Luis Martínez, quien fuera fiscal general de la República entre 2012 y 2015 fue sentenciado el lunes a devolver dinero al Estado salvadoreño tras ser declarado responsable por enriquecimiento ilícito.
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro ordenó que el exfiscal reintegrara más de $71,736 y lo inhabilitó por un periodo de diez años para ocupar un cargo público.
El representante de la Fiscalía detalló que el fallo se dio con base a la declaración patrimonial que el exfuncionario presentó a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
En esa declaración se detectaron irregularidades en “pagos irregulares en deudas, tarjetas de crédito y de una diferencia negativa que surgía entre sus ingresos y gastos”, explicó el representante fiscal.
“Un fallo bastante favorable conforme a las expectativas que se tenían de parte de la representación de la Fiscalía General de la República”, añadió.
Martínez fue condenado a cinco años de cárcel diciembre de 2018 luego de que el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador lo declarara responsable de revelar audios reservados que fueron captados por el Centro de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía. El exfiscal se encontraba bajo detención desde agosto de 2016.
En agosto de 2021, tras cumplir la condena, fue enviado a arresto domiciliario debido a que aún es procesado por el caso “Corruptela”, en el que se le acusa de encabezar una red de corrupción dentro de la Fiscalía que recibía sobornos a cambio de favores en procesos judiciales.
La Fiscalía lo acusa en este caso por delitos como omisión de la investigación, lavado de dinero, peculado, falsedad documental, negociaciones ilícitas, cohecho propio y falsedad ideológica.
Uno de los señalamientos que le hacen es de haber recibido $1,4 millones parar obviar investigaciones en contra del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, asilado por la dictadura nicaragüense desde 2016.