Representantes del Comité de de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) denunciaron la falta de cumplimiento por parte de autoridades de centros penales de la orden judicial emitida por la Cámara de la Tercera Sección del Centro que ordena el arresto domiciliar del exalcalde de Zacatecoluca y dos personas más.
Lourdes Palacios, coordinadora de Cofappes, explicó durante un plantón realizado el fin de semana frente al penal La Esperanza, que pese a la medida otorgada el 22 de noviembre de 2023 a favor del exalcalde de Zacatecoluca Francisco Salvador Hirezi Morataya, José Denis Córdova Elizondo y Jaime Gilberto Valdez Hernández, ellos siguen en prisión.
La medida de arresto domiciliario fue otorgada por la Cámara, con sede en San Vicente, en respuesta a una demanda de hábeas corpus. El exalcalde Hirezi Morataya y el ex concejal Córdova Elizondo se encuentran recluidos en el penal conocido como Mariona, mientras que Valdez Hernández está en la penitenciaría de Santa Ana.
“Ya tienen 13 meses con seis días de tener su derecho a esas medidas sustitutivas y simplemente los directores de centros penales no los dejan salir, en concreto es el director de Centros Penales, Osiris Luna, quien no acata esta resolución judicial”, manifestó Palacios.
Este 28 de diciembre estuvimos en las afueras del Penal de Mariona, para transmitir por medio de altavoces, un mensaje de solidaridad y de fortaleza a nuestros #PresosPoliticos con la fe que en el 2025 se harán efectivas las medidas sustitutivas que tienen desde hace un año. pic.twitter.com/QtaqZ1n75R
— COFAPPES (@cofappes) December 28, 2024
En mayo de 2023, el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca condenó al exalcalde a 18 años de prisión y el exconcejal fue sentenciado a 16 años de cárcel, ambos por los delitos de negociaciones ilícitas y cohecho impropio.
Según la acusación fiscal los exfuncionarios aceptaron dádivas a cambio de otorgar compras a favor de las empresas de las personas particulares.
Mientras que Valdés Hernández, relacionado a una empresa proveedora, fue condenado a 13 años de prisión por los delitos de cohecho activo en modalidad continuada y tenencia ilegal de arma de fuego.
A pesar de las condenas impuestas, la coordinadora de Cofappes sostiene que las acusaciones de la Fiscalía de que hubo corrupción en el uso de los recursos de la alcaldía fueron desvirtuadas durante el juicio.
“Fue una acusación falsa por parte la Fiscalía (...) fueron sometidos en un proceso irregular, viciado y plagado de aspectos que ponían en duda cómo se llevó a cabo ese juicio”, indicó.
Palacios explicó que en el caso de los presos políticos han sido acusados por las autoridades por su desempeño en gobiernos municipales o por su rol como funcionarios de los gobiernos anteriores.
La defensora de derechos humanos aseguró que se trata de una fabricación de delitos porque en los tribunales se ha demostrado que no se han configurado los delitos por los que los exfuncionarios fueron acusados.
“Se ha demostrado que eso ha sido una mentira, que son falsedades, que no hay fundamentación, que no hay argumentos, la Fiscalía General de la República no está haciendo su papel”, dijo.
Por otra parte, durante una entrevista en la radio YSUCA Palacios hizo un llamado a los jueces y juezas a que cumplan con el principio de independencia.
“El estado de derecho no funciona, las leyes no funcionan (..) en el caso de los presos políticos han sido llevados mediante esa instrumentalización que se hace del sistema judicial, a eso le llamamos judicialización de la política”, agregó.