La propuesta del gobierno de extender hasta 24 meses la detención provisional de personas que enfrenten procesos penales refleja una poca investigación de las autoridades y aplicar penas anticipadas, según especialistas.
David Morales, jefe del área de justicia transicional de Cristosal, indicó que la iniciativa de reforma al Código Procesal Penal demuestra que tanto la Policía Nacional Civil (PNC) como la Fiscalía General de la República (FGR) no tienen la capacidad de sustentar las acusaciones.
"Prolongar de tal manera las detenciones provisionales por años estaría evidenciando la incapacidad de la Policía y la Fiscalía para investigar, en este caso incluso los delitos comunes, que contemplan estas reformas. Es decir, un robo, un hurto podría pasar años para obtener la prueba", expresó.
Actualmente, el Código Procesal Penal dicta que la detención o internamiento provisional deberán guardar la debida proporción a la pena que se espera y en ningún caso podrán sobrepasar la pena o medida máximas previstas en la ley, ni exceder el plazo de 12 meses para los delitos menos graves y de 24 meses para los graves.
Mientras que la reforma presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a la Asamblea Legislativa quita la parte de que no podrá exceder el plazo de 12 y 24 meses y deja que "la medida no podrá exceder de la mitad de la pena máxima dispuesta para el delito más grave".
Morales agrega que esto refleja que la FGR y la PNC "son incapaces de cumplir con su obligación de debida diligencia" en la investigación.
"Sería desde esa dimensión prueba del fracaso investigativo de este modelo penal de terror que se está construyendo en El Salvador y que ahora, así como se ha hecho con el régimen, se pretende instalar en el sistema de los juicios penales ordinarios",
David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal
También consideró que el propósito de las reformas es trasladar a la jurisdicción ordinaria de lo penal "un modelo punitivista, un modelo represivo", tal como se ha hecho con el régimen de excepción, lo que buscaría convertir al sistema penal "en un sistema que imponga el terror de Estado".
La diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, coincide en demuestra falta de investigación del delito. "Estas reformas sobre la detención provisional, además de ser inconstitucionales y de vulnerar tratados internacionales, nos confirman la incapacidad de la FGR de investigar el delito, prefieren tener detenida a la gente que en realidad buscar la verdad y hacer justicia", publicó en redes sociales.
Héctor Carrillo, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), señaló que la ampliación del plazo responde a la estrategia jurídica que se implementa desde el régimen de excepción.
"El cual persigue mantener a las personas capturadas en detención mediante reformas legales y no producto de la determinación de la culpabilidad de una persona, en el marco de un proceso penal",
Héctor Carrillo, director ejecutivo de FESPAD
Indicó que se relaciona con las "debilidades" de la FGR, que tiene 1,380 fiscales y se ve sobrecargada con las miles de capturas entre 2021 y 2023.
"Ampliar la temporalidad de la medida cautelar de la prisión preventiva es desproporcional, inconstitucional y violenta la CADH (Convención Americana sobre Derechos Humanos), situación peligrosa para todos los ciudadanos", comentó también la abogada, Marcela Galeas.
Desproporcionalidad
La propuesta de reforma al Código Penal pide aumentar las penas de prisión para delitos comunes, con 20 años para el robo y hasta 30 años para el robo agravado, una pena mayor que la establecida para el homicidio simple, que es de 15 a 20 años de cárcel.
Mientras que el delito de hurto se sancionaría con un máximo de ocho años de cárcel y hasta 15 años en casos de hurto agravado.
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"Violentan principios básicos como el de la proporcionalidad de las penas y la obligación estatal de juzgar a las personas en un plazo razonable", dijo Morales.
Al prolongar la etapa instrucción hasta la mitad de la pena, se tendrían detenciones provisionales que pueden durar cinco, seis y hasta diez años, lo que constituye "un absurdo jurídico", agregó.
Por delitos comunes las personas imputadas podrían pasar varios años en espera que se declare su culpabilidad o inocencia, lo que sería la institucionalización de la figura de "penas anticipadas".
Carrillo indicó que 20 años de prisión por el delito de robo resultaría desproporcional al bien jurídico afectado y otros tipos penales que tienen penas similares por afectaciones más relevantes. Destacó que las constantes reformas en materia penal reflejan las debilidades de las medidas en seguridad, sobre todo en la prevención.
"A pesar de los esfuerzos que se vienen realizando, no se ha logrado parar el cometimiento de hechos delictivos y esto es difícil pensar que se pueda lograr con el solo incremento de las penas para diversos hechos delictivos", dijo.
Insta al Estado a reforzar las estrategias en prevención de violencia, con acciones de acceso a educación, al trabajo, la vivienda y la salud.