El financiamiento sin controles que los partidos políticos podrán tener con el Bitcoin, así como la oscuridad que mantienen sobre sus cuentas y su resistencia a revelarlas, son dos de los aspectos que la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) destaca en su reciente informe sobre el cumplimiento de El Salvador del Convenio contra la Corrupción.
La opacidad con la que trabajan los partidos políticos cuando organizaciones sociales les han solicitado reportes de sus estados de cuenta, sobre sus donantes y el dinero utilizado para sus campañas electorales, hace que Funde lo defina como una “preocupación bastante fuerte”. El año pasado, también Acción Ciudadana, lo definió como un tema “muy grave”.
Para Funde, no es solo el hecho de que los partidos reciban dinero de fuentes desconocidas, cuyos ingresos pueden provenir del “terrorismo”, o incluso, desviar fondos públicos para financiarse o que obtengan recursos de gobiernos extranjeros, sino también que hay cierta permisibilidad en la Ley de Partidos Políticos y en el Código Electoral, que les facilita a los dirigentes partidarios argumentar que no pueden revelar los nombres de sus financistas.
En el artículo 27 de la Ley de Partidos Políticos se establece que “éstos no podrán difundir, distribuir o comercializar información que contenga o pueda evidenciar datos personales sensibles, contenidos en los sistemas de información administrados, salvo que haya mediado el consentimiento expreso y libre, por escrito o por un medio equivalente, de los individuos a que haga referencia la información”.
Esto es un poco contradictorio, pues la misma Ley de Partidos Políticos prevé como “sanción grave los incumplimientos de dicha normativa en materia de transparencia y acceso a la información”.
Por lo tanto, Funde plantea la urgente necesidad de hacer reformas a la Ley de Partidos Políticos y al Código Electoral. “Para que exista transparencia sobre el financiamiento de la política con criptoactivos, es necesario realizar reformas a leyes como el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos, a fin de lograr la divulgación de listados de donantes mediante este tipo de moneda. Además, los partidos políticos deben estar en capacidad de adquirir la tecnología adecuada para manejar donaciones por medio de criptomonedas”, señala Funde en su informe.
Entre algunas de las deficiencias que Funde señala, es que los partidos, si bien están obligados en el artículo 24-A de la Ley de Partidos Políticos a facilitar los nombres de las personas naturales y jurídicas que realizan aportaciones a sus institutos políticos y el monto de lo donado, debe mediar una autorización expresa de los donantes.
Funde cuestiona que no se regula el supuesto de donantes internacionales, ya sea persona natural o jurídica, únicamente se prohibe recibir contribuciones de gobiernos extranjeros.
En cuanto al Tribunal Supremo Electoral (TSE), Funde manifiesta que no cuenta con una unidad o dependencia especializada sobre la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, donde puedan reportar la información a la que están obligados a generar.
Tampoco han puesto a disposición de la población la información financiera de los partidos, específicamente los listados de donantes y los estados financieros; sin embargo, esta información se encuentra incompleta y desfasada, ya que de acuerdo a Funde solo hay datos de 2014 y 2015.
¿Qué dice Acción Ciudadana?
A mediados del año pasado, Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, explicó que el uso de criptoactivos para financiar campañas políticas genera una nueva evasión de controles, pues la Ley de Partidos Políticos, obliga únicamente a los institutos partidarios, pero no menciona nada de los candidatos.
Y efectivamente, el artículo 64 de esta legislación establece que “las contribuciones privadas sólo pueden acreditarse a favor de los partidos políticos”, es por eso que los candidatos no rinden cuentas sobre el dinero empleado en su campaña.
Con esfuerzo propio Acción Ciudadana ha logrado analizar algunos parámetros de como los partidos manejan sus financiamientos de terceros, pero no todos los partidos han sido abiertos a brindar esa información. Un estudio reciente de esta organización reveló que cinco de los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa recibieron, entre 2014 y 2015, al menos $22.5 millones de financiamiento, pero a la fecha se desconocen los detalles del origen, el destino y el uso que dieron los partidos a los fondos obtenidos en esas dos contiendas electorales.
Por ejemplo, según el informe de Funde, el partido oficialista Nuevas Ideas y el FMLN son algunos de los que se resisten a informar sobre las cantidades de dinero recibidas para sus campañas o para su sostenimiento administrativo.
¿Por qué preocupa la opacidad?
El año pasado, Carlos Palomo, técnico de la “Iniciativa Votante”, enfatizó en ese entonces, sobre la importancia de una normativa que fiscalice las donaciones a los políticos. Además, expuso que el uso de criptoactivos en la campaña deriva en posibilidades de financiamiento irregular o proveniente de actividades de lavado de dinero.
“De no implementarse adecuadamente controles para identificar a los donantes, el origen de los fondos y el uso que se le pueda dar a estos ingresos, se puede tener una contienda muy desigual o correr el riesgo de que se elijan candidatos que respondan a interés de financistas involucrados en actividades ilícitas”, advirtió.
En junio del año pasado, El Diario de Hoy entrevistó a James Humberstone, investigador del Centro de Modelaje Matemático de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), quien indicó que al utilizar criptomonedas se prevé en la tecnología “guardar el anonimato”. Asimismo, manifestó que “se puede prestar para lo que se quiera si se utiliza mal”.
“El financiamiento por medio de criptoactivos carece de control de una entidad que pueda fiscalizar porque el chiste de la tecnología blockchaine es que tengan confianza ambas partes sin que haya un intermediario”, expuso.
Al preguntarle si con el uso de activos digitales se corre el riesgo de que se financien campañas desde actividades ilícitas, él respondió: “se puede prestar para eso”.
Por su parte, Mario Gómez, tecnólogo y desarrollador de software, sostuvo que para que se permita el financiamiento de campañas mediante criptoactivos se requiere “un tratamiento más exhaustivo” de parte de las autoridades del TSE.
Explicó que en un caso normal, con dinero en efectivo o donaciones de donantes particulares se puede llevar una contabilidad o auditoria, pero “en el caso de cripto se necesita realmente de gente especializada que pueda verificar no solo la parte contable, sino la parte de criptoactivos y ver si realmente se puede trazar el origen de estos, a algún ilícito conocido o si hay movimientos sospechosos”.
A su juicio, el problema fundamental y que empeora este escenario es que siempre el reporte en las donaciones ha sido una responsabilidad propia de los partidos y esto (uso del bitcoin) dificulta más. Además, consideró que “el TSE tampoco es que ha sido una figura demasiado fuerte en obligar a los partidos a ser completamente transparentes respecto a sus donaciones”.
En ese sentido, enfatizó en la importancia de que el Tribunal Electoral tenga las fortalezas que se requiere para monitorear los financiamientos. “Sino lo hace tan eficiente en una situación normal, uno no se puede imaginar lo que puede pasar con el caso de criptoactivos”, opinó Gómez.