El Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) presentó un informe detallado sobre cómo el Estado salvadoreño ha violado reiteradamente los derechos constitucionales y derechos humanos de 25 personas residentes en la isla Espíritu Santo, en el departamento de Usulután, capturadas arbitrariamente, según la organización, desde que se decretó el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022.
Leslie Schuld, directora ejecutiva del CIS, dijo a El Diario de Hoy que entre las peticiones hechas en este informe, se encuentra el condicionamiento de la ayuda y préstamos internacionales a la liberación de personas inocentes capturadas bajo el régimen de excepción, el respeto a los derechos humanos, a la garantía de un debido proceso y la transparencia, entre otros.
A principios de ese mes, el CIS, junto a Socorro Jurídico Humanitario (SJH), presentaron sendos informes sobre la sistematizada violación de derechos humanos contra personas detenidas arbitrariamente por militares y policías en la isla Espíritu Santo y sobre casos de más de 300 personas sin vínculos con pandillas, quienes murieron en prisión donde el Estado las mantenía, tras ser arrestadas bajo el régimen de excepción.
Entre el 4 y 7 de junio, SJH y CIS sostuvieron reuniones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Departamento de Estado y el Colegio de Abogados de los Estados Unidos, representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) y con un delegado de la vicepresidenta Kamala Harris.
“Solicitamos condicionar la ayuda y préstamos internacionales en la instalación del debido proceso, respeto para condiciones de los privados de libertad bajo los principios internacionales, libertad para los inocentes, y que envíen comisiones a inspeccionar las cárceles donde están los inocentes: Mariona, Izalco, Apanteos y las bartolinas (policiales)”, detalló la directora ejecutiva de CIS.
“Todos nos recibieron con mucho interés y quedaron impactados con el nivel de violación de los derechos humanos. En la ONU nos preguntaron sobre las leyes de Nacer con Cariño y Crecer Juntos. Dijimos que las leyes están muy bien, pero el régimen está obligando a mujeres dar la luz esposadas, que mueren bebés en las prisiones, y que el régimen ha dejado miles de huérfanos, y estamos hablando de personas inocentes, no de los pandilleros”, añadió Schuld.
Enfermos y lesionados entre los capturados
El CIS ha seguido muy de cerca el caso de 25 personas residentes en la isla Espíritu Santo y que fueron arrestadas de manera arbitraria por militares y policías, y que durante el proceso judicial se les ha violentado el derecho al debido proceso, incluyendo la privación de libertad de algunos que su libertad ha sido ordenada por los jueces que llevan los casos.
Los funcionarios penitenciarios se han negado a ponerlos en libertad o no fueron notificados de que tenían carta de libertad, como sucedió con un menor de edad.
El informe entregado por CIS detalla la identidad de cada uno de los 25 habitantes de la isla, la situación jurídica en la que se encuentran y las condiciones de salud. De todos los capturados, sólo ocho han recuperado su libertad. Algunos sufrieron lesiones mientras estuvieron en detención; a otros se les agravaron las enfermedades que padecían antes de ser arrestados.
“Solicitamos condicionar la ayuda y préstamos internacionales en la instalación del debido proceso, respeto para condiciones de los privados de libertad bajo los principios internacionales, libertad para los inocentes, y que envíen comisiones a que inspeccionen las cárceles donde están los inocentes: Mariona, Izalco, Apanteos y las bartolinas (policiales)”
LESLIE SCHULD, DIRECTOR EJECUTIVA DEL CENTRO DE INTERCAMBIO Y SOLIDARIDAD (CIS)
En un caso en concreto, el de un pescador artesanal y lanchero, sufrió la fractura de la mandíbula mientras estaba en prisión. Afortunadamente, es uno de los ocho que han logrado salir de las cárceles, según indica el informe.
El informe del CIS también menciona a empleados del Estado que han sido señalados de cometer actos delictivos contra personas arrestadas bajo el régimen de excepción, ya sea mintiendo en los respectivos informes sobre las capturas, extorsionando sexualmente a mujeres aprovechando el régimen de excepción, o bien alterando documentos o falsificando estos con el fin de que las personas no sean absueltas, o al menos no obtengan el beneficio de libertad bajo medidas.
Ex fiscal y militares acusados de graves delitos, pero libres
Los nombres de tres agentes del Estado, como responsables de las violaciones de derechos humanos o responsables de delitos contra personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción, son mencionadas en el informe del CIS.
Uno de ellos es el exfiscal Earnie Israel Gómez Schonenberg, asignado a la oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) de Usulután, quien fue capturado el 9 de abril de este año, por el delito de falsedad documental agravada vía falsedad ideológica, que cometió, según la misma Fiscalía, en agosto de 2022.
El informe del CIS, del cual El Diario de Hoy tiene copia, señala que “el fiscal Schonenberg está directamente involucrado en los casos de los primeros cinco lancheros arrestados el 13 de mayo de 2022”.
El Diario de Hoy intentó obtener la versión de Gómez Schonenberg llamando a dos teléfonos en los que ofrece sus servicios como abogado y notario en Usulután, pero no respondió.
Tampoco respondió los mensajes enviados a través de sus redes sociales, en los cuales se le explicaba la razón de contactarlo.
El informe del CIS señala que “en una audiencia especial para obtener medidas sustitutivas para el lanchero Néstor Edgardo Hernández Guzmán, el fiscal Schonenberg no admitió las pruebas que había ordenado, incluida una inspección corporal para detectar tatuajes y declaraciones juradas de miembros de la comunidad y socios de negocios que atestiguan su trabajo como lanchero, padre responsable y miembro responsable de la comunidad”.
A pesar de que se logró reunir gran cantidad de pruebas de descargo a favor del lanchero, Schonenberg se negó a practicar una inspección corporal al detenido, con lo cual se desmontaría la mentira que constaba en los documentos fiscales referentes a que Hernández Guzmán tenía tatuajes alusivos a grupos de pandillas.
Hasta la fecha, Hernández Guzmán continúa en prisión, pues le fueron negadas las medidas sustitutivas.
El fiscal Gómez Schonenberg fue detenido el 9 de abril, pero menos de un mes después, un juzgado de paz de Usulután ordenó ponerlo en libertad bajo medidas.
El 4 de mayo, el abogado volvió a escribir en su cuenta de Facebook, para ofrecer sus servicios como abogado y notario, incluso en Estados Unidos, bajo el lema de “honestidad, prontitud y eficiencia”.
Otro de los agentes del Estado mencionados en el informe del CIS es el capitán de corbeta, equivalente a mayor en el Ejército y Fuerza Aérea, José Edid Cortez Henríquez, quien a la fecha cuando fueron arrestados los 25 residentes de la isla Espíritu Santo, era el jefe militar responsable directo de la zona.
“El sargento Montesinos mintió bajo juramento en el juicio del menor, José Samuel Hernández Cali, lo que llevó al joven a una condena de 10 años, pero luego fue anulado en una apelación. Seis familias de la isla lo han denunciado ante el Fiscal General por mentir bajo juramento, y está siendo investigado”
Informe PRESENTADO POR EL cis
“El capitán Cortez Henríquez fue arrestado y está siendo procesado en libertad por múltiples casos de acoso sexual a menores y mujeres, así como extorsión sexual. Múltiples afectadas lo han denunciado por exigir favores sexuales a cambio de no arrestar a los esposos”, indica el informe del CIS.
Una investigación de El Diario de Hoy recogió testimonios de mujeres que dijeron haber sido extorsionadas sexualmente por ese jefe militar a cambio de no arrestar a sus esposos bajo el régimen de excepción.
A pesar de las graves acusaciones, el sistema judicial otorgó libertad bajo medidas al oficial quien, de acuerdo con fuentes militares, continúa de alta, solo que fue trasladado de la Base de la Marina Nacional de Puerto El Triunfo, hacia otra base en el oriente salvadoreño.
Sargento señalado
El informe relaciona también al sargento de la Marina Nacional (antes Fuerza Naval) Ángel César Montesinos Flores, como quien supervisó directamente el operativo militar del 3 de julio de 2022 en la Isla El Espíritu Santo, que derivó en la detención arbitraria de 7 hombres, entre ellos un menor de edad, entre las 7 p.m. y las 10 p.m.
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“El sargento Montesinos mintió bajo juramento en el juicio del menor, José Samuel Hernández Cali, lo que llevó al joven a una condena de 10 años, pero luego fue anulado en una apelación. Seis familias de la isla lo han denunciado ante el Fiscal General por mentir bajo juramento, y está siendo investigado”, reza el informe.
A pesar de tantas denuncias y evidencias de que mintió sobre personas capturadas, Montesinos continúa en libertad, ejerciendo sus labores como suboficial de la Marina Nacional.
Un cuarto empleado del Estado está siendo investigado (supuestamente) por su relación con la detención arbitraria de un joven de la isla Espíritu Santo.
Según el informe, se trata del director de la Granja de Rehabilitación de Ilobasco, quien a sabiendas de que los magistrados de una cámara habían ordenado la libertad del joven Hernández Cali, luego de anular su sentencia de 10 años, lo mantenía en esa prisión.
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Hernández Cali fue declarado inocente y el 13 de diciembre se ordenó su inmediata libertad. No obstante, el director del mencionado recinto no lo liberó hasta el 12 de febrero de este año. “Al joven Hernández Cali nunca se le informó que había sido absuelto ni que tenía una carta de libertad; en cambio, le dijeron que lo enviarían a CECOT, la prisión para pandilleros comprobados”, puntualiza el informe.