La Presidencia de la República lleva 21 meses sin actualizar la información de sus compras, a pesar de que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece la obligatoriedad de las instituciones públicas y órganos de Estado de divulgar de forma oficiosa la información de sus contrataciones y adquisiciones.
En el Portal de Transparencia de Casa Presidencial (CAPRES) la última actualización sobre las contrataciones y adquisiciones fue el 26 de septiembre de 2022, de tres órdenes de compra por medio del mercado bursátil efectuadas el 6 de julio de ese año.
Se refieren a la adquisición de equipo informático para el fortalecimiento y cobertura tecnológica de los servicios registrales del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) y de los servicios administrativos hospitalarios de los recién nacidos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Ministerio de Salud, por montos de $16,000, $1,288 y $34,861.
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La LAIP establece en su artículo 10 que los entes obligados pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán de manera oficiosa y en los términos que establezca el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 25 tipos de información, entre esa las contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas en firme, detallando en cada caso: objeto, monto, nombre y características de la contraparte; plazos de cumplimiento y ejecución del mismo; la forma en que se contrató, ya sea por medio de licitación o concurso, público o por invitación, libre gestión, contratación directa, mercado bursátil o cualquier otra regulada por la ley.
Además, en el portal de transparencia de la Presidencia tampoco está actualizada la información de los estados financieros, pues la última publicación corresponde a la ejecución presupuestaria de 2021.
En el apartado del presupuesto actual, la última información se compartió el 16 de mayo de 2022 y fue la modificación presupuestaria del 1 de febrero al 30 de abril de ese año.
Plazos de actualización
El nuevo lineamiento 1 del IAIP emitido en 2022 establece que las instituciones obligadas deberán publicar la información oficiosa vigente de forma completa y deberán actualizarla como mínimo de manera trimestral.
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El plazo es en los primeros 20 días hábiles del mes de abril para el primer trimestre, los primeros 20 días hábiles del mes de julio para el segundo trimestres, los primeros 20 días hábiles de octubre para el tercer trimestre del año y los primeros 20 días hábiles del mes de enero para el último trimestre del año anterior.
Por lo que CAPRES incumple tanto lo establecido en la LAIP como en las indicaciones emitidas por el Instituto.
Tendencia a la opacidad
Para algunas especialistas y miembros de organizaciones de sociedad civil que trabajan en el tema de transparencia, el gobierno demuestra una falta de interés en cumplir la LAIP.
"La falta de actualización de la información en el portal de CAPRES expone claramente la opacidad como política gubernamental. Si la presidencia es un referente para el resto de instituciones, el mal ejemplo marca la ruta", dijo la abogada Ruth López.
"Sin lugar a dudas la no actualización de información, no solo de adquisiciones y contrataciones, sino en general, es contrario a lo que establece la LAIP. Por parte de CAPRES y de buena parte de las instituciones públicas, es evidente la falta de interés por cumplir esta Ley y garantizar un derecho fundamental a la ciudadanía", dijo Jessica Estrada, Directora Área Transparencia de Funde
"Ese es el típico comportamiento del gobierno, no actualizar información, no entregar información que se le solicita, reservar información. Entonces, sin duda esto es parte de la forma opaca de actuar del gobierno", dijo Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.
Vigilancia ciudadana
La LAIP incluye como una infracción muy grave para las instituciones "tener la información bajo su custodia de manera desactualizada, desordenada, en violación ostensible a las medidas archivísticas establecidas en esta ley y por el Instituto".
Dicha infracción se sanciona con multa de 20 a 40 salarios mínimos, aplicable al funcionario público con facultad para tomar decisiones dentro de las atribuciones de su cargo.
Corresponde a la IAIP velar por el cumplimiento de la Ley y evaluar el desempeño de los entes obligados. En caso que el Instituto no cumpla su rol de vigilancia para que se mantenga la actualización de la información oficiosa, las especialistas consideran que la ciudadanía debe tomar una participación más activa.
"El acceso a la información es un derecho de la población, por lo tanto, ejercerlo, monitorear su estado de satisfacción y fiscalizarlo es una expresión de la participación ciudadana", expresó López.
"Lastimosamente, no contamos con otras instituciones de fiscalización y control que puedan vigilar al IAIP para cumplir su rol. Sin embargo, la ley establece claramente que el Instituto es el ente garante de la LAIP y no hay duda que ese rol no lo ha estado cumpliendo últimamente", consideró Jessica Estrada.
Coincide que desde la sociedad civil, y la ciudadanía en general, se puede ejercer contraloría social para dar seguimiento al trabajo del IAIP y de cualquier entidad pública.
"También denunciar cuando las instituciones no están cumpliendo su función, porque al final cada institución está llamada a prestar un determinado servicio a la ciudadanía, en el caso del IAIP, velar porque se garantice el derecho que todos y todas tenemos a acceder a información pública", expuso Estrada.
Evaluación
Escobar también indicó que desde la sociedad se puede señalar las deficiencias en el cumplimiento de la ley. Acción Ciudadana presentó en mayo de 2024 un informe de evaluación del cumplimiento de las instituciones públicas en la divulgación de información oficiosa, en ausencia de un informe del IAIP.
"Donde medimos que las instituciones no cumplen con la ley, en su mayoría. Eso es lo que queda, registrar y denunciar y hacer el conocimiento de la gente tal situación", añadió Escobar.
En dicho informe se establecieron porcentajes de cumplimiento en cuanto a la información exigida por ley y de los 38 entes evaluados ninguno alcanzó el 100 % de cumplimiento. En el caso de la Presidencia, su resultado fue apenas del 9 % de cumplimiento.
En el scorecard de Acción Ciudadana, de los órganos fundamentales el Órgano Judicial ocupa el puesto 12, con cumplimiento del 55 %; la Asamblea Legislativa el puesto 23, con 32 % y la Presidencia de la República en el puesto 35, de 38, con un 9 %.
De las 38 entidades evaluadas, solo 13 tienen un nivel de cumplimiento arriba del 50 %, el mismo IAIP apenas tuvo un 51%.