Los pedidos de la Fiscalía General de la República para que se celebren procesos judiciales masivos contra miles de capturados en el marco del régimen de excepción continúan llegando a las sedes judiciales.
Ayer, la Fiscalía pidió agrupar a 3,651 personas en tribunales capitalinos, presuntamente vinculadas a varias células de la MS-13 con presencia en cuatro departamentos.
La Fiscalía detalló que 1,249 personas son señaladas de ser parte de ocho clicas (células) de la MS-13 que operaban en el departamento de La Libertad y otro 1,226 conformarían una clica denominada Fulton Locos Salvatruchos, que opera en el departamento de Chalatenango. A los procesados les imputan cargos como tráfico ilícito, posesión y tenencia, tenencia portación de armas de fuego y armas de guerra, casos especiales de lavado de dinero y hurto agravado.
Asimismo, solicitó que un juzgado antimafia procese a 919 personas que serían parte de estructuras de la MS-13 que operan en los distritos de Santa Clara y San Ildefonso, en San Vicente.
A estos les atribuyen agrupaciones ilícitas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, posesión y tenencia con fines de tráfico, extorsión agravada y homicidio agravado.
También pidió un solo proceso para 257 sospechosos de pertenecer a diferentes clicas de San Salvador y Santa Ana. Acusados por agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia con fines tráfico y portación y conducción ilegal de arma de fuego.
“Se les ha solicitado a los tribunales que se le dé cumplimiento al decreto 803, en el que se habilita a la representación fiscal a solicitar el agrupamiento de sujetos por clicas, para que sean un tribunal el que conozca el proceso por clicas específicas”, comentó una fiscal.
Entre fines de abril y mayo, amparada por el decreto 803 emitido por la Asamblea Legislativa en julio de 2023, la Fiscalía ha pedido procesar multitudinariamente a más de 14,000 personas capturadas bajo el régimen de excepción.
En la opinión del abogado Francisco Díaz Rodríguez, estas disposiciones confirman que el Estado no tiene la capacidad de procesar a cada uno de los miles de detenidos en el régimen de excepción y, además, no puede individualizar su participación en delitos, sino que los procesa “por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita”.