Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, sugirió el viernes que el gobierno debería evaluar las medidas económicas que implementa en el país desde marzo pasado debido a la crisis generada por la inflación, pues a su criterio el costo de la canasta básica sigue aumentando.
Así reaccionó la diputada a la propuesta de reformas a la Ley de Protección al Consumidor que la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa ha comenzado a estudiar a petición del Ejecutivo. Dichas enmiendas pretenden ampliar las facultades a la Defensoría del Consumidor, entre estas le avalaría la creación del delegado encubierto, el allanamiento de negocios mediante la orden de un juez de lo Contencioso Administrativo, así como regularía las propinas, parqueos y tarjetas de regalo.
Ortiz cuestionó que pese a que en el marco de las acciones para paliar el alza de precios en los productos de primera necesidad la Asamblea también otorgó "atribuciones a la Defensoría del Consumidor para hacer una vigilancia más efectiva y más cercana" para evitar los incrementos, esto no ha sucedido.
"Lo que estamos viendo después de un par de meses es que los precios no han bajado, estos siguen aumentando, por lo tanto el Ejecutivo y el ramo de Economía deben revisar realmente la efectividad o no de las medidas tomadas y analizar si es necesario adaptarlas" y después evaluar el rol de la Defensoría del Consumidor, dijo a periodistas.
La legisladora cree que la Comisión de Economía debería, además, solicitar un informe a la Defensoría en la que esta exponga el trabajo realizado en el contexto de las medidas económicas antes de tomar una decisión para otorgarle más facultades.
En torno al allanamiento propuesto en las modificaciones, Anabel Belloso, diputada del FMLN, externó "los temores" que giran sobre ese aspecto "por antecedentes de parte del gobierno actual y de sus instituciones donde se hace un uso abusivo en muchas ocasiones de las instituciones y de las mismas leyes que están vigentes en nuestro país y que podría generar ciertas situaciones".
No obstante, explicó que "es un mecanismo que ya está habilitado para otras instancias como la Superintendencia de Competencia y que debe de ir amparada por la decisión de un juez y que no debería a prestarse a una medida discrecional".