Un grupo de personas miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción se reunió ayer enfrente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos en el barrio San Miguelito, en San Salvador, para exigir la liberación de sus familiares que han sido detenidos arbitrariamente durante el régimen de excepción.
Además, aprovecharon el reciente nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa de la nueva procuradora, Raquel Caballero de Guevara, en reemplazo de Apolonio Tobar, para exponer sus denuncias y exigieron una audiencia con la nueva funcionaria.
Una comisión de siete personas logró su petición y se reunieron con la nueva procuradora. En la cuenta oficial de Twitter de la PDDH se publica que efectivamente la funcionaria recibió a familiares de personas privadas de libertad agrupados en Movir, y les declaró que: “El trabajo es grande y estoy en disposición de actuar. Con mi equipo vamos a revisar los expedientes para determinar cómo podemos intervenir y con qué instituciones debemos coordinar”.
Fue su primer contacto con la población desde la reelección y reiteró su compromiso de velar por el respeto a los derechos humanos. Los medios de comunicación intentaron gestionar estar presentes en la reunión, pero el acceso fue negado y solo se permitió ingresar unos minutos antes de la llegada de la Procuradora.
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El resto de familiares esperaron afuera de la institución por más de cuatro horas para recibir el mensaje de la procuradora. “Se ha comprometido en que si nos va a ayudar” comentó una representante de la comitiva que se reunió con Caballero.
Se les pidió que volvieran a presentar los siguientes documentos de los detenidos que ya habían entregado en la PDDH meses atrás: Antecedentes penales, constancia de trabajo, constancia de estudio, referencia de iglesias u
ONG, copia de DUI de la persona detenida y de la persona responsable del trámite; deberán entregar de nuevo estos documentos porque la administración anterior del procurador Apolonio Tobar no tomó en cuenta las decenas de denuncias de capturas arbitrarias, según dijeron.
Además, la procuradora se comprometió a verificar el cumplimiento de derechos humanos a los privados de libertad, agilizar y garantizar procesos judiciales transparentes y priorizar a privados con problemas de salud y mujeres embarazadas.
Samuel Ramírez, representante de MOVIR comentó que también se deberán de poner denuncias sobre las negligencias y atropellos que han realizado las diferentes instituciones, tales como: La Procuraduría General de la República, Centros Penales, la Fiscalía, ya que según la procuradora, se revisarán para buscar soluciones.
Miembros de Movir
Los familiares de los detenidos durante el régimen de excepción expresan sentirse cansados de “rebotar” de una institución a otra y nunca obtener una respuesta a la situación de sus parientes que ellos consideran que han sido detenidos sin justificación.
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“Esperamos que de verdad nos ayude la nueva procuradora” comentó Ana, quien busca la libertad de su hijo Dennis, quien fue detenido mientras trabajaba en un taller de cortinas metálicas. Ana carga con los documentos que demuestran la inocencia de su retoño.
“Ojalá el presidente nos diera la cara y nos explicara por qué la Policía captura a inocentes mientras que los delincuentes andan libres”, dijo.
La mayoría de familiares eran madres buscando la libertad de sus hijos o hermanos. Entre ellos comentaban que sus parientes no tienen antecedentes penales y no comprenden por qué algunos están ya más de seis meses presos.