Entre las principales funciones que por ley le competen al Procurador General de la República están el brindar ayuda legal a personas de escasos recursos económicos y representarlos en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales, entre otras.
Es así que al nuevo titular de esa entidad que sea electo por la Asamblea a partir del 2 de mayo del presente año, le tocará resolver más de 3,000 procesos de asistencia legal que han llegado a esa institución a raíz de las capturas que ha realizado la Policía y el Ejército tras la implementación del estado de excepción el pasado 27 de marzo de 2022.
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El último dato actualizado de la Unidad de Defensa Pública Penal de la Procuraduría reporta que desde el 27 de marzo hasta el 1 de abril han proporcionado 3,097 asistencias legales en todo el país, pero aún falta por ver los casos que se registren en lo que resta hasta el 27 de mayo que vence el primer periodo del estado de excepción, ya que varios diputados oficialistas han dejado claro que existe la posibilidad de alargarlo por otros 30 días más. De hecho, el decreto aprobado así lo estipula también.
¿Sobre quién recaerá esa responsabilidad? Es una cuestión que está por verse. A la fecha, los diputados de la comisión política de la Asamblea ya culminaron con las rondas de entrevistas a los 18 candidatos a la PGR que presentaron sus atestados en el Órgano Legislativo para ser evaluados para el cargo.
Algunos de los aspirantes que tendrán la función de auxiliar a los afectados por detenciones dentro del marco del Régimen de Excepción que fueron entrevistados el 29 de marzo tuvieron que someterse a una evaluación por parte de los diputados de la Comisión Política sobre su postura en cuanto a dicha medida. De los 7 candidatos que llegaron ese día, cuatro de ellos dijeron que era acertada.
Entre sus respuestas hubo frases de que se deben respetar los decretos legislativos; otros felicitaron a los parlamentarios por la decisión tomada, el único que más o menos puso un poco de reparo fue el ex presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Federico Guerrero, quien a pesar de mostrarse a favor, expuso que no inhibe el derecho del ciudadano al hábeas corpus.
Ese día los entrevistados fueron Óscar Alessandri Luna Medina, Sonia Maritza Sales Rivera, quien se mostró a favor de ampliar por más tiempo el régimen de excepción; el expresidente del RNPN, Federico Guerrero, Raquel Caballero, ex procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Aída Verónica Lozano, René Gustavo Escobar Álvarez, quien es asistente de la Sala de lo Constitucional “impuesta” el 1 de mayo de 2021 y además director propietario de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET); y Yolanda Delmy Urrutia Vega, jueza de paz de Verapaz, en San Vicente.
En el resto de profesionales que aspiran a ser electos en el cargo se encuentran ex funcionarios y funcionarios del gobierno actual, así como empleados, entre ellos, Nelson Alexander Yanes Iraheta, quien ha sido asesor jurídico del Viceministerio de Salud; Carol Beatriz Murcia Carrillo, inspectora General de Seguridad Pública y Roberto Eduardo Calderón Barahona, gerente legal del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), según información oficial actualizada hasta marzo de 2022.
En total eran 20 los aspirantes, pero dos de ellos declinaron. Uno de ellos es el abogado German Banacek Álvarez Oviedo, quien hasta enero de 2022 era secretario general administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero una publicación del periódico El País de San Pedro Sula, en Honduras, del 8 de febrero de 2022, revela que el presidente Nayib Bukele lo designó embajador extraordinario y plenipotenciario de El Salvador en Honduras, luego de que la presidenta Xiomara Castro asumiera el poder en ese país vecino. El otro abogado que desistió del proceso de elección es Mauricio Alarcón Jovel.
La Asamblea tiene previsto elegir al nuevo funcionario en la plenaria del 26 de abril, para el periodo 2022-2025. En esa plenaria también se espera que sea electo el nuevo presidente(a) del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).