Seis años de cárcel fue la pena que el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador impuso a un hombre que trabajaba en el sistema penitenciario y valiéndose de ello exigió dinero a una víctima para “agilizar” la liberación un recluso.
Carlos Antonio Bonilla Fernández laboraba cocinero de un centro penal, según recoge el informe judicial, y había advertido a la víctima que, de no darle el dinero solicitado, su familiar sería enviado a otro reclusorio “en donde le haría daño”.
Bonilla contactó a la víctima el 29 de febrero de 2024 a través de WhatsApp para pedirle un pago de $2,500 y así “interceder” por el familiar de la víctima.
Finalmente, el imputado aceptó $1,500 como pago inicial. La cifra quedó acordada en una conversación a través de la aplicación que sirvió de evidencia.
El acusado sería capturado días después, el 7 de marzo de 2024, luego de que la víctima le entregó el dinero exigido en un supermercado en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro. El dinero le fue incautado en el momento.
El reporte judicial indica que la pena de seis años impuesta a Bonilla fue por el delito de concusión, que se configura cuando un funcionario, valiéndose de su cargo, exige la entrega de cuotas, beneficios patrimoniales o gratificaciones.
Esta semana el periódico digital El Faro reveló que abogados y custodios de centros penales llegaron a percibir más de $48,000 por un esquema de corrupción en el que vendieron a familiares de reclusos “servicios” como accesos a cárceles y envío de cartas.
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