Un total de 11,187 funcionarios de los Órganos Ejecutivo y Legislativo dejaron de declarar patrimonio en nueve años revela el estudio de Acción Ciudadana. De acuerdo a los datos del estudio, entre 2014 a 2023, la Sección de Probidad debió recibir de los servidores públicos del Órgano Ejecutivo y Legislativo un total de 63,218, pero solo recibió 52,031.
Acción Ciudadana manifestó este viernes su preocupación por la deuda de declaraciones, porque el sentido de presentarlas es detectar si el funcionario presenta indicios de enriquecimiento ilícito.
“Esa es la importancia de presentarlas en tiempo, para que la Sección de Probidad haga lo que le corresponde que es analizarlas y corroborar y ver si efectivamente existe algún indicio de enriquecimiento ilícito”, señaló la investigadora del Centro de Monitoreo institucional, Norma Orellana.
La Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos establece que dentro de los 60 días siguientes a que tomen posesión de sus cargos, los funcionarios y empleados públicos obligados, "deberán rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio". También deberán presentar declaración del estado de su patrimonio dentro de los 60 días siguientes a partir de la fecha en que cesen en el ejercicio de sus cargos. Estas declaraciones se presentarán en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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En el Órgano Ejecutivo (Presidencia, ministerios y autónomas) el número de las declaraciones de toma o cese de cargo pendientes de presentar en los últimos tres años reporta aumento. En cuanto a las de toma de cargo, en 2021 se registraron 2,125 declaraciones pendientes de presentar y en 2022 ascendió a 2,197.
Asimismo, para 2023 dicha cantidad incrementó a 2,258 declaraciones que no han sido presentadas en la última actualización de la Sección de Probidad.
El aumento entre 2021 y 2023 es de 133 declaraciones de toma, pese a que el quinquenio analizado finalizó en 2019. Es decir, a cuatro años y medio de haber culminado dicho quinquenio, la Sección de Probidad reporta un alto número de declaraciones faltantes.
“Han transcurrido más de nueve años desde que dichos funcionarios tomaron posesión y a 2024 sus declaraciones no han sido presentadas”, señala el informe.
Sobre la Asamblea Legislativa, en el trienio de 2015 a 2018, de 335 declaraciones que debieron presentarse solo 289 fueron presentadas; “a 2024 se reportan 45 declaraciones omisas y 43 corresponden a diputados suplentes”, especifica el informe.
En la legislatura 2018-2021, de 334 declaraciones que debieron presentarse, 283 fueron presentadas y 51 están pendientes, 45 de las pendientes son de diputados suplentes.
Y en la legislatura de 2021 a 2024 sobre toma de cargo, de 168 declaraciones que debieron presentarse, 155 se presentaron y 13 están pendientes. Nueve de las pendientes son de diputados suplentes.
Imposición de multas
El informe advierte la existencia de una “parálisis” en el ejercicio de la potestad sancionadora de la CSJ, pues en los dos quinquenios del Órgano Ejecutivo y las últimas tres legislaturas la cantidad de expedientes sancionatorios que se han abierto para la imposición de multas es pequeña, comparada con la cantidad de personas que incumplieron su obligación. A febrero de 2024 se reportan 780 expedientes activos.
A la fecha, Probidad reportó 780 expedientes activos para la imposición de multas por no presentar las declaraciones. Asimismo, se reportan 53 expedientes activos con indicios de enriquecimiento ilícito de los que 34 de ellos son de exdiputados.
Acción Ciudadana recordó que acorde a la Constitución de la República solo dentro de los diez años se pueden incubar los juicios por enriquecimiento ilícito y si ya ha prescrito eso ya no procedería.
“Los funcionarios que terminaron en julio de 2014 ya a estas fechas si no se había iniciado ningún procedimiento ya les prescribió a muchos, aunque la presenten (la declaración) y la Sección de Probidad analizara esos datos ya prescribió”, detalló el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.
Operatividad y eficacia de la Sección de Probidad
La competencia de esta dependencia de la CSJ consiste en recibir las declaraciones de patrimonio que presentan los funcionarios, con el fin de controlar el patrimonio de estos, realizando la clasificación y revisión de la información. Sin embargo, según considera Acción Ciudadana es “humanamente imposible” que el personal logre analizar toda la deuda con la que cuentan.
Según Acción Ciudadana, el personal asignado a Probidad no presenta mayor variación entre 2017 a 2023, pues ha oscilado entre 32-36 personas, aún así, no todas los colaboradores de dicha instancia son quienes revisan las declaraciones juradas.
Para 2014, seis colaboradores revisaron las declaraciones; el siguiente año nueve; en 2016 fueron 11, un año después incrementó a 18, para 2018 se redujo a 16 y así se mantuvo hasta 2019. En 2020 hubo 17 personas a cargo; en 2021, 22; en 2022 hubo 23 y en 2023 se redujo a 19.
“Al poder político no le ha interesado fortalecer a la Sección de Probidad, porque eso obviamente nos arrojara no sabemos cuántos casos de enriquecimiento ilícito. Se mantiene en el tiempo la lógica de tener la Sección de Probidad limitada”, dijo Escobar.
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Existen 19,075 declaraciones pendientes de analizar, las cuales representan el 36.6 % del total de declaraciones recibidas. Con la carga actual, el personal de la Sección de Probidad tiene que revisar 1,003 declaraciones cada uno, según el análisis de la organización.
Entre enero y diciembre de 2023 se recibieron 3,965 declaraciones y la Sección reporta 3,914 pendientes de revisar.
“Esto sugiere que se han revisado 51 declaraciones juradas de patrimonio que es el 1.3 % de las recibidas”, detalla el informe.
Finalmente, Acción Ciudadana lamenta que la CSJ ha dejado de informar desde el 2023 los nombres de los funcionarios y exfuncionarios públicos que no presentan sus declaraciones juradas a la Sección de Probidad.