La principal promesa política del gobierno de Nayib Bukele de aumentar en 30% la pensión de los salvadoreños no está incluida en el Presupuesto General de la Nación del próximo año.
El plan de gastos, que fue aprobado ayer en la Asamblea Legislativa con 67 votos a favor y 12 en contra, mantiene el monto de la pensión mínima en $304.17 y no incluye el financiamiento para que llegue a $400.
El Artículo 4 del documento avalado para el gasto del Estado detalla que: “para el ejercicio financiero fiscal 2023, el monto de la pensión mínima de vejez e invalidez total será de $304.17 mensuales y la pensión mínima de invalidez parcial de $210.00”.
Este apartado sufrió un pequeño cambio solicitado por la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, únicamente para añadir al final del artículo lo siguiente: “de conformidad a lo establecido a la Ley Integral del Sistema de Pensiones”, es decir, para relacionarlo a la nueva ley. Sin embargo, el monto quedó como está en la ley vigente, de $304 y no de $400 como lo prometió el gobierno.
Esto, pese a que el monto total del gasto nacional para 2023 es de $8,902.6 millones con un financiamiento extra de $1,139.3 millones que el gobierno podrá adquirir en más deuda con préstamos o emisión de títulos valores.
Además, el monto asignado al gasto previsional solo es de $570.5 millones, “cifra que se programa en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales” (FOP), siendo que este último fue derogado esta semana por la Asamblea.
De esa cantidad total, $168.4 millones corresponden al aporte presupuestario del Estado para transferir recursos al ISSS y al INPEP, también anulado por la Asamblea hace un par de días, para la continuidad del pago de pensiones público, dice el documento del presupuesto. Mientras que otros $410.9 millones serán para financiar el pago de intereses y amortización del Fideicomiso de Obligaciones.
Lo anterior no refleja la previsión de los fondos que se requerirán para hacer efectivo el incremento del 30% que el Ejecutivo planteó a los pensionados y a los que están por jubilarse.
Todo indica que tal como lo advirtieron economistas y diputados de la oposición, el dinero para cumplirle el aumento del 30% a los salvadoreños que cotizan a las AFP y a los del sistema antiguo aún no existe.
Las diputadas de la oposición, Claudia Ortiz, de VAMOS y Anabel Belloso, del FMLN, reiteraron ayer en el pleno, que el presupuesto no contiene todos los gastos que El Salvador necesita para 2023.
Ortiz detalló algunos de los rubros que no tienen fondos suficientes. Por ejemplo, para el gas licuado hacen falta $74 millones; para los paquetes agrícolas, $43 millones, para las alcaldías la asignación que Hacienda delegó en $50 millones para sustituir en parte la falta del FODES que el gobierno les quitó, tampoco aparece.
Así como el IPSFA tiene un déficit de $5 millones, al gasto de las pensiones le faltan $40 millones y hasta para seguir ejecutando el Régimen de Excepción faltan $14 millones, advirtió Ortiz.
“No creo que vayan a disminuir esos beneficios ¿o sí los van a disminuir?”, se preguntó Ortiz.
La legisladora pronostica que el gasto de 2023 tendrá la misma suerte que el de 2022, que al final del año tendrán que hacer modificaciones para completar todos los gastos. Es más, según Ortiz, el presupuesto del presente año tuvo un incremento de $1,795 millones en comparación con 2021 y todo es a través de deuda.
De acuerdo a Ortiz, no se hizo más consulta del presupuesto al no llamar a ministerios como el de Relaciones Exteriores que tendrá un alza de 87 plazas nuevas y el Ministerio de Hacienda de 40 plazas, con un promedio de salarios cada una de $4,000 mensuales.
El dictamen aprobado ayer detalla que el gasto en remuneraciones para 2023 será de $2,480 millones.
Mientras que la diputada Belloso dijo que existe una sobrevaloración de los gastos y de los ingresos.
“Es un juego malicioso de no colocar exactamente lo que se requiere, por ejemplo, el gasto de bienes y servicios y así podríamos ir enumerando”, explicó.
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Según la diputada, la brecha presupuestaria que la Asamblea aprobó de $1,139 millones podría ser mayor.
Para el gobierno las partidas están debidamente financiadas, pues aseguran que el decreto aprobado detalla que la estimación de los ingresos tributarios es de $6,327 millones, que representan $178.8 millones adicionales a lo recaudado en 2021 y lo atribuyen a que el plan anti evasión ha logrado recoger $500 millones.
Por otro lado, la inversión pública asciende a $1,739 millones, lo que implica un aumento de $45 millones de lo programado en 2022.