El Presupuesto General del Estado (PGE) de 2025 es de $9,662,997,142 y de dicho monto apenas el 7 % fue destinado para las operaciones de las instituciones de control gubernamental, lo que representa que hubo reducción y por lo tanto desafíos en la operatividad, según informe de Acción Ciudadana.
El informe “Asignación presupuestaria a las instituciones de control, 2025” estudió el presupuesto asignado a Órgano Judicial (OJ), la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
Las anteriores recibieron un total de $680,818,339 lo que representa una disminución alrededor de $594,303,030 millones respecto de 2024, indica el informe, “impactando a las instituciones de control”.
Norma Orellana, coordinadora del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana, explicó que un hallazgo importante es que de los $680,818,339 millones destinados a los entes de control, el 72,31% ($492,325,380 millones) es del Órgano Judicial.
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Le sigue con el 13.01 % la FGR, la CCR con 7.41 %, la PGR con 5.05 %, la PDDH con 1.58 %, el TEG con 0.35 % y el IAIP con solamente 0.28 %.
Para Orellana, otro de los hallazgos importantes es que, hay otras instituciones del gobierno con presupuestos altos como los ministerios de Obras Públicas con el 6 % ($724,749,632), el de Justicia, con el 5 % ($589,033,103), de Defensa con el 3 % ($314,363,162) y la Presidencia de la República con el 1 % ($139,667,868).
De las siete instituciones de control solo el presupuesto del Órgano Judicial incrementa un 11.12% en 2025. El presupuesto de la CCR coincide con el monto recibido en 2024.
Para 2014 el presupuesto del Órgano Judicial fue de $443.069.655 y este 2025 de $492.325.380; el del IAIP de $2.169.437 y hoy de $1.899.377, lo que representa una variable de -1 2,45 %.
El TEG en 2024 recibió $3.145.254 y hoy $2.399.358, es decir, que existe una variable del -23,71 %; en el caso de la PDDH fue de $12.822.142 y este año de $10.765.707, o sea, la variable es de -16,04%; la PGR recibió el año pasado $38.229.098 y hoy $34.41 1.037 (variable de -9.99 %).
La Corte de Cuentas tuvo en 2024 y en 2015 una asignación de $50.448.939 y en el caso de la Fiscalía, en 2024 recibió $142.315.472 y este año $88.568.541, por lo que representa una reducción de -37,77%.
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Distribución de presupuesto
Las siete instituciones de control tienden a destinar más fondos al rubro de remuneraciones.
En 2025, el Órgano Judicial destina el 61% para dicho rubro, la PGR el 82%, la FGR un 58%, la PDDH el 71%, la CCR el 77%, el IAIP el 65% y el TEG el 62%.
La necesidad de presupuesto sólido
Acción Ciudadana estableció que en El Salvador, el control interorgánico es ejercido por un entramado de instituciones a quienes se les confía el rol de contraloría y fiscalización, como las estudiadas en el informe.
Estas, entre otras instituciones conforman lo que algunos denominan sistema de rendición de cuentas en tanto tienen diversas facultades para ejercer el control político.
En el informe se detalla que uno de los factores determinantes para el óptimo desempeño de las funciones encomendadas a estas instituciones de control es su independencia funcional, es decir, que actúen libres de toda injerencia indebida de otros actores.
“También es indispensable que estos entes de control cuenten con independencia financiera, esto implica que la asignación de recursos sea conforme a sus necesidades para una adecuada operatividad”, destaca el informe.
En esa línea, Acción Ciudadana destaca que de los siete entes de control objeto de análisis, únicamente el Órgano Judicial goza de una asignación fija definida por mandato constitucional.
“Quiere decir que la mayoría de los entes de control, al no tener una asignación determinada, su presupuesto anual depende de la decisión política del Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa. Esto puede explicar por qué los montos asignados a estas instituciones no responden per se a sus necesidades reales, dado que pueden predominar ciertos intereses políticos tendientes a bloquear el control”, se expresa.
“Si un gobierno pretende abstraerse de todo tipo de control político, una de las principales medidas que suele adoptar es la captura de estas instituciones incidiendo en los nombramientos de sus titulares. Luego, otra forma de incidir en el desempeño de estas es la reducción de recursos”, añade la organización.
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