede vincularse con la reciente reforma a la Ley Penal Juvenil y la Ley Penitenciaria que permite el internamiento de menores en centros penitenciarios para adultos", expone el análisis.
Dichas reformas fueron aprobadas por la Asamblea a mediados de febrero.
El segundo patrón es el uso de cifras de capturas "como principal métrica de éxito". En el aprobado este martes mencionó 85,500 detenidos.
"El incremento constante de capturados refuerza la narrativa de que el régimen de excepción sigue siendo necesario, aunque no se tengan datos sobre cuántas de esas detenciones han sido validadas por procesos judiciales justos", dice el informe.
El tercer patrón es la justificación con base en respaldo popular y encuestas. "Esto sugiere que la continuidad de la medida no responde solo a criterios de seguridad, sino a su valor político y electoral", añade.
En este sentido, las elecciones de 2024 se desarrollaran con derechos suspendidos, "lo que pudo haber influido en la participación ciudadana y en la narrativa del gobierno durante la campaña, que además promovió spots televisivos en los que señalaba que si la oposición ganaba más diputaciones los pandilleros saldrían de las prisiones", menciona el análisis.
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Y un cuarto patrón es la pérdida progresiva de derechos suspendidos. "Esto indica una institucionalización de la suspensión de garantías más allá del régimen de excepción, lo que refuerza la idea de que la emergencia ha sido integrada al sistema legal, a través de las reformas a las leyes secundarias, como una norma permanente", enfatiza.
Por lo que concluye que su uso sistemático y la justificación basada en capturas masivas y respaldo popular reflejan un modelo de populismo punitivo, “donde la seguridad se instrumentaliza con fines políticos y se mantiene a costa de la reducción de derechos fundamentales”.
De igual forma, la combinación de reformas penales, la reconfiguración del poder judicial y la utilización del régimen como herramienta electoral refuerzan la idea de que el país “ha entrado en una fase de justicia de excepción institucionalizada”, donde la represión es el estándar aplicado por el gobierno y que puede ser utilizado más allá de la lucha contra la delincuencia o la criminalidad.
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