La vulneración a derechos humanos a ciudadanos, el abuso de autoridad y las violaciones a la Constitución son algunas de las razones por las que abogados y diputados de oposición han cuestionado el régimen de excepción y han mostrado su rechazo a la prórroga de la medida aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa.
El decreto de suspensión de derechos constitucionales fue avalado inicialmente el 27 de marzo tras un alza de homicidios atribuida a las pandillas. En ese entonces, la vigencia del régimen de excepción era por 30 días, pero el pasado 24 de abril el plazo fue extendido por el mismo periodo y el 25 de mayo se prolongó por un mes más.
Desde la vigencia de la medida se mantienen suspendidos los derechos de libre asociación, inviolabilidad de las comunicaciones y defensa ante detención. Además extiende el periodo máximo de detención administrativa de 3 a 15 días.
En este periodo, organizaciones de sociedad civil han reportado denuncias por violaciones a otras garantías constitucionales que no están restringidas. Al mismo tiempo, se ha registrado cientos de capturas arbitrarias y otros abusos de poder.
Cristosal registraba hasta este jueves por la mañana 757 denuncias por vulneraciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción. En su mayoría son por detenciones arbitrarias, las cuales, según la entidad, representan el 87% de los casos que han recibido.
Estos son los principales cuestionamientos de abogados, defensores de derechos humanos y diputados de oposición:
- Para Abraham Ábrego, abogado y director de Litigio Estratégico de Cristosal, ya no existían motivos para prorrogar el régimen de excepción. En Twitter señaló algunas de las razones por las que cree que este no tenía que ser ampliado, entre estas que riñe con la Constitución y "la causa que originó" el decreto (alza de homicidios) el 27 de marzo “fue superada en los primeros 30 días”. Además cree que ampliar la medida “es dar licencia para seguir violando derechos humanos”.
- Oswaldo Feusier, abogado penalista y catedrático de la UCA, cree que desde el momento en que se logró controlar el aumento de homicidios que sucedió a finales de marzo, “el régimen de excepción perdió todo tipo de justificación, si es que en principio la tuvo”. También consideró que “su mantenimiento responde como medida paliativa de tipo político frente al evidente fracaso del Plan control Territorial”.
- La abogada Sulen Ayala afirmó que el régimen de excepción “se ha prestado para abusos” y “distraer” a los salvadoreños “de otros temas que afectan al país”, entre estos el económico, el alza en la canasta básica y proyectos pendientes como la construcción del hospital Rosales. “ Yo intuyo que estamos parados encima de un polvorín”, dijo al referirse a la extensión de la medida que ha vulnerado derechos humanos.
- José Marinero, presidente de la Fundación DTJ, consideró que el oficialismo y sus aliados no han disimulado su intención de mantener a la población en permanente Estado de emergencia, aunque ello vaya en contra de la Constitución.
Este régimen es “un verdadero estado de sitio como los tuvimos hace varias décadas y tiene vocación de permanente o, al menos, hasta las elecciones de 2024”, advirtió el abogado.
René Portillo Cuadra, diputado de ARENA, señaló que no hay causas que motiven el régimen de excepción en el país y que las reformas que se hicieron al Código Penal son mucho más drásticas.
Además, dijo que el gobierno ya tiene potestad para allanar viviendas, hacer capturas, secuestrar de bienes, etcétera. “Tiene suficientes elementos jurídicos, técnicos y financieros para enfrentar la delincuencia con legislación ordinaria”.
- Según Marleni Funes, diputada del FMLN, a pesar de que el gobierno de Nayib Bukele ha recibido $1, 150 millones para seguridad publica no ha logrado combatir la inseguridad. Dijo a diputados de Nuevas Ideas: “Hicieron según ustedes lo posible, pero no lo necesario y por eso pasaremos dos años en régimen de excepción y la delincuencia no se va a acabar porque no combaten los problemas reales que aquejan a la población”.
- Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, señaló que con el régimen de excepción “se están violentando derechos de personas inocentes” y que “la estrategia del oficialismo es decir que todos los detenidos son delincuentes”. Recordó que detenidos bajo esta medida han muerto en manos del Estado.
“Las decisiones hipócritas, una vez más, las ponen los gobernantes, pero la sangre la pone el pueblo. Ustedes saben todo eso, ¿cómo pueden dormir en las noches?”, cuestionó Ortiz a sus colegas de Nuevas Ideas.
- Johnny Wright Sol, diputado de Nuestro Tiempo, lamentó los excesos de fuerza en el marco del régimen de excepción, por lo que votó en contra de una prórroga.
“Esa decisión de no acompañar está justificada en los claros abusos que hemos visto de parte del gobierno con detenciones arbitrarias, las condiciones en que estas personas han sido detenidas y que realmente esto no resuelve el problema de raíz”, apuntó Wright.