Como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, la abogada Raquel Caballero de Guevara se pronunció la tarde de este miércoles, a través de un comunicado en redes sociales, ante el incendio ocurrido en un centro de detención de migrantes, en Ciudad Juárez, México, donde según la Secretaría de Gobernación del país norteamericano murieron 40 personas migrantes.
"Al parecer, personas migrantes habían sido detenidas, el día lunes 27 de marzo, en las calles de Ciudad Juárez por estar pidiendo dinero y no contar con documentos de trabajo. No se les brindó agua, ni alimentación y protestaron por no ser enviados a la frontera sur de México, o a otros centros para migrantes. La Fiscalía General de la República de México informó que, entre las víctimas, hay 13 hondureños, 12 venezolanos, 12 salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano; pero no especificó cuáles se encuentran entre los heridos o los fallecidos", expresó la procuradora.
Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre las 12 víctimas salvadoreñas en este siniestro, en cuanto a quiénes perdieron la vida o quiénes resultaron con lesiones graves o leves, pero sobrevivieron.
Caballero de Guevara, quien es Presidenta de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA) y Coordinadora General de la Red de Movilidad Huana de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, agregó que "lamento y me solidarizo con los familiares de las víctimas de los hechos acontecidos a personas migrantes"; al tiempo que exhibió el mal actuar por parte de autoridades del Gobierno de México.
"Estas acciones se encuentran prohibidas en diversas disposiciones de tratados internacionales, tales como el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 16 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos; el artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos y el artículo 6 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos", resumió la funcionaria.
Llamado a investigar
En su carta pública, Caballero de Guevara comentó que "como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, insto a las autoridades a realizar las coordinaciones necesarias para esclarecer los hechos e informar a la ciudadanía, así como a colaborar con las autoridades mexicanas para la repatriación de las víctimas y ejercer políticas coordinadas para desestimular la migración ilegal".
Agregó un llamado "a nuestras autoridades nacionales e internacionales involucradas a coadyuvar esfuerzos para investigar las causas que sobrevinieron a esta tragedia, haciendo énfasis en las acciones legales sobre responsabilidad de las autoridades involucradas en el siniestro, para que dicha situación no vuelva a repetirse en un futuro".
Así mismo, añadió que "en el caso particular de los sobrevivientes y de las familias de las víctimas de este lamentable hecho que pudo preverse, insto a nuestras autoridades a mantenernos vigilantes de los avances en las investigaciones sobre este y otros casos que están sucediendo, para la garantía y respeto de los derechos humanos de las personas migrantes salvadoreñas".
La procuradora destacó en el comunicado que "en el ámbito migratorio (…) se reconoce internacionalmente que los Estados tienen el derecho de controlar la entrada y permanencia de personas no nacionales en su territorio, como parte del reconocimiento de soberanía nacional. No obstante, este derecho tiene que ser ejercido en respeto de los estándares internacionales de derechos humanos y de los refugiados".
Así mismo, recordó: "se considera que, para no violar los derechos a la libertad y a la seguridad de las personas migrantes, así como para protegerla de arbitrariedades, la detención de estas personas deberá estar prevista en la ley y ser necesaria, razonable y proporcional a los objetivos que se desean alcanzar".