Los casos de presos o perseguidos políticos ascienden a más de 150 casos en el país, aseguraron Ivania Cruz y Rudy Joya, representantes del Comité de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes), entre ellos se encuentran 10 sindicalistas, cinco ambientalistas de la comunidad Santa Marta y líderes comunitarios del Bajo Lempa.
Los abogados expusieron que la condición de preso político no se da porque una persona haya pertenecido a un partido político, haya ocupado una función estatal en el pasado o por ser oposición, sino a la situación irregular que rodea el proceso de captura y judicialización.
“No existen delitos, fabrican casos y estas personas obviamente representan un liderazgo, ya sea comunal, ya sea en medios de comunicación, periodistas, partidos políticos. Bajo esa situación sí se han incrementado desde el régimen de excepción (los presos políticos)”, manifestó Cruz.
La vocera de Cofappes expuso que el régimen de excepción ha sido utilizado como pretexto para realizar capturas, no solo de miembros de pandillas, sino también de aquellos a quienes les intentan callar su voz.
Joya agregó que según estándares internacionales un preso político es aquel o aquella persona que está defendiendo algo muy social o comunal, lo cual no es del agrado del gobierno y la única forma de callarlo es capturandolo.
“Cuando alguien está defendiendo algo muy social, muy comunal y dentro de los intereses de un gobierno en particular no les parece, entonces la única forma institucional para poder callar esas voces es a través de procesos judiciales o encerrarlos fabricando algún tipo de delitos. Eso es un preso político” manifestó.
Cofappes presentó la semana pasada un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el incumplimiento, por parte de las autoridades de Centros Penales, de una resolución judicial que ordena la libertad para el ministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde y el ex inspector general de Centros Penales, Ramón Fernando Roque Mártir, procesados por delitos relacionados a la corrupción y considerados presos políticos.
Cruz explicó que con ello están dejando en evidencia el retraso y la intención de no querer liberarlos con medidas sustitutivas a la detención, por lo que hay indicios de los delitos de desacato judicial, privación de libertad y actos arbitrarios cometidos por parte de las autoridades de Centros Penales. .
“No es posible que en este país tengamos que seguir normalizando que el incumplir y el no obedecer las leyes de la República sea algo cotidiano” agregó Cruz.
La vocera de Cofappes también se refirió a la situación de los presos políticos dentro de los centros penitenciarios, donde permanecen incomunicados tanto con sus abogados defensores, como con sus familiares.
“Lamentamos el hecho, que nosotros consideramos que es un secuestro y no una detención, porque están totalmente incomunicados", dijo Cruz.
El artículo nueve de la ley penitenciaria salvadoreña establece que todo interno tiene derecho a mantener el vínculo familiar a través de la visita y Centros Penales tiene el deber de brindar “locales adecuados y dignos” para la realización de las mismas.
Asimismo establece que las personas detenidas tienen derechos a conversar de forma privada con “su defensor, o cualquier profesional que lo asista en la atención de un problema personal o respecto a cualquier situación que afecte sus derechos”.
Cruz aseguró que como Comité mandaron un escrito a Centros Penales solicitando una explicación del por qué no se permiten las visitas y la respuesta, firmada por el director Osiris Luna, manifestaba que por la pandemia del Covid-19.
“Tener ese tipo de justificaciones a estas alturas cuando ni siquiera el Ministerio de Salud del gobierno ha emitido que no haya ningún caso de Covid (en centros penales) es un poco ilógico y contradictorio por parte de las instituciones del gobierno” señaló Cruz.
Por su parte, Joya agregó que en un estado de derecho a todos los ciudadanos que se les está acusando por un delito deben de tener un debido proceso
“Pero no hay debido proceso cuando las mismas instituciones, Policía, Fiscalía, Fuerza Armada e incluso la dirección general de Centros Penales ni siquiera permiten que los abogados de estas personas puedan defenderlos de una manera técnica y libre” declaró.
En otro caso, el pasado 14 de octubre, Cofappres denunció en redes sociales las condiciones de salud en las que se encontraba Calixto Mejía quien se encontraba en prisión, pese a que 75 días antes un juzgado había ordenado su libertad.
En las imágenes compartidas por ese Comité se observaba la deplorable condición de salud del detenido que presentaba laceraciones en todo el cuerpo causadas por psoriasis crónica.
“Pudimos ver las imágenes de Calixto Mejía en qué condiciones estaba y tuvieron que, hasta ese momento, dejarlo libre. Vemos ahí que hacen las cosas de forma antojadiza, no como la ley lo manda” enfatizó Cruz.