Ana Ruth, Verónica Patricia y Norma Elizabeth, de 61, 58 y años, respectivamente, las tres hermanas entre sí, llevaban varias décadas vendiendo frutas y verduras al por mayor y al detalle en el mercado central de Santa Tecla y nunca habían tenido problemas que las llevaran a la cárcel, según afirman familiares, lo cual es reforzado con las solvencias de policías y antecedentes penales de cada una de ellas.
Pero desde el 22 de junio de 2023, poco más de 16 meses, las tres están encarceladas y procesadas judicialmente por el delito de agrupaciones ilícitas, esto es, pertenecer a grupos de pandillas.
Pero tales acusaciones son objetadas por familiares, quienes han denunciado que todo se debe a una especie de venganza de un agente policial quien supuestamente tenía pretensiones sexuales hacia Norma Elízabeth y, al verse rechazado, comenzó a amenazarlas y acosarlas en su lugar de trabajo. El 23 de junio de 2023 materializó sus amenazas y las capturó, aunque, según fuentes vinculadas a la investigación, en los documentos policiales no aparece su nombre como parte de los agentes captores.
Meses después de que las hermanas Ana Ruth López, Verónica Patricia López y Norma Elizabeth Hernández fueran arrestadas, Maritza Mejía Orellana, cuñada de las tres, se atrevió a denunciar el caso, señalando que sus arrestos no eran por ser pandilleras sino por resentimientos de un policía a quien Norma Elizabeth rechazó invitaciones.
Tras esa denuncia, el agente policial comenzó una serie de acosos y amenazas contra Maritza hasta que el 23 de abril de 2024 fue capturada por el delito de agrupaciones ilícitas y, aparentemente, otros delitos cometidos como parte de su supuesto rol dentro de la Mara Salvatrucha (MS-13), de la clica Teclas Locos Salvatruchos.
Esto también es negado por familiares y también por la organización de defensa de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario (SJH), quien el pasado 30 de octubre informó que el caso de Maritza ha sido denunciado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) debidamente respaldado con documentos.
En un tuit publicado por el SJH se menciona el nombre del agente policial señalado de participar directamente en los arrestos de las tres hermanas y la cuñada de estas. En la publicación lo mencionan como Héctor Antonio Gamero Sánchez, de 46 años, asignado a la Delegación de Santa Tecla.
La versión del policía señalado
El Diario de Hoy consultó la versión de Gamero Sánchez, quien negó haber participado en la captura de las cuatro comerciantes de frutas y verduras, como también negó que pretendiera sexualmente a una de ellas y que al ser rechazado se vengó con el arresto.
El agente policial, no obstante, admitió que fue denunciado por la captura de las tres hermanas, pero aseguró que tanto tanto la Inspectoría de la Policía Nacional Civil (PNC), como Asuntos Internos lo habían investigado y que “no hubo los tres doritos después” porque no son ciertos los señalamientos contra él.
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A pesar de que existen fotografías que supuestamente muestran al agente policial a corta distancia de los puestos de verduras de las tres hermanas detenidas, Gamero Sánchez negó que se tratara de un acoso o amenaza, como lo aseguran las denuncias en su contra. Agregó que él, por ser un agente de seguridad pública, es la cara más visible pero que tras los arrestos había un trabajo realizado por investigadores desde hacía aproximadamente un año para determinar que las arrestadas eran testaferro de pandilleros.
Por el contrario, fuentes cercanas al caso aseguran que luego de que Norma Elizabeth rechazara las invitaciones a salir del policía, este comenzó a amenazarlas con que las capturaría y confinaría en Apanteos. Aseguran que constantemente les decía que él “tendría el orgullo de meterlas presas”.
Aquel 22 de junio de 2023, aproximadamente a las 7:00 a.m. cuando las tres hermanas ya se encontraban en sus puestos de venta, Gamero Sánchez y otros policías llegaron y sin más palabras les ordenó que se subieran a la patrulla. Cuando Verónica lo cuestionó sobre la razón de la captura, Gamero reiteró: “súbanse”, y las trasladó a la delegación de La Libertad Sur, donde les tomaron fotos; posteriormente las trasladaron a la subdelegación de Santa Tecla, donde les “fabricaron” las fichas como pandilleras.
330
personas capturadas arbitrariamente bajo el régimen de excepción, en vigencia desde el 27 de marzo de 2022, han muerto mientras estaban encarceladas, bajo la custodia del Estado; dieciocho eran mujeres, según datos de la organización Socorro Juridico Humanitario.
Las cuatro comerciantes están encarceladas en el penal de Apanteos, ciudad de Santa Ana, una cárcel habilitada sólo para mujeres, sin que sus familiares sepan realmente cuáles son las condiciones de salud en que se encuentran, pues sólo les llevan el paquete sin tener certeza de que lo reciben.
Y aunque la familia se ha afanado en lograr que sean puestas en libertad, en dos audiencias especiales de revisión de medidas (junio de 2023 y julio de 2024) se les ha negado tal beneficio. Entre los argumentos sobresale el arraigo laboral en el sentido que el juzgado no tiene certeza de que realmente se dediquen al rubro de la venta de frutas y verduras en el mercado central de Santa Tecla, a pesar de que han mostrado documentación en la que consta el pago de impuestos a la alcaldía de Santa Tecla, así como declaraciones juradas de personas que afirman conocerlas y dan fe que son comerciantes.
Las cuatro mujeres capturadas son muy reconocidas en el mercado central de Santa Tecla, ya que tienen muchos años de dedicarse a la venta de frutas y verduras, dos de ellas, al por mayor. De acuerdo con familiares, Verónica Patricia comenzó a vender en el referido mercado desde 1985, Norma Elizabeth, desde 1980, Ana Ruth lo hacía desde el 2005 y Maritza desde 1990.
Los hijos de Ana Ruth son profesionales, uno es ingeniero en biomédica, trabajando en una multinacional fuera de El Salvador, en tanto que el otro es ingeniero en telecomunicaciones.
Las otras dos hermanas también dieron estudios universitarios a sus hijos con el trabajo que realizaban en el mercado. Y en el caso de Maritza, sus hijos han tenido que abandonar sus estudios, dos de ellos ya en la universidad, ante la imposibilidad de poder pagarlos, debido a que luego de que las tres hermanas fueran arrestadas, la alcaldía de Santa Tecla ya no les permitió continuar con el negocio a pesar de estar al día con sus impuestos, es decir, les quitaron los puestos, afirmaron familiares de las comerciantes.
Contentas porque ya no pagaban “renta”
Antes de la implementación del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, los grupos de pandillas obligaban a todos los vendedores del mercado central de Santa Tecla, a pagarles “renta”. De acuerdo con fuentes policiales, quienes se lucraban directamente era la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS) cuyo máximo cabecilla era Saúl Antonio Turcios Ángel, alias Trece, quien fue asesinado en circunstancias poco claras mientras estaba recluido en una celda en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido como Zacatraz.
Las cuatro comerciantes no se escapaban de pagar la extorsión a las pandillas. Una de ellas, Verónica Patricia, pagaba entre $1,000 y $1,500 mensuales. Por eso, cuando fue implementado el régimen de excepción y las pandillas dejaron de exigir la extorsión, ella fue una de las que alabó la medida implementada por Nayib Bukele, pues ya no tenía que entregarles el dinero a los pandilleros.
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Sin embargo, esa alegría le duró tan solo poco más de un año; sus familiares afirman que jamás se imaginó que ella y tres familiares más serían víctimas de lo que meses atrás alababan.
Diversas fuentes policiales que conocen bien el problema de pago de extorsiones a que eran sometidos miles de personas en El Salvador por parte de grupos de pandillas, aseguran que en el mercado central de Santa Tecla había comerciantes que entregaban hasta $5,000 mensuales, además de otras cuotas que eran exigidas como aguinaldo en diciembre o pagos extras en períodos feriados.
Las fuentes afirman que las víctimas de extorsión eran obligados a reunirse en determinados lugares y que era el mismo Trece, es decir, Turcios Ángel, quien a través de llamadas telefónicas enlazadas con los pandilleros que obligaban a asistir a las reuniones, dictaba los montos que debería entregar cada comerciante, de acuerdo al rubro y cuantía de su negocio.
Fuentes cercanas a la “investigación” en la que se ha montado el proceso contra las cuatro comerciantes consideran ilógico que a ellas que fueron víctimas de extorsión ahora se les esté acusando de colaborar con esos grupos a los que por años entregaron, obligadamente, parte del fruto de su trabajo.
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